La Presidenta recibió anoche a los gobernadores de las provincias petroleras para avanzar con la reforma de la Ley de Hidrocarburos. El objetivo es brindar estabilidad para la llegada de inversiones. Fue luego de tres meses de intensas negociaciones.
La presidenta Cristina Fernández recibió anoche a los gobernadores de las provincias con recursos hidrocarburíferos y llegaron a un “acuerdo unánime” alrededor del nuevo proyecto de ley de Hidrocarburos que será presentado al Congreso en los próximos días. “La iniciativa elimina incertidumbres, ya que da certeza a los inversores en los proyectos de puesta en producción de yacimientos no convencionales”, coincidieron varios gobernadores. Es el resultado de tres meses de negociaciones. Participaron del acto, junto a la jefa de Estado, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof y el presidente de YPF, Miguel Galuccio.
“Se han acordado las pautas para una reforma adecuada a la Ley de Hidrocarburos, preservando el interés de la Nación y contemplando las expectativas de las provincias”, dijo tras la firma del convenio el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner. El mandatario consideró que la nueva legislación le dará “legitimidad democrática a las normativas que rigen las actividades del sector, puesto que se está reformando un decreto ley de 1967, de tiempos del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía”.
La jornada de tironeos por el nuevo marco regulatorio comenzó por la mañana. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, y su par de Chubut, Martín Buzzi, se reunieron con el titular de YPF, Miguel Galuccio, y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, para avanzar en la definición de un proyecto consensuado. Luego, esos mandatarios comunicaron las novedades a Francisco Pérez (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Daniel Peralta (Santa Cruz), Oscar Jorge (La Pampa) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego). También participaron de esa reunión el vicegobernador de Salta, Andrés Soto; el secretario de Energía de Santa Cruz, Juan Ferreiro, y el secretario de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), Carlos Lambre. “Es inminente la definición del proyecto a enviar al Congreso, sólo resta ajustar detalles”, indicaba a la salida el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez. Fue a la tarde en la Casa de Mendoza, en Buenos Aires, a la espera de la reunión con CFK.
La tensión entre el gobierno central y las provincias radica en que YPF, y con ella el gobierno nacional, pretende allanar el camino para las inversiones extranjeras que permitan maximizar la producción, especialmente en Vaca Muerta. Prefiere, entonces, que el dinero se dirija primero a la exploración y luego a las provincias. Por su parte, los gobernadores no quieren ceder parte de la renta hidrocarburífera central en los presupuestos provinciales.
Uno de los temas más candentes era el de los pliegos de licitación. El primer borrador del proyecto de ley redactado por el gobierno nacional establecía que las condiciones del pliego único de licitación las definiría la Comisión de Planificación de Inversión Hidrocarburífera, que encabeza el ministro de Economía, Axel Kicillof. Los pliegos definen todo tipo de requerimientos para las inversiones, una potestad que las provincias no quisieron resignar. Por eso, la idea es compartir esas facultades. La ley incorporaría un “pliego modelo” acordado por las provincias y la comisión.
El Gobierno considera central la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos. Así lo expresó recientemente CFK en la cena por el Día de la Industria, en Tecnópolis: “¿Para qué queremos una nueva Ley de Hidrocarburos? Para fijar reglas de juego claras, previsibles y transparentes que resguarden los intereses de las provincias, que son las propietarias de los recursos desde la reforma del ’94. Pero también para asegurar que ser gobernador de una provincia no sea patente de corso para otorgar áreas a cualquiera sin ningún tipo de control, y sin un modelo general que asegure transparencia al mercado, y no desincentive la inversión del exterior. Porque si no ponemos reglas claras en materia tributaria, en materia de porcentajes de regalías, en materia de porcentajes de cánones y en pliegos de licitación de áreas públicos e internacionales, no vamos a lograr inversión por una razón muy sencilla: la inversión que se requiere para Vaca Muerta oscila entre 100 y 200 mil millones de dólares. Y esas sumas no se consiguen si no funcionamos de manera previsible”. En esa oportunidad, la mandataria también recordó que con la actividad de YPF las provincias mejoraron recientemente el cobro de regalías, y que más adelante también van a hacerse de dividendos y utilidades, al ser socias de una petrolera estatal muy rentable.
Otro punto sensible era el canon, que es el monto que las provincias cobran a las empresas a la hora de renegociar los contratos habiendo hidrocarburos no extraídos. Se paga, entonces, por lo “no cobrado” por las arcas provinciales. El gobierno nacional prefiere reducir ese pago, porque considera que puede desincentivar la actividad privada. El canon es valorado por los gobernadores, porque representa mucho dinero fresco. Las negociaciones finalmente llevaron el canon a un punto intermedio.
La modalidad de carry (acarreo) también fue un eje de la discusión. Se trata de un esquema mediante el cual las empresas provinciales se “asocian” a las petroleras, lo que les permite recibir dinero a ningún costo, porque no tienen la obligación de efectuar inversiones. La intención inicial del Gobierno era dar por tierra con ese mecanismo, aunque se decidió mantener los proyectos en marcha, pero no hacerlo en los nuevos. En todo caso, las inversiones en marcha podrían renegociarse entre provincias y empresas. Una situación similar se da con las reservas de áreas, que las provincias aplican para los yacimientos sin contrato. Toda la cuestión ambiental, de suma relevancia para las explotaciones no convencionales, va a contar con pautas uniformes para todas las provincias.
