El gobierno de Porfirio Lobo decidió inscribir 654,000 hectáreas a nombre de 128 comunidades indígenas de la Mosquitia una semana antes de iniciar una consulta para efectuar exploraciones petroleras en la zona. Se trata de un “acto formal de entrega” manifestó Reynaldo Vega, apoderado del Instituto Nacional Agrario (INA).
La legalización de las tierras para los indígenas miskitos es un compromiso que data de 1859, cuando la corona británica entregó a Honduras las tierras de la Mosquitia, que abarcan todo lo que hoy es el departamento Gracias a Dios, en el litoral Caribe.
Entonces el gobierno de Tegucigalpa asumió el compromiso de devolverlas a sus dueños originarios, los indígenas misquitos.
“La idea de otorgarles los títulos es que (los misquitos) ejerzan más soberanía, los títulos son indivisibles, imprescriptibles, inembargables e innegociables”, o sea que pertenecen a las comunidades, no a personas, precisó Vega. Los beneficiarios son 4,173 familias compuestas por 21,851 habitantes, precisó el funcionario.
“¡Qué coincidencia!, se otorgan los títulos cuando se va a hacer la consulta al pueblo misquito sobre las exploraciones petroleras con la compañía inglesa British Gas Grup”, comentó a la agencia France Press Bertha Cáceres, dirigente del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Habría que ver si eso no está condicionado a la petrolera y a que se instalen las bases estadounidenses contra el narcotráfico” en esa zona, señaló.
En la zona existe una fuerte presencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), considerada un paraíso para los carteles mexicanos y colombianos que transportan cocaína desde sudamérica hacia Estados Unidos.
De otro lado, la empresa BG International Limited obtuvo un convenio para efectuar exploración petrolera en la zona de la Mosquitia.
Autoridades hondureñas anunciaron que a partir del 18 de setiembre se tenía previsto iniciar un procedimiento de consulta al pueblo misquito sobre la referida actividad hidrocarburífera.
Reynaldo Vega, del Instituto Nacional Agrario, también descartó que los títulos estén condicionados a que la comunidad acepte la presencia militar estadounidense.