El consejo decidió, con el objeto de desarrollar el principio de acuerdo, “iniciar en breve plazo conversaciones entre sus equipos y los del Gobierno argentino, a fin de buscar una solución justa, eficaz y pronta a la controversia”. El proceso, según el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), “deberá atender a las exigencias que plantea la complejidad propia de un asunto tan relevante y responder a los términos y garantías apropiados para asegurar su eficacia”. A tal fin, el consejo acordó la contratación de Deutsche Bank como banco de inversión para apoyar al equipo de Repsol y “facilitar una conducción profesional del proceso”.
El acuerdo, del que la petrolera aún no ha facilitado públicamente los detalles, consiste en una compensación de 5.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros) que se satisfarán mediante la entrega de un bono argentino a 10 años amortizable en seis cuotas a partir del quinto año que Repsol puede vender antes de acabar el plazo. El grupo, por mandato de su consejo, se cuidó mucho de no aceptar parte del pago en terrenos del yacimiento de Vaca Muerta porque no quiere hacer ninguna nueva inversión.
Argentina ofrece a Repsol bonos a 10 años al 8,5% de interés
En principio, el tipo de interés de los bonos es del 8,5%, pero esos detalles son los que Repsol pretende concretar en la negociación del acuerdo final, para ver si el valor de esos activos se corresponde con la valoración de la indemnización, algo en lo que jugará un papel relevante el asesoramiento de Deutsche Bank. Los bonos argentinos cotizan en los mercados con un fuerte descuento y eso puede provocar que parte de la indemnización se quede por el camino si Repsol decide venderlos tras recibirlos. Queda así por determinar la forma definitiva de pago, las garantías de cobro y las legales. Todo ello debe formalizarse en un complejo contrato y requiere la aprobación de una nueva ley por Argentina.
El consejo expresó la necesidad de tener bien aseguradas las garantías de que se va a cobrar. En ese sentido, señalaron que no es lo mismo hacer una emisión destinada solo a Repsol que averios inversores institucionales, pues ven más riesgo de impago si el único acreedor de los bonos es la petrolera.
Pemex señaló a través de un comunicado que “confía en una actuación responsable de la actual administración de Repsol para formalizar a la brevedad dicho acuerdo, lo que redundaría en beneficio de la compañía y de todos sus accionistas, evitando a la empresa un largo y complejo proceso de resultado incierto”.
El cierre del acuerdo supondrá también la retirada de todas las acciones legales interpuestas por Repsol contra el Estado argentino para tratar de lograr una indemnización.
El consejo se celebró con la ausencia de Isidro Fainé, vicepresidente de la petrolera en representación de CaixaBank. Fainé delegó su voto en el presidente Brufau. Normalmente, suele delegar en el vicepresidente de CaixaBank, Juan María Nin, también consejero de la petrolera por lo que esa decisión se interpretó como un gesto de respaldo a Brufau. Fainé salió este miércoles hacia Hong Kong tras un día en España a su vuelta de Buenos Aires. Fuentes del entorno de la entidad consideran que su ausencia está lo suficientemente justificada, toda vez que fue uno de los que participó en el pacto de Buenos Aires y su postura, por tanto, ya estaba clara a favor del preacuerdo.
Teniendo en cuenta que Brufau no asistió a esa negociación y que Fainé fue el único consejero que estuvo en la misma, fue el director general de Repsol, Nemesio Fernández-Cuesta, quien se encargó de explicar al Consejo de Administración los extremos del acuerdo, pues él también participó en las reuniones que dieron lugar al preacuerdo.
El grupo contrata los servicios de Deutsche Bank como asesor
En el pacto, firmado en Buenos Aires por el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof; el ministro de Industria español, José Manuel Soria, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya, también participaron Isidro Fainé, presidente de CaixaBank (propietario del 12% de Repsol), y los directivos de la petrolera española Luis Cañas y Miguel Klingerberg, además de Fernández-Cuesta.
Ayer, el ministro Soria manifestó al respecto que “todo lo que sea quitar obstáculos para que haya un acuerdo es bueno”. Soria recordó que el principio de acuerdo se ha adoptado gracias a la actuación de los gobiernos de México, Argentina y España. “A partir de ahí tiene que ser el Gobierno de Argentina y Repsol quienes lleguen a un acuerdo y a los detalles concretos”, incidió Soria. Para el ministro, Argentina “es un país amigo y tenemos mucho interés en que este principio de acuerdo pueda cuajar en un acuerdo definitivo entre las partes”.
Fernández-Cuesta expuso al consejo las condiciones del preacuerdo
También hizo declaraciones el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Industria y Emprendimiento, Antonio Tajani, de paso por Madrid, manifestó que la UE “espera que la situación se resuelva con una solución positiva”. Tajani, declaró que una solución “puede ayudar a la internacionalización de las empresas”. “La situación de Repsol no gustó en Argentina y no gustó a la UE”, agregó, y por ello indicó que la Comisión Europea trabaja para contribuir a resolver la situación.
Más allá del conflicto entre YPF y Repsol, Argentina y España mantienen un frente abierto por la decisión de Madrid de excluir a las empresas argentinas del mercado español de biodiésel. La medida generó una dura queja del Gobierno argentino, pero no parece que sea sencillo levantarla ya que, según las autoridades españolas, está sujeta a una decisión de la UE que afecta a varios países, entre ellos Argentina. Las restricciones de España al biodiésel argentino provocaron una caída del 70% en las ventas. España, que importaba de Argentina biodiésel por valor de 800 millones de dólares, es el principal mercado de biodiésel en Europa.
La empresa dará un dividendo de 0,5 euros en efectivo o acciones
El consejo también aprobó una retribución a los accionistas en el marco del programa Repsol Dividendo Flexible y en sustitución del tradicional dividendo a cuenta de 2013, equivalente a 0,50 euros brutos por acción, bajo la fórmula del scrip dividend o dividendo a elegir en efectivo o en acciones.
EN EL PAÍS
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