El Decreto 703 del 30 de julio de 2018 aprobó la Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN). Este nuevo decreto, posterior al 683 del 24 de julio que sustituyó artículos del Decreto 706 del 12 de junio de 2016, derogó el 1691 del 22 de noviembre de 2006 y habilitó la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior, ha recibido poca atención tanto por parte de defensores como de detractores.
Una lectura detenida de la DPDN muestra que se trata de un documento extenso, presuntuoso y con componentes inquietantes. Aunque quizás uno de los aspectos más llamativos es que no aclara cuáles tendencias, actores y fenómenos internacionales inciden específicamente en la Argentina y, en consecuencia, cuál es o debiera ser la política de defensa –acompañando la política exterior– en el corto, mediano y largo plazos. No se evalúa cuál es el efecto global, regional y nacional de la transición de poder a nivel mundial. No hay una ponderación de situaciones contingentes concretas ni indicios de cómo y para qué debería prepararse, principalmente, el país y sus fuerzas armadas. Pone, adicionalmente, un exceso de atención en las llamadas “nuevas amenazas” de procedencia no estatal tales como el narcotráfico y el terrorismo y es muy escaso el tratamiento de los retos clásicos y aún vigentes en materia de defensa. Tácitamente se insinúa que la potencialidad de agresiones provenientes de otros estados, las pugnas inter-estatales en torno a recursos energéticos, las disputas territoriales y marítimas, entre otras, son y serán irrelevantes. Altos funcionarios –el presidente, algunos ministros, secretarios del área respectiva– reiteran que las hipótesis de conflicto del pasado, básicamente de naturaleza estatal, están perimidas: hoy –y hacia el futuro– no habría ni retos ni peligros de ese tipo. La DNPN es simultáneamente idealista y sesgada en cuanto a la cuestión de las amenazas.
Intentaré sustentar esta aseveración y daré un ejemplo. La Directiva comienza con una “apreciación del escenario global”. Afirma que “el actual escenario internacional se caracteriza por una creciente complejidad e incertidumbre.” Hasta allí nada original ni relevante. Advierte que “en la actualidad, algunas potencias evalúan que la arquitectura del sistema de seguridad internacional no ofrece las mismas garantías para todos los Estados. Esta caracterización ha promovido el cuestionamiento de los encuadramientos jurídicos que regulan la utilización de la fuerza.” Un punto interesante que no se precisa ni se desarrolla. A continuación destaca la evidente crisis del multilateralismo, pero sobredimensiona el foro que temporalmente preside la Argentina y otro del cual quiere ser miembro. En efecto, señala que el Grupo de los 20 (G-20) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “expresan la aún persistente confianza en la utilización de instancias de articulación internacional y gobernanza global. El accionar de estos organismos constituye un factor de peso que balancea la disposición de ciertos actores al unilateralismo, al tiempo que confirma la existencia de tendencias contrapuestas en el escenario internacional.” Esta aserción exagera el papel del G-20 y la OCDE y desconoce que aún en esos marcos multilaterales hay actores que recurren cada vez más sistemáticamente el comportamiento unilateral y prefieren el bilateralismo ejercido desde una posición de fuerza.
Más adelante sostiene que “la redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto.” La potencial mayor conflictividad no es una condición coyuntural o novedosa sino que, en esencia, la pugnacidad es el rasgo habitual y reiterado de los procesos de redistribución de poder pues un actor estatal tiende a declinar y otro (u otros) a ascender y, por la tanto, la competencia se acrecienta y expande. Esta constatación debiera llevar, naturalmente, a entender que las amenazas externas de origen estatal seguirán primando. Sin embargo, la Directiva tiende a concentrarse más en las formas “no tradicionales de agresión”. Así, por ejemplo, “la diseminación masiva de información falsa y el reemplazo de las tropas regulares por organizaciones irregulares” constituyen una tendencia presuntamente novedosa. Asimismo, “el terrorismo internacional configura uno de los principales problemas de la agenda del siglo XXI. Este fenómeno adquiere mayor complejidad al confluir con otros delitos y fenómenos criminales complejos, tales como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas y los delitos que se cometen con asistencia de las nuevas tecnologías de la información.” A su turno, las “redes terroristas explotan el ciberespacio para reclutar miembros, recaudar fondos y difundir su propaganda”. Además de confundir medios con actores, el énfasis sobre las llamadas “nuevas amenazas” supone un equívoco fundamental: no todos los problemas por ser globales se expresan de igual forma, intensidad, alcance e impacto en todas las regiones y países.
La desvalorización de las eventuales agresiones de origen estatal es no solo cándida sino también disfuncional para los intereses nacionales. Me ceñiré al caso de Neuquén, una provincia fronteriza. La Argentina es, junto a China, Estados Unidos y Canadá, una potencia mundial en materia de hidrocarburos no convencionales. La mayor formación shale de ese tipo de hidrocarburo se localiza en Vaca Muerta, Neuquén. El espacio que ocupa es similar al tamaño de Suiza. Se estima que sus reservas alcanzan a unos 16.000 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas. Además de YPF han realizado inversiones, entre otras, Chevron, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. Según el informe de mayo de 2018 sobre Vaca Muerta de PwC (Price Waterhouse Coopers), “la atracción de capital” será esencial para la producción y exportación de petróleo y gas y ello implica que “se requiere una inversión de US$ 120.000 millones dólares hasta 2030”.
Ahora bien ¿qué nos enseñan la historia y las relaciones internacionales en materia de recursos energéticos? Algo relativamente sencillo: para las grandes potencias, declinantes y emergentes por igual, los intereses de las empresas en los hidrocarburos son, también, intereses gubernamentales y los intereses gubernamentales incluyen intereses militares. Paralelamente, se sabe que la existencia de grandes riquezas naturales en países de la periferia puede alentar conflictos, generar despilfarro y estimular la volatilidad, entre otros. Es de suponer entonces que un activo estratégico como Vaca Muerta, que el gobernador Omar Gutiérrez llamó en julio de este año la “segunda pampa húmeda” del país, debe ser objeto de suma atención, seguimiento y aseguramiento. Su mejor protección y buen usufructo pasa por un conjunto de buenas políticas públicas en distintos frentes.
Justo en la provincia donde se ubica ese gran recurso se acordó en 2010 con la Agencia Espacial Nacional de la República Popular China la instalación de una Estación Satelital que comenzó sus operaciones en octubre de 2017. Desde hace un buen tiempo Washington se mostró inquieto por ese acuerdo y su entrada en funciones incrementó su preocupación. A su vez, en junio de 2018 el gobierno de Estados Unidos informó que financiará la construcción de un Centro de Operación y Coordinación ante Emergencias en Neuquén. Este proyecto se enmarca en el programa de Asistencia Humanitaria y Respuesta de Desastres del Departamento de Defensa.
En breve hay que preguntarse: ¿se tuvo y se tiene en claro el valor geopolítico global que ha adquirido la provincia de Neuquén? ¿Qué efecto puede tener en torno a Vaca Muerta lo que destaca la DPDN cuando dice que “la redistribución del poder global podría generar situaciones de conflicto”? ¿Cómo se vinculan y refuerzan la política exterior y de defensa para reducir la vulnerabilidad del país ante eventuales -por supuesto, no inexorables- amenazas derivadas de las pugnas entre las superpotencias? En realidad, el hincapié en las “nuevas amenazas” de los decretos 683 y 703 conduce a desatender cuestiones mucho más esenciales para el bienestar, la seguridad y la autonomía de la Argentina.
* Profesor plenario de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.
