La real dimensión de la crisis energética se vuelve más cruda cada día, en cada apagón y en cada boleta con aumentos en todo el país. La falta de inversión, el trabajo precarizado y una tarifa social que garantiza la pobreza energética (cuando los ingresos de una familia no alcanzan para asumir los costos de la energía para satisfacer necesidades domésticas) son signos de época. Se suman el daño ambiental y la ausencia de soberanía. Todos estos temas se trataron en el taller “Crisis energética – tarifazos y posición de la FeTERA / CTA Autónoma”, organizado por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) y del Instituto de Estudios y Formación (IEF CTA-). Ya hay nuevas invitaciones para seguir articulando estos encuentros.
¿Qué busca la FeTERA, el IEF y la CTA con este tipo de encuentros?
“Se intenta articular perspectivas, compartir las posiciones históricas de la FeTERA y actualizar el pensamiento de cara a los desafíos en el nuevo gobierno y contexto internacional”, así lo explica Julio Gambina, director del IEF-CTA y uno de los principales animadores de la reunión. Además, agregó que “es una iniciativa de los trabajadores como articuladores de propuestas que aparecen diferenciadas, como por ejemplo la del movimiento ambientalista y los movimientos de los trabajadores, porque en definitiva lo que se busca es armonizar distintas estrategias en defensa de los derechos humanos integrales de los pueblos”.
¿Se juntaron personas que piensan lo mismo?
Responde a eso José Rigane, secretario adjunto de la CTA y secretario general de la FeTERA: “No, hemos convocado gente que trabaja en distintos ámbitos, podrán pensar lo mismo en algunas cosas, pero en otras no tanto. Hay gente que no está de acuerdo con la energía nuclear, otra que no está de acuerdo con el desarrollo de la energía hidroeléctrica, están los que ponen más el énfasis en la problemática ambiental y los que lo acentúan en diversificar la matriz energética y garantizar el acceso a la energía, de manera que no es cierto que todos piensan lo mismo; lo que si hay coincidencia en que la energía no puede ser una mercancía, porque es un derecho humano y tiene que ser así desde una política de estado”.
Además de los anfitriones participaron: Ramón Gómez, Héctor Polino, Laura García Vázquez, Mario Gómez, Gustavo Lahoud, Eduardo Smidt, Adrián Ruiz, Fernando Cabrera, Diego Di Risio, Agustín González, Gabriel Martínez, Agustín Arbor, Javier Barrios, Gustavo Calleja, Agustina Elorza y Javier Garnica.
Ya en la sala de reuniones de la CTA, Gustavo Calleja, ex secretario de Energía e integrante del MORENO (Mov. Nacional por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora), realizó un recorrido histórico y contrapuso los modelos de producción de energía a lo largo de la historia de nuestro país. Se focalizó en gas y petróleo, principalmente antes y después de la privatización de YPF. Pero también marcó las continuidades que se pueden señalar entre la actual gestión de Juan José Aranguren (ministro de Energía y Minería) y el Presidente Mauricio Macri con la gestión Kirchnerista y el sostenimiento del modelo de las privatizaciones y el neoliberalismo.
En si intervención, Calleja dijo: “lo que antes iba a los fondos del estado, ahora todo ese dinero se convirtió en utilidades que se van afuera del país, junto con la libre disponibilidad de lo que extraen las empresas”. Y agregó que “el ministro Aranguren le da beneficios y responsabilidades a gente que ya fracasó, como las empresas Edenor y Edesur”.
Héctor Polino, titular de Consumidores Libres y reconocido dirigente del Partido Socialista, argumentó sobre la falta de inversiones por parte de las empresas privadas, en particular las del área metropolitana como Edenor y Edesur. El dirigente afirmó que estas empresas giraban las ganancias al exterior convertidas a dólares en la época del uno a uno y con tarifas que fueron fijadas según las tarifas de EE.UU. que tenían una inflación alta.
Luego explicó que cuando se salió de la convertibilidad hubo un gran desfasaje. Polino también retomó una de las grandes preguntas de la jornada: ¿A dónde fueron los subsidios del Estado? “Edenor y Edesur deben miles de millones de pesos a Cammesa, no pagaron la energía que están distribuyendo pero han cobrado los subsidios y las tarifas, pero no han invertido”. Y agregó: “se necesita control de Estado, pero queda registrado que en la actual gestión: 2 de los 4 directores que están en el ente de control de las empresas hace poco ocuparon altos cargos en estas mismas empresas. Nos están tomando el pelo. Hay que formar una comisión investigadora de los subsidios”.
“Hay que anular los contratos con las empresas de gas y electricidad y crear empresas públicas en cuyos directorios estén los representantes del Estado, de los trabajadores del sector, de los consumidores, de las cooperativas de generación eléctrica, de los servicios relacionados con electricidad y gas y hacer transparente los costos reales de kilo watt de electricidad y metro cúbico de gas”.
Como ejemplo claro de falta de inversión de las empresas privatizadas, Polino dijo que “en estos cortes de luz de este verano de 2016 se han encontrado cables que eran de 1970”.
Otra invitada que tomó la palabra fue Laura García Vázquez, del movimiento Emancipación Sur y de la CTA de la Prov. De Bs. As. y de la ciudad de Bahía Blanca, quien dijo que “hay que incorporar que la gente tenga la necesidad de pensar que todos tenemos derecho a la energía. Esto resulta clave”. Además, agregó que este gobierno “actúa como si no fuese parte del problema o no tuviese responsabilidad desde el estado con los problemas energéticos. Se para desde afuera, opinando. Hay que ser claros en el mensaje y decir que ellos son parte”.
Por su parte Gustavo Lahoud, asesor parlamentario de Unidad Popular, manifestó que “Aranguren dejó muy en claro que para mejorar los servicios hace falta bajar la demanda a través de los tarifazos” y planteó que “hay que trabajar en la forma en la cual comunicamos lo que está pasando en el sector para combatir la situación de falta de transparencia y de problemas en servicios que deberían ser considerados derechos inalienables”.
Diego Di Risio, de Observatorio Petróleo Sur, preguntó sobre “cómo podemos abrir el concepto de crisis energética para integrar la crisis ecológica, climática y así calcular bien los costos de producción de energía que hoy en día deben incluir las consecuencias a nivel social, ambiental, etc. y que no están considerados”. También expresó la necesidad de “cuestionar subsidios a empresas que llevan a cabo técnicas no convencionales como el fracking”.
Al mismo tiempo, llamó a reflexionar en que una “transición energética y productiva es importantísima pero muy difícil teniendo en cuenta que muchas provincias dependen de la extracción de petróleo y recursos mineros. Hay que complejizar el tema de la crisis energética”, afirmó.
Por su parte, Agustín Arbor, secretario de medio ambiente de la FeTERA y secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APECNEAN), argumentó sobre la necesidad de recuperar la soberanía energética: “sin energía no hay soberanía posible en ningún espacio y, por suerte, la Argentina tiene todos los recursos para poder diversificar su matriz energética y lograr la soberanía teniendo en cuenta la cuestión ambiental y climática”. Y reafirmó: “necesitamos de todas las fuentes de energía pero teniendo en cuenta el impacto ambiental y el cumplimiento de objetivos”.
También señaló que “hay empresas nacionales que ya están desarrollando máquinas para producir energía renovable y hay que profundizar esto e incluir más fuertemente las energías alternativas en el mix energético”.
Los encuentros y posiciones en este tema prometen continuar desarrollándose. Por lo pronto han quedado todos invitados al XVI Congreso Nacional Ordinario y el XVIII Congreso Nacional Extraordinario de FeTERA que se realizará el 25 y 26 de marzo en el auditorio de la sede nacional de ATE, Av. Belgrano 2527, Ciudad de Buenos Aires.
Tomado de Prensa FeTERA
