La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular y sirve muy especialmente para reflexionar sobre las opciones de desarrollo en la Argentina.
El problema se plantea en una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.
Durante años, el crudo se exportó normalmente y no tomó estado público ninguna controversia en el tema, ya que ahora sabemos que el costo de extracción ronda los 36 usd/barril y el precio internacional superó largamente esa cifra. Las empresas pagaban su regalía del 12% al gobierno provincial y tanto ganaron que se estableció una retención móvil por la cual el Estado Nacional percibía todo ingreso excedente por sobre 70 usd/barril.
Hasta que llegó la guerra de precios del último año, en la que las grandes operadoras internacionales buscan sacar del mercado a las operadoras de fracking en Estados Unidos, quedándose con sus empresas antes de volver a precios mayores. La caída de precios ha sido muy importante, tanto que finalmente en estos días los compradores del petróleo de Chubut ofrecen pagar 20 usd/barril, lo cual implica obviamente trabajar a pérdida.
Así está la cuestión. Las empresas no hacen balances globales: quieren dejar de extraer hasta que se recupere el precio. Del otro lado: 5 mil familias dependen de la continuidad de la actividad. En el medio: El Estado provincial no quiere ni puede bancar el conflicto social asociado, agravado por la evaporación de las regalías a cobrar.
¿Qué hacer? Los trabajadores, las empresas y finalmente el Gobierno provincial reclaman un subsidio por la diferencia entre venta y costo. El Ministro de Energía, aparentemente, habla solo de negocios y señala que si se pierde hay que suspender. Y allí queda su aporte.
Es también evidente que parar implica un grave problema social, que es imposible siquiera medir en dinero. Es evidente que alguien tiene que poner la diferencia si la operación ha de seguir.
Poner el dinero como subsidio directo sería admitir que el Estado tiene la función boba de asistir en las pérdidas, ya que las 5 mil familias son rehenes de la situación. Por supuesto, las empresas no crearon un fondo de reserva salarial con las ganancias extraordinarias anteriores ni nada que se le parezca. Es pelito para la vieja.
Tal vez el camino natural sea poner el dinero y capitalizarlo en la explotación, ganando así el derecho a aumentar la participación pública (nacional o provincial según quien aporte) cuando los precios se recuperen.
Las empresas deberían estar de acuerdo con esta opción. Si no lo estuvieran y suspendieran la operación, hay legislación de fondo que habilitaría para trasladar la concesión completa a la empresa provincial de petróleo o un acuerdo con YPF.
Eso en cuanto a la cobertura laboral. Pero es esencial pensar un paso más allá y aprovechar la coyuntura para entender que Chubut debe tener la refinería para petróleo pesado, con mayoría estatal y convertirse en comprador de privilegio para la producción local. Esta decisión rompe de manera permanente la dependencia y termina – al menos en ese rinconcito de la Patria – con el chantaje empresario.
Nota tomada de Producción Popular
