Por Mónica Vargas, Olivier Petitjean, Brid Brennan, Raffaele Morgantini y Juliette Renaud
Durante décadas, comunidades afectadas de todo el mundo han opuesto resistencia a la forma de actuar de las empresas transnacionales en sus territorios y lugares de trabajo, y documentando violaciones sistémicas de los derechos humanos y la trayectoria de impunidad empresarial con sus vidas y muertes. La impunidad de las grandes empresas está protegida por una ‘arquitectura de impunidad’ que legitima y legaliza sus operaciones. Esta arquitectura se ha establecido mediante acuerdos de libre comercio e inversión, la Organización Mundial del Comercio (OMC), las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros instrumentos financieros, así como la promoción implacable de las alianzas público-privadas (APP).
Uno de los elementos centrales de esta arquitectura es el infame sistema de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), un sistema de arbitraje privado que permite que las transnacionales demanden a los Estados siempre que consideren que sus ganancias futuras están amenazadas por nuevas medidas o políticas destinadas a mejorar la protección social y ambiental. Por lo tanto, este sistema neutraliza la función del Estado, cuya principal responsabilidad consiste en defender el interés público y el bienestar de sus ciudadanos y el planeta frente a los intereses comerciales. Esta asimetría de poder funciona de la forma siguiente: el derecho internacional vinculante se basa en los tratados y los mecanismos de ISDS, mientras que se aboga por que las transnacionales se adhieran a un derecho no vinculante y de carácter voluntario a través de la responsabilidad social empresarial (RSE) y otros mecanismos.
Además, el fomento de lo que se conoce como ‘participación de múltiples interesados’ (en inglés, multi-stakeholderism) ha creado un marco que permite a las transnacionales usurpar roles políticos fundamentales en instituciones democráticas. El papel de las transnacionales en el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas está cada vez más generalizado, en especial desde que se crearon el Pacto Mundial y la Fundación pro Naciones Unidas, ambas iniciativas financiadas por grandes empresas, y como se constata claramente en la actual ronda de negociaciones en materia de obligaciones vinculantes para las transnacionales en el seno de las Naciones Unidas (ONU).
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