Nicolás Gandini | El Inversor Online
La crisis energética llevó a la presidenta Cristina Kirchner a dar un fuerte golpe de timón con respecto a la política petrolera. Como nunca antes en más de una década, el Gobierno enviará en las próximas semanas al Senado un proyecto de ley que otorga mayores flexibilidades a las empresas. Así lo acordó ayer en una reunión cumbre con los gobernadores de la Ofephi, que reúne a las provincias productoras de hidrocarburos, y la primera plana de su Gobierno. “No quiero que quede ningún yacimiento en la tierra o en el mar sin explorar. Tenemos que bajar el déficit energético de 10.000 millones de dólares al año”, lamentó la Presidenta en un encuentro en la Quinta de Olivos.
Si bien se trata de un reclamo que el sector privado plantea desde hace años, esta vez sus demandas fueron recogidas por el presidente de YPF, Miguel Galuccio, uno de los hombres de mayor confianza de la Presidenta en temas energéticos. Desde hace casi seis meses discute con la primera mandataria las necesidades de hacer cambios normativos.
La futura ley concederá beneficios económicos y cambiarios a las empresas petroleras, todo lo contrario a lo que hizo el kirchnerismo. Se harán sobre la base de los decretos 927 y 929 del año pasado, que destrabaron la asociación de Chevron con YPF para encarar el primer desarrollo masivo de yacimientos no convencionales en la Argentina. Pero irán más lejos: esos decretos establecían que una empresa debía invertir al menos 1000 millones de dólares para acceder a los beneficios. La nueva ley bajará ese número hasta los 250 millones de dólares. Para una industria de capital intensivo como la petrolera, se trata de una cifra que deja dentro del partido a la mayoría de los jugadores.
Las empresas que cumplan con ese pedido podrán exportar sin retenciones, es decir, al precio que marque el mercado internacional, el 20% de la producción de los nuevos proyectos. Además, podrán cobrar esa porción en dólares y girar las ganancias al exterior sin restricciones, toda una novedad no sólo para el sector petrolero.
La nueva norma modificará el artículo 27 de la actual ley de Hidrocarburos. Allí se incluirá la figura de concesión no convencional.
Las provincias, en tanto, tendrán que ceder parte de su capacidad de decisión sobre el negocio petrolero. Ayer, tanto Cristina Kirchner como el ministro de Economía, Axel Kicillof, y Galuccio insistieron en que eso era necesario para reactivar la llegada de inversiones al negocio petrolero.
Los gobernadores deberán resignar la posibilidad de convocar a licitación y ofrecer sus áreas petroleras a través de concursos a su medida. Tendrán, en cambio, que tomar un modelo explícito que figurará en la nueva norma. También deberán congelar las regalías en 12% y los Ingresos Brutos en 3%, una mala noticia para varios distritos.
Por último, si quieren participar en el negocio a través de las empresas provinciales, como GyP (Neuquén), Petrominera (Chubut) o Fomicruz (Santa Cruz), deberán comprometer una parte de la inversión. Los gobernadores, sin embargo, pretenden discutir la manera en que se aplicará ese requerimiento.
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Nueva ley petrolera: habrá beneficios para inversiones menores
El borrador de proyecto de ley que los gobernadores petroleros analizan por estas horas contempla nuevos beneficios para las empresas petroleras. Según confirmaron fuentes de la industria a “Río Negro”, se replicará el decreto 929 que dio luz al acuerdo YPF-Chevron, pero se bajará el monto de inversión exigido a 250 millones de dólares.
De esta forma, las empresas que busquen ingresar a Vaca Muerta y que inviertan esa cifra, conseguirán beneficios como la posibilidad de disponer del 20% de su producción petrolera para exportar pasados los cinco años.
También la libre disponibilidad de divisas sobre las exportaciones.
La nueva norma también aspira a congelar las regalías en un 12%, pero abriría la puerta a que las provincias sumen un extracanon de 3 puntos como techo. Es decir que sólo alcanzaría el 15%.
También establece fijar Ingresos Brutos en un 3%, lo que implica que Neuquén debará reducir el gravamen en medio punto.
