El gobierno nacional planea sancionar una nueva ley de hidrocarburos específica para petróleo y gas no convencional que contemplará fuertes recortes a las ganancias que podrían conseguir las provincias hoy, si tuviesen el dinero o los inversores suficientes como para –literalmente- “quitarle el petróleo a las piedras” a mucha profundidad. Esta ley-marco de sólo seis puntos contempla principios generales tras los que hay recortes a las regalías, pago de impuestos provinciales y nacionales a modo de amortización de inversiones de capital -es decir, dinero que irá a los pozos petroleros en lugar de a las rentas generales de la provincia- y un modelo de licitación de exploración y explotaciones que limite a las provincias la chance de ganar más, y que no contemple el actual sistema de “acarreo” que algunas provincias proponen, sino “asociaciones” entre las empresas de energía y las provincias petroleras, con cesión de derechos petroleros plenos en favor de estos “joint venture” que se armen para explotar cada Vaca Muerta provincial.
La razón de fondo por la que el gobierno trabaja en esta suerte de “Pacto fiscal” de hidrocarburos con fuertes recortes a las provincias, es porque no hay dinero suficiente para extraer el petróleo no convencional, ni resulta rentable en la Argentina con nuestros costos, los que incluyen los “extras” que los inversores petroleros deben pagar a las provincias por tener el derecho de explotar el recurso. Este proyecto de ley es impulsado especialmente por el CEO de YPF Miguel Galuccio y ya tendría el visto bueno de la presidenta Cristina Fernández. La idea es “quitar la hojarasca” del camino del dinero necesario para los pozos porque son más baratos en Houston que aquí, donde podrían costar cada uno hasta 13 millones de dólares para ponerlo a producir, dicen quienes conocen el negocio. A entender de Galuccio, las provincias se han transformado en algo así como rémoras, socios pasivos sin riesgo, sin poner un peso y llevándose parte importante de la crema. Especialmente Neuquén y ahora Mendoza con su tercera ronda de áreas marginales en la que YPF pegó el faltazo, han caído en esta consideración.
El proyecto, cuyo borrador partió desde las oficinas del Secretario Legal de la Presidencia Carlos “Chino” Zanini y que ni siquiera es conocido aún por todos los mandatarios petroleros, será circulado esta semana a los gobernadores de Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa, Salta y La Pampa. De estas, las primeras cuatro son las que definen el negocio petrolero nacional. También tienen el proyecto algunos legisladores del oficialismo y de la oposición.
La idea del gobierno es darle al plan –que será duro de digerir en las provincias porque deberán resignar ganancias a cambio de conseguir volumen de exploración y explotación no convencional- un blindaje político. Para ello van a recurrir a la antigua moda de los pactos fiscales. Habrá un “acuerdo marco” que deberán suscribir los gobernadores y enviar al Congreso de la Nación, y ser refrendado además en cada legislatura provincial. Todo, para darles a los inversores y a la propia YPF la “seguridad jurídica” que necesitan para invertir los 25.000 millones de dólares que hoy no están y que hacen falta en menos de diez años para desarrollar volumen suficiente de petróleo al estilo de “Vaca Muerta”.
El cambio de reglas en la relación entre Nación y las provincias y las empresas petroleras en el shale gas y petróleo, respecto de los recursos no convencionales, se anticipa en un documento de seis puntos que circula en unas pocas manos. De su lectura es bastante claro que las provincias ganarán menos dinero con este tipo de explotación y con los derechos conferidos por la Constitución de 1994 primero y la Ley Corta después, respecto de las leyes vigentes hoy. Por si alguien no lo recuerda, las provincias son las dueñas del recurso. Sin embargo, en el “no convencional” serán dueños con menos derechos que ahora y una ganancia reducida respecto de lo que podrían obtener. Pero hay que mirar la otra mitad de la botella: el 10 o el 15 % de “nada”, es “nada”. En este caso, “Nada” es el petróleo que está bajo la tierra y que nadie puede sacar sin miles de millones de dólares que deben llegar del exterior porque ni el gobierno nacional, ni las provincias ni YPF lo tienen. “Ustedes necesitan miles como nosotros” le dijo hace unos días Ali Moshiri, presidente de Chevron para América Latina, al ministro de Energía de Mendoza, Marcos Zandomeni. Pero hoy sólo está Chevron, y después de los americanos que debieron ingresar al negocio poniendo por delante mil millones de dólares, aquí nade ha venido con billetes para Vaca Muerta.
LA LEY COMPLEMENTARIA
El documento que partió de las oficinas de Zanini tiene en su primer renglón una advertencia: “Borrador para discusión”, dice, aunque Cristina, Galuccio, el ministro Julio De Vido y los gobernadores –entre ellos Francisco Pérez- se reunirán el lunes que viene con la discusión bastante avanzada. “Acuerdo Federal para el Autoabastecimiento de Hidrocarburos” se titula. “Complemento normativo de las leyes 17.319 y 26.197 para la explotación no convencional y la promoción de la exploración y explotación de hidrocarburos” continúa.
En sus primeras consideraciones, el proyecto cuenta cómo Estados Unidos y otras economías desarrollaron tecnologías e inversiones para este tipo de explotaciones. E inmediatamente advierte que en la Argentina debería haber una legislación acorde a este tipo de negocios: “El descubrimiento en la República Argentina de importantes yacimientos de hidrocarburos de shale gas y shale oil (El cuarto a nivel mundial en petróleo y el segundo a nivel mundial, por su magnitud, en gas) implican un fuerte desafío y una inmejorable oportunidad de desarrollo. La explotación de esos yacimientos, que implica la utilización de esas nuevas tecnologías de extracción e importantes inversiones, requerirá adecuaciones legislativas importantes que todos los niveles de gobierno deben apoyar” dice el documento, anticipando que habrá que hacer algo con la Ley Corta que hoy les da alas –y caja- a los gobernadores.
Avanzando en la letra que justifica esta nueva ley, el plan del gobierno indica “No existirá soberanía hidrocarburífera efectiva sin un fuerte incremento de las inversiones, sin destrabar el nudo que significa la convivencia, por un lado, de áreas concedidas, algunas desde hace bastante tiempo, sin explotar por falta de las inversiones necesarias; y -por el otro- la creciente necesidad de importación para sustituir lo no producido. La Nación, que afronta los pagos de esas importaciones, y las Provincias, poseedoras del recurso inexplorado, tienen que asociarse para cumplir los objetivos de la ley” indican, abriendo la puerta para que las empresas de energía se “asocien”, pero no que sean “carry” de las inversoras y de las grandes petroleras ingresando al negocio sin poner dinero y cobrando grandes sumas aun antes del descuento de utilidades, tal como el gobierno dice que intentan hacer los neuquinos.
Finalmente, el proyecto pide el compromiso político de los gobernadores: “En la búsqueda de la obtención del logro del autoabastecimiento de hidrocarburos declarado de interés público nacional por la Ley 26.741 (Nota del autor: la estatización de YPF), a fin de garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias y las regiones, el Gobierno Nacional y los gobernadores integrantes de la OFEPHI han decidido proponer a discusión del Honorable Congreso de la Nación un complemento normativo de las Leyes 17.319 y 26.197 con la finalidad de reglar la explotación no convencional de hidrocarburos, la exploración y explotación of shore y en zonas de riesgo; el establecimiento de presupuestos mínimos para un ejercicio regulado, previsible y homogéneo de los mecanismos de selección de los concesionarios; el establecimiento conjunto de mecanismos de promoción fiscal a esas actividades y el establecimiento de requisitos mínimos comunes para el cuidado del ambiente”. Lo que acaban de leer trata de precisar los agujeros negros que hay entre la Ley Corta, la de estatización de YPF y la de Hidrocarburos, pero ajusta por el lado más duro recortando soberanía a las provincias. Para entender el concepto de soberano petrolero, nada mejor que recordar a Cristina el día que anunció la estatización -perdón, recuperación- de YPF.
Se ve que en este negocio no hay carteles que digan “cualquier problema con el cambio será resuelto con el redondeo en beneficio del cliente”. Acá, el redondeo es para el lado de Galuccio y el gobierno nacional, aunque debe reconocerse que Nación tiene la potestad de dictar la política petrolera nacional. El problema es cómo conjugar los derechos de unos y otros en este pelea de fondo sobre quién elige los socios, cómo son las asociaciones son las petroleras, y qué ganancias puede obtener cada uno.
El documento habla de “promoción fiscal”. Esto es bien simple: las petroleras podrán usar parte de los impuestos que deben pagar, como amortización de capital. Es decir, en vez de pagar dinero por Ingresos Brutos, IVA, u otros gravámenes, podrán dedicar esa plata a invertir más en la exploración y explotación.
Veamos los seis puntos en concreto que tiene –hasta ahora- el documento que propondrán a los gobernadores. Cada uno, con una explicación adicional:
1 – Plazos para explotación y explotación diferenciados conforme las nuevas tecnologías.
N de la R: Las empresas plantean plazos de explotación de 35 años o más. Las provincias están ofreciendo de diez a veinte años, con pasaje –luego- de los yacimientos a manos de las empresas provinciales de energía. En ese caso, las petroleras quedarían como simples operadores del sistema.
2 – Mantenimiento de alícuotas de regalías. Aportes de la industria en el marco de grandes proyectos de desarrollo, en responsabilidad social empresaria y para infraestructura.
N de la R: Algunas provincias ya consiguieron alícuotas superiores al 12 %, aunque la alícuota real no supera el 9 % en la mayoría. Uno de los gobernadores consultados dijo que el porcentaje de regalías que se maneja para petróleo no convencional sería del 6 %.
3 – Mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva, buscando la mayor concurrencia y priorizando ofertas que propongan la mayor inversión/actividad exploratoria.
N de la R: Es el párrafo más difícil de traducir. “Licitación competitiva” significa que las provincias no podrán ir de “carry” de las petroleras, sumándose al negocio sin poner nada a cambio. Podrán asociarse a pleno riesgo compartiendo la inversión en la proporción de las ganancias que planteen. Los pliegos de licitación serían revisados por la Secretaría de Energía de la Nación y por YPF, que tendría prioridad de acceso a todos los yacimientos no convencionales. Es decir, el “socio” lo va a buscar YPF, y no un ministro de energía provincial.
5 – Programas fiscales y tributarios, nacionales, provinciales y municipales, homogéneos y estables. Detalle de beneficios a conceder una vez logrado el autoabastecimiento.
N de la R: Planes de “promoción industrial” petrolera basado en invertir en lugar de pagar impuestos.
6 – Adopción de estándares mínimos comunes en materia de cuidado del ambiente para una explotación sustentable.
N de la R: Un párrafo final para tratar de calmar a los detractores del fracking, la principal tecnología de explotación de recursos no convencionales.
CONCLUSION
Los gobernadores ven todo esto con sospecha. Saben que con la nueva ley van a perder soberanía petrolera en la explotación no convencional. Pero están atados de pies y manos, porque no tienen de por sí el dinero como para invertir en estos pozos. Ni siquiera en perforaciones “económicas” como las que hace la empresa EOG en Neuquén, de 5,5 millones de dólares. Así es que a los mandatarios les queda ir a la guerra contra Miguel Galuccio, o negociar este borrador para obtener las mayores ventajas posibles. El CEO de YPF ve el país como un tablero sin gobernadores ni límites internos. Es decir, como si fuese un yacimiento enorme en el que debe decidir la plata que pone en cada pozo. Es un técnico, no tiene obligación de saber de política ni de conocer las necesidades de estados que supuestamente son federales. Esa carga es de los gobernadores.
Será un duro debate el que viene, en el que el gobierno nacional tendrá un aliado impensado: La UCR viene pidiendo un acuerdo federal para la explotación de este tipo de recursos. Y eso es lo que el gobierno plantea ahora. Un acuerdo donde el poder de veto es de Nación, que además se reserva el derecho de tutelar las asociaciones que se hagan en el futuro y donde las provincias ganarán menos que aplicando las reglas de la Ley Corta.
Finalmente, aunque el debate parece de principios federales, la discusión es de negocios. Y en este modelo las provincias llevan las de perder, o las de “ganar menos” para ser justos. La pregunta es si ese “menos” es la única opción a “nada” o si las provincias podrían, de por sí, conseguir sus socios para explorar y explotar cada “Vaca Muerta” provincial. En Mendoza, la discusión legislativa será muy dura, aunque si la UCR se inclina por el lado de Galuccio los únicos debates serán alrededor del fracking, y pocos hablarán de los derechos que las provincias estarán cediendo en esta legislación complementaria de la Ley Corta.
MDZ
