La principal medida energética que anunció el electo presidente Javier Milei es que buscará poner en valor YPF para posteriormente vender las acciones en poder del Estado. A cargo de esa misión estará Horacio Marín, CEO de Tecpetrol, la petrolera más beneficiada por los subsidios macristas y parte del grupo Techint, uno de los aportantes de la campaña de Milei. La ilusión de Milei es limitar el rol del Estado a la generación de un mercado para que operen los privados, lo que impide la administración de la energía como un bien estratégico y un derecho humano, mientras refuerza su concepción como mercancía.
Lejos de ser ideas nuevas, este dogma liberal nos retrotrae al pasado, a la década de los 90, cuando la petrolera de bandera quedó en manos de la española Repsol y padeció un vaciamiento inédito. También es preocupante la definición de Milei de buscar “recomponer” la empresa antes de venderla. No resulta claro qué significa eso, sin embargo algunas luces al respecto entregó Eduardo Rodríguez Chirillo, quien estará a cargo de la política energética del nuevo gobierno, en una charla en el Club del Petróleo en septiembre. En esa ocasión señaló “queremos ordenar las unidades de negocio de YPF. Está YPF Luz, YPF Agro, hay muchas unidades de negocio”. En ese sentido, la búsqueda ordenadora de Milei en YPF puede consistir en el desguace y desmembramiento de la empresa para luego avanzar hacia su venta a grupos empresariales amigos. Otra reminiscencia noventera.
YPF es la principal empresa del país, la mayor empleadora y la que más factura. Es también la principal extractora de petróleo y gas, la que tiene mayor capacidad de refino y la que cuenta con la red de estaciones de servicios más extendida. Aún siendo administrada como Sociedad Anónima, YPF es una herramienta estratégica para intervenir en un sector clave del que dependen todas las actividades económicas y los aspectos más básicos de la vida. Su rol en el mercado de combustibles es fundamental para limitar los intentos permanentes de igualar los precios internos a los internacionales.
Pero que esté controlada por el Estado no garantiza el acceso a la energía, mucho menos significa que funcione como impulsora de una transición energética justa y popular. La actual gestión de YPF no tuvo esos horizontes, por el contrario, desde su reestatización parcial en 2012 fue la principal impulsora de la explotación de hidrocarburos no convencionales y de yacimientos en aguas ultraprofundas, es la piedra angular del consenso del fracking y cumple un rol activo en la deslegitimación de las resistencias de los movimientos que defienden los territorios. Sin embargo, podría ser de otra manera. Nuestra lucha es por una YPF realmente pública, en la que tanto sus trabajadores y trabajadoras, como usuarios y usuarias tengan injerencia en su conducción, en su proyección estratégica para la transición energética justa y popular. Contrariamente, todos estos horizontes se alejan aún más si la gestión de Milei vende el porcentaje estatal de la compañía.
El avance reprivatizador liberal se asienta sobre las dificultades de conducción que tuvo YPF de manera reciente. Con el gobierno de Alberto Fernández finaliza una gestión que arrancó sin claridad en la materia. Una gestión que empezó cuestionando el enamoramiento generalizado hacia Vaca Muerta y se caracterizó por las zancadillas entre funcionarios de las distintas oficinas vinculadas a la energía. Recién con la asunción de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, y con los altos precios internacionales por la guerra de Ucrania, se promovió una política coherente aunque antipopular: la que reclamaban las empresas. Distintos programas de beneficios y la instalación de nueva infraestructura delinearon un cuestionable futuro exportador.
Las perspectivas teórico políticas de la nueva gestión, los anuncios de esta semana y la definición de CEOs en lugares estratégicos proponen un camino acelerado que ya fracasó en el gobierno de Macri. Aunque en la gestión del ahora socio capitalista de Milei el Estado no vendió su participación en YPF, las políticas estatales y corporativas operaron en contra de los intereses de la empresa, al tiempo que se privilegió a Tecpetrol, de Paolo Rocca, y a CGC, de Eduardo Eurnekian. La nueva administración que anuncia el plan privatizador tiene como objetivo fundamental correr al Estado para que las privadas de los amigos multipliquen sus beneficios a costa de los territorios, sus gentes y quienes usamos esa energía.
