Por OPSur. La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un crítico informe sobre la gestión ambiental del Yacimiento Caimancito, ubicado en jurisdicción del Parque Nacional Calilegua, en Jujuy. “Resulta necesario que la Administración de Parques Nacionales aumente los esfuerzos dedicados a las acciones vinculadas al cierre definitivo del yacimiento y a la remediación ambiental del área protegida y su zona de influencia”, demanda el organismo. El informe fechado en mayo de este año subraya, entre sus conclusiones, que la actividad petrolera dentro de un parque nacional está expresamente prohibida. Señala la violación flagrante de las leyes 22.351 de Parques Nacionales, 17.319 de Hidrocarburos, 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos y 25.675 General del Ambiente.
La AGN, organismo de control externo del sector público nacional que asiste técnicamente al Congreso de la Nación, indica que “el cese de la actividad de extracción de petróleo establecida por la provincia de Jujuy mediante la Ley 5889 de 2015 representa una mejora de la situación preexistente y una condición necesaria para la remedición y restauración ambiental del área de influencia”. Recuerda que en un informe de 1999 la oficina ya había observado en el yacimiento Caimancito incumplimientos en la legislación que regula la actividad petrolera, especialmente en el cierre de los pozos abandonados. “El problema más grave detectado corresponde a un pozo abandonado ubicado fuera del Parque Nacional, explotado originalmente por ex-YPF S.E., que ocasiona contaminación de las aguas superficiales y riesgo de contaminación del agua subterránea”, precisa el documento.
Pasivos e incertidumbres
El informe subraya que no se conoce con exactitud cuántas perforaciones se han realizado en el yacimiento. Si bien los registros indican la existencia de 33 pozos (12 en producción y 21 inactivos), el documento sostiene que podrían alcanzar las 36 perforaciones.
El principal problema que señala la auditoria es la contaminación del Arroyo Yuto que, si bien se conoció en octubre de 2000, hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para detenerla. Ese cauce está contaminado por el colapso del pozo abandonado Caimancito E-3, ubicado fuera del área actualmente concesionada. Esa perforación, distante 200 metros al norte del límite del Parque, derrama aproximadamente 200.000 litros por día de agua de formación, que contiene sales en una concentración de 10kg cada 100 litros de agua y además surge a la superfice a elevadas temperaturas. Este arroyo provee de agua, entre otras, a la localidad de Yuto, donde viven unas 8.000 personas.
Debido a las demandas de distintas organizaciones, en diciembre de 2015 la ley provincial 5889 dispuso el cese de la explotación en el Parque Nacional Calilegua y facultó al Poder Ejecutivo para requerir el cierre de los pozos y para llevar adelante las tareas necesarias para la remediación de los pasivos ambientales derivados de la extracción hidrocarburífera. En ese marco, en marzo de 2016, el Ministerio de Ambiente de Jujuy creó el “Comité Técnico Ad Hoc” para la inspección y evaluación de los daños ambientales y la proposición del plan de remediación ambiental del Parque y sus zonas aledañas, afectadas por la explotación hidrocarburífera.
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La historia
El Parque Nacional Calilegua está ubicado en el Departamento Ledesma, al sureste de la provincia de Jujuy. Fue creado por un decreto-ley en 1979, con el fin de preservar un área representativa de la selva de las yungas. Tiene una superficie de 76.306 hectáreas y es el área protegida más extensa dedicada a la conservación de las selvas subtropicales de montaña en el país.
La mayor parte de las 5766 hectáreas del área hidrocarburífera Caimancito se encuentran dentro del Parque. YPF S.E. comenzó en 1969 la explotación del yacimiento, la cual alcanzó hacia 1974 el récord nacional de producción diaria (7000 m3/día), lo que generó un gran desarrollo de la actividad exploratoria en la región. No obstante, no se han logrado nuevos hallazgos y la producción diaria fue disminuyendo hasta los 70m3/día de la actualidad.
En 1992, con la privatización de YPF, y luego de que el Parque Nacional fuera designado como Reserva Natural Estricta (1990), categoría que expresamente prohíbe la explotación de hidrocarburos, el yacimiento fue concesionada por 25 años a la UTE Petróleos Sudamericanos S.A.-Necón S.A. En 2008 el bloque fue cedido a Pluspetrol S.A., que posteriormente, en 2012, lo entregó a la empresa china JHP International Petroleum Engeneering Ltd. Al año siguiente, se formó la UTE entre la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE) y JHP, con la finalidad de extender la explotación del yacimiento hasta 2037. Esa concesión preveía la apertura de nuevos pozos. Posteriormente JHP firmó un acuerdo con otra empresa china, TCL Group, y conformaron Petro AP.
