En una controvertida decisión, el juez de garantías de Neuquén, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los imputados, el dueño y dos exgerentes de Comarsa, y dejó en suspenso el proceso judicial que empezó en 2020. Juan Manuel Luis, el dueño de la empresa, deberá retirar los residuos tóxicos que permanecen ilegalmente en el predio desde 2018, terminar su saneamiento y, junto a los otros dos imputados, abonar una suma de dinero que se definirá por fuera de la audiencia. De esta manera, la causa emblema de la desidia ambiental petrolera podría quedar en la nada. El público presente expresó su disconformidad con lo resuelto y el juez les expulsó de la sala. El fiscal, Maximiliano Breide Obeid, se retiró con notables muestras de enojo. Las querellas y la fiscalía anticiparon que impugnarán la decisión.
Por Fernando Cabrera Christiansen / OPSur.- Comarsa es una causa ambiental compleja e involucra uno de los aspectos más problemáticos del fracking de Vaca Muerta: los residuos. Con una investigación judicial que lleva seis años, la causa Comarsa analiza la contaminación con posible daño a la salud que generan las 300 mil toneladas de residuos tóxicos acopiados entre 2011 y 2026 en el predio de 18 hectáreas ocupadas ilegalmente, sin autorización y sin cumplir normas mínimas, como la impermeabilización del sueño. La acusación también incluye una defraudación que involucra a apellidos renombrados de la sociedad neuquina. Es el proceso judicial ambiental más relevante que ha tenido la historia de Vaca Muerta.
En su resolución, sin embargo, Yancarelli omitió la dimensión de los delitos ambientales y de defraudación que fundamenta la causa y dejó claro que para él es un caso más. Por eso no solicitó documentación respaldatoria, confundió “remediación” con “traslado y disposición final” y esto último con “tratamiento”. Modificó los plazos cuando la defensa dijo que no podía cumplirlos y al resolver tampoco tuvo claro a quién imponer los compromisos.
El juez de garantías justificó su decisión a partir de un caso previo para nada comparable. Se trata de la causa Cerutti de 2024, un basurero petrolero aparentemente similar a Comarsa pero 100 veces más chico. Entre 2007 y 2009, la planta de Cerutti recibió 2300 metros cúbicos de residuos tóxicos, mientras en el predio de Comarsa a casi 10 años de su cierre todavía quedan 210 mil. Además, Cerutti aceptó la culpabilidad y recibió una pena condicional. En definitiva, usó un hecho y una resolución muy distinta a la de Comarsa, en la que ninguno de los tres imputados reconoce responsabilidad alguna.
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Al iniciar su exposición resolutoria, el juez exigió que los imputados finalicen el traslado total de los barros empetrolados y su debido tratamiento en el lugar de destino, y que, además, se remedie el predio para ser devuelto posteriormente a la provincia y al municipio en el plazo de un año.
Cuando uno de los abogados querellantes, Emanuel Roa Moreno, solicitó algunas precisiones, el juez consultó a los imputados sobre la factibilidad de los plazos. El dueño de Comarsa respondió con un dubitativo “sí” pero su abogado defensor argumentó que no es técnicamente posible. Ante esto, Yancarelli modificó el juez estableciendo un año para el retiro de los barros y extendiendo a tres los años para el saneamiento. Sin embargo, nada dijo en relación al tratamiento de los barros trasladados que hoy están siendo enterrados sin tratar.
En estos momentos, Comarsa está llevando adelante su quinto plan ante la oficina de Ambiente de la provincia. Hace una década presentaron el primero referido al retiro de los hornos con los que hacían el tratamiento de los residuos peligrosos. No cumplieron ninguno. En esta audiencia anticiparon que tampoco llegarán a los plazos acordados en este quinto plan. La fiscalía y la querella en sus intervenciones hicieron referencia a esta situación que no fue tenida en cuenta por Yancarelli. Está acción judicial marca un precedente riesgoso ante una Vaca Muerta en expansión. La impunidad petrolera como regla y garantía jurídica, un horizonte de indefensión ante casos de contaminación comprobables, con consecuencias sanitarias severas.
La ministra de Ambiente juega para las petroleras
La audiencia para tratar la solicitud de suspensión del juicio empezó con el pedido de llamar como testigo a la ministra de Ambiente de Neuquén, Leticia Esteves, presidenta provincial del PRO. Aunque el juez Yancarelli la rechazó, la solicitud puso en evidencia el peso político de quienes están acusados y el rol de la provincia como garante de la impunidad petrolera.
Con Esteves como testigo buscaban presentar el plan de retiro de residuos que Comarsa acordó con la empresa Indarsa y que la Secretaría de Ambiente autorizó en 2024. Allí se estableció que se retirarán 210 mil metros cúbicos de barros tóxicos en 24 meses. Al anunciar este plan, Esteves se mostró orgullosa: “Nosotros estamos resolviendo los problemas, no haciendo circo”. Sin embargo, la funcionaria nunca explicó por qué esos barros tóxicos no serán tratados: sólo los depositarán contaminados en la planta de disposición final de la compañía Indarsa. Tampoco explicó si dimensionaron el impacto contaminante del abandono a cielo abierto de ese material durante tantos años.
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Algo que llama la atención es que Indarsa, una de las empresas de Claudio Urcera, trabaja a cuenta. Es decir, está financiando el costo de cada tonelada de residuos que acopia en su planta de Añelo, mientras Comarsa tiene embargadas sus cuentas. Por cada tonelada recibida, Urcera le anota a Comarsa 27 dólares de deuda. Un cálculo conservador daría alrededor de 8 millones de dólares para las 300.000 toneladas. Comarsa no tiene ese patrimonio para pagar.
El argumento del dueño de Comarsa
Por primera vez estuvieron presentes dos de los imputados: uno de los ex gerentes, Héctor Basilotta, y el ya mencionado Juan Manuel Luis, el dueño de Comarsa. La voz del empresario era prácticamente desconocida.
“Desde diciembre de 2024 hasta ayer llevamos trasladadas 150 mil toneladas. Mi compromiso personal de solucionar este tema está claro. Si ya llegamos a las 150 mil de 300 mil sería poco inteligente no continuar haciéndolo”, argumentó Luis, cuya defensa había anticipado minutos antes que no cumplirá con el plazo de traslado acordado con la Secretaría de Ambiente, que finaliza el 9 de diciembre próximo.
Luis definió que de continuar el proceso judicial y a la vez la “remediación del predio” su situación sería una paradoja. “Sería al mismo tiempo condenado y estaría remediado el problema. Eso es paradojal”, sostuvo mientras preguntó: “¿Cuál es el incentivo de continuar (trasladando los residuos) si voy a ser juzgado de igual manera, no?”.
Una sutileza que vale la pena señalar es que el acuerdo comercial entre Comarsa e Indarsa autorizado por Ambiente en 2024 no incluye la remediación del predio. Se refiere únicamente a la disposición final de los 210 mil metros cúbicos (300 mil toneladas) de residuos tóxicos peligrosos. Esas más de 10 mil camionadas de residuos serán alojadas en Indarsa sin darle tratamiento. Justamente la tarea por la que Comarsa cobró al menos 40 millones de dólares de YPF.
Pero, por si esto ya no fuera suficientemente grave, nada dice el acuerdo en torno a la remediación posterior del predio de la ciudad de Neuquén. Es un compromiso de retiro de los residuos peligrosos superficiales. En otro momento de su intervención el dueño de Comarsa dijo que no sabía la dimensión de los residuos enterrados a los que se refirió posteriormente el fiscal. Materiales que no están incorporados en el plan de traslado.
Luis explicó que pese a que la denuncia inicial estuvo dirigida contra Comarsa, funcionarios y empresas petroleras generadoras, sólo Comarsa está en el proceso judicial. Al respecto, expresó: “Comarsa no contamina, descontamina. Y lo ha hecho en cientos de miles de toneladas. Comarsa no genera residuos. Los residuos los genera la industria de la que vive la provincia y prontamente va a vivir la nación. Es una consecuencia. Las tratadoras estamos para remediar eso”.
Los fundamentos de la acusación
Durante la audiencia, el fiscal Maximiliano Breide Obeid explicó su oposición en que se trata de un hecho grave que involucra delitos ambientales, beneficios económicos millonarios y posibles afectaciones a derechos constitucionales, como el acceso a un ambiente sano.
“Los damnificados son los habitantes de la ciudad, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos”, sostuvo. Además, precisó que los residuos tóxicos de Comarsa contienen por lo menos seis sustancias cancerígenas. “No tenemos una idea del problema que tenemos casi en el centro de la ciudad”, enfatizó.
Breide señaló que la propuesta de reparación de los acusados para evitar el juicio le causaba gracia. “Lo que ofrecen nos parece un chiste o una cachetada a quienes venimos investigando esto. La defensa ofrece cumplir con el compromiso por el cobró 40 millones de dólares”, explicó. Y señaló que en el último allanamiento encontraron residuos tóxicos enterrados debajo de una capa de tierra. “Las 300 mil toneladas son solo la punta del iceberg”, enfatizó.
Por su parte, la querella de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas de Argentina, cuyo apoderado es Emanuel Roa Moreno, respondió al dueño de la empresa enfáticamente: “Comarsa no descontaminó, acumuló”. Se mostró preocupado porque no se sabe qué cantidad de residuos hay enterrados y precisó que el alojamiento en Indarsa más el traslado de las 300 mil toneladas cuesta 16 millones de dólares. Monto que no incluye la remediación del predio del Parque Industrial.
Por su parte, el abogado de la APDH de Neuquén, Bruno Vadalá, subrayó que es un caso de gravedad social. Y explicó que el recurso de suspensión de juicio a prueba está pensado para reducir las desigualdades, de ninguna manera para casos que involucran a empresarios.
La sucia historia de Comarsa
El predio de Comarsa en Neuquén está ubicado a pocos metros de viviendas y planes de desarrollo urbanístico. Esta proximidad representa un riesgo sanitario y ambiental que fue señalado en numerosas ocasiones por organizaciones y vecinos y vecinas de la ciudad. Incluso la fiscalía señaló la cercanía con los barrios como un serio problema sanitario.
Las denuncias que a partir de 2014 sostuvo la asamblea Fuera Basureros Petroleros en torno a Comarsa obligaron a que, semanas antes de terminar su mandato, el gobernador Jorge Sapag firmara el decreto 2263. Por esa normativa, en 2018 las 18 hectáreas de la planta cerraron sus puertas al ingreso de residuos de Vaca Muerta. Desde entonces, los barros empetrolados estuvieron acumulados allí a la espera de algún tratamiento.
El decreto 2263 de 2015 dispone que este tipo de plantas deben ubicarse “fuera del ejido municipal, a una distancia mínima de ocho kilómetros de zonas urbanizadas o con proyectos de urbanización, considerando las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos veinte años”. El decreto que regula la actividad también establece “una zona de cinco kilómetros, tomados desde el perímetro de la Planta, dentro de la cual no podrán existir asentamientos poblacionales”.
En 2020, la Asociación de Abogados/as Ambientalistas de Argentina denunció penalmente al basurero petrolero. A comienzos de 2024, la fiscalía formalizó la acusación contra el dueño y dos gerentes de la empresa por los delitos de contaminación y administración fraudulenta. En octubre del mismo año, la entonces secretaria de Ambiente, Leticia Esteves, autorizó a Comarsa a retirar 210.000 metros cúbicos de residuos almacenados en el predio del Parque Industrial de Neuquén. Tarea que desde diciembre la empresa lleva adelante pero incumple los plazos que había acordado con Ambiente. Hoy el municipio de Neuquén está entregando lotes con servicios en las inmediaciones de la planta de Comarsa del Parque Industrial.
Foto de portada: Juan Manuel Luis y Héctor Basilotta, el dueño y el entonces gerente de Comarsa. Audiencia pública para evaluar el Estudio Ambiental de la planta de Añelo. Septiembre 2016. Martín Álvarez Mullally/Opsur
