Los indígenas y campesinos ecuatorianos afectados por la petrolera ganaron en 2012 el juicio ambiental más grande de la historia. Sin embargo Chevron retiró sus activos del país no pagando esta deuda, razón por la que fue embargada en Argentina en 2013, sanción que fue levantada para permitir su acuerdo con YPF. En otra vertiente del juicio, la petrolera había demandado en 1991 al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales por el supuesto incumplimiento de tratados de inversión, siendo sentenciado el año pasado a pagar 96 millones de dólares a la empresa.
La semana pasada la corte provincial de Sucumbios notificó que esos 96 millones deberán ser embargados para tomarlos como parte de pago a los afectados. Pero hasta ahora funcionarios del gobierno han evitado iniciar las formalidades de este embargo y los afectados temen que estén negociando con Chevron a espaldas de ellos.
Quito, 18 de julio de 2016.- A pesar de una providencia dictada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, el 12 de julio del año en curso, en la que se dispone por tercera ocasión, se emitan los oficios que notifican a las autoridades nacionales el embargo que pesa sobre los 96 millones que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron, dichos documentos no han sido despachados, elevando sospechas sobre los funcionarios públicos que deben cumplir estas formalidades.
Al respecto, los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y sus abogados, sostienen que las inexplicables demoras sobre el cumplimiento de las formalidades podrían deberse a acuerdos que se puedan estar haciendo con la petrolera, a espaldas de los ecuatorianos. Como es de conocimiento público, apenas se conoció del fallo definitivo en contra del Ecuador, los afectados solicitaron se notifique inmediatamente sobre este embargo que está vigente desde el 2013; a pesar de ello, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos prefirió demorar el trámite y darle largas; luego de las exigencias de los actores en el juicio ordena se proceda a emitir los oficios, a pesar de lo cual ha pasado casi una semana sin que se hayan enviado los oficios correspondientes a los Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas y Procurador General del Estado.
Pablo Fajardo, Procurador Común de los demandantes ecuatorianos, dio a conocer que de utilizar esta inacción de la Corte Provincial de Sucumbíos, como pretexto para no ejecutar el embargo de los 96 millones, se estarían violando una orden expresa y las leyes vigentes en el Ecuador.
Alertó además, que este es un caso de Derechos Humanos y por tanto es inconstitucional que el Estado pretenda hacer prevalecer los acuerdos comerciales sobre los Derechos Humanos contraviniendo lo que disponen los Art. 425 y 426 de la Constitución de la República.
Humberto Piaguaje, Coordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que aglutina a más de 30 mil indígenas y campesinos que siguen sufriendo los impactos de la contaminación provocada por la petrolera, dio a conocer que están dispuestos a conversar con el Gobierno Nacional, para llegar a un acuerdo razonable para el cobro de los 96 millones, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país.
Advirtió que una acción contraria por parte del Estado o del Gobierno para no hacer valer la justicia ecuatoriana implica una grave traición al país, un atraco, pero además una deslegitimación de las autoridades que dicen defender los derechos de la población ecuatoriana frente a los intereses de las transnacionales. Si negocian con Chevron habrán sucumbido al chantaje de las trasnacionales y dejarán en evidencia sus verdaderos intereses y la política de favorecer al capital por sobre el ser humano será expuesta públicamente.
El dirigente de la organización informó que este cobro será invertido en tres acciones fundamentales: la una sostener el juicio de homologación en Canadá, donde se llevará a cabo una audiencia en el mes de septiembre; la otra es continuar con la formulación de los planes de reparación para que una vez cobrada la totalidad se puedan ejecutar de manera inmediata, lo que evitará que sigan profundizándose los problemas por los que atraviesa la población afectada; y la tercera es iniciar acciones inmediatas para mitigar los daños causados por la petrolera.
Con estos fondos dice Piaguaje, “pondremos de inmediato en ejecución lo dictaminado en la sentencia emitida por las tres instancias judiciales que existen en Ecuador y que favorecieron a los afectados”.
El Coordinador de la UDAPT dijo estar confiado en que el Gobierno ecuatoriano actuará en favor de la justicia, sobre todo tomando en cuenta que el Presidente de la República siempre ha sostenido la importancia de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los ecuatorianos, ante los abusos cometidos por las transnacionales. Como muestra, recuerda que el Ecuador es el promotor en las Naciones Unidas de un proceso para lograr que se ponga en vigencia un Tratado Vinculante que someta a las transnacionales al cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de parar el abuso corporativo.
Informó finalmente que a nombre de sus representados ha solicitado formalmente una cita con el Presidente de la República para lograr un acuerdo para el cobro del embargo.
Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) – Quito Ecuador
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