La misma semana en que el INDEC informó que la pobreza fue del 32% en el primer semestre de 2026, el Senado aprobó la modificación del régimen de Zona Fría. La decisión le quita ese subsidio en la tarifa de gas a 1,6 millones de hogares en 11 provincias y les condona 1.800 millones de dólares de deuda con el Estado a Edenor, Edesur y otras distribuidoras eléctricas. ¿Para quiénes son los salvatajes y para quiénes las deudas en la política energética de Milei?
Por Analía Zárate y Rosaura Barletta / OPSur. Fotos: Martín Álvarez Mullally
En el debate público sobre los subsidios a la energía en Argentina, gobiernos y buena parte de los medios se dedican a auditar el poder adquisitivo de las familias y la cantidad que -según ellos- le corresponde consumir a un hogar. “No podemos subsidiar piletas climatizadas”, “el subsidio tiene que llegar a los que verdaderamente lo necesitan”, “nos hicieron creer que la luz y el gas eran gratis”, son argumentos que se amparan en la necesidad de eficiencia económica en la gestión de la energía y reducen la discusión a cómo y cuánto tiene que incidir el Estado en las tarifas que pagan los usuarios. Un abordaje que omite por qué y para qué existen los subsidios.
“Yo no uso televisión, ni microondas, ni lavarropas, ni computadora, ni pava eléctrica. Uso el cargador del celular, la heladera y las luces. También las de afuera, porque el barrio tiene muy poca iluminación y cuando llegamos de noche por la calle prendemos la linterna del celular”, dice Ana Pereyra, docente jubilada, lejos de utilizar la electricidad para climatizar una pileta como sugirió el jefe de Gabinete Diego Santilli. Vive en un barrio periférico de la ciudad de Mar del Plata en una casa que alquila desde hace tres años y no sabe por qué no le otorgan el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para la electricidad. Paga la tarifa plena, unos 200 mil pesos por mes.
El tarifazo del invierno afectó a todos los usuarios, incluso a ella, aunque dice que su consumo eléctrico no aumentó porque se calefacciona a gas. Aun cuando después de ponerse al día le quedan 50 mil pesos para vivir el resto del mes, asegura: “estoy pagando la boleta de luz completa porque aceleran los cortes por mora”. En las movilizaciones contra el tarifazo que convocaron diferentes organizaciones políticas y sociales de Mar del Plata, los usuarios presentaron boletas por montos aún mayores: 7 millones de pesos para cuatro familias, por ejemplo. Los damnificados por servicios impagables también se manifestaron en Santa Teresita y San Clemente del Tuyú, entre otras localidades costeras de la provincia de Buenos Aires. “El invierno para mí es una situación muy delicada. Estos ajustes nos están aniquilando. Yo antes tomaba café, ahora té. Ya no uso la tarjeta de crédito para comprarme un par de zapatillas o hacer regalos, sino para ir al súper, y con cuidado”, cuenta Ana.
Foto: latecla.info
El Índice de Precios al Consumidor que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) es un indicador de lo que valen ciertos productos y servicios y se utiliza para seguir la evolución de la inflación. Para estimar qué rubros de la canasta pesan más sobre otros, la actualización de esos precios se combina con un ponderador elaborado en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) realizada en 2004. A comienzos de 2026 se anunció que se reemplazaría esa encuesta de 2004 por una medición de 2018. Con ese cambio, el ítem “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” iba a pasar de pesar el 9,4% al 14,5%. Finalmente, el gobierno nacional impidió la actualización y Marco Lavagna, el entonces titular del organismo, renunció.
Marcela Almeyda, Coordinadora de IPC Nacional y delegada de ATE INDEC, dice sobre el episodio: “Nuestro lema siempre es que las estadísticas tienen que ser independientes de los gobiernos de turno, tienen que servir para medir lo mejor posible la realidad y hay que usar el mejor instrumento disponible”. Y aclara: “Probablemente, las tarifas (de los servicios) hayan subido aún más su ponderación respecto de 2018 (año de la medición que pretendía aplicar Lavagna), si bien para entonces el macrismo ya había hecho una readecuación y sacado subsidios”. De todas maneras, asegura Almeyda, el parámetro “queda viejo teniendo en cuenta que en 2024 hubo un aumento grande. Es evidente que en el gasto de los hogares continuó subiendo el peso que tiene el pago de las tarifas, porque los aumentos han sido siempre por encima de la inflación, tanto en gas y electricidad como en transporte. Sin embargo, el de 2018 es el último dato disponible. Por eso hay que usarlo, metodológicamente lo correcto es eso”.
De fondo suenan los bombos de la radio abierta que convocaron los trabajadores y trabajadoras del Instituto el 24 de septiembre para alertar sobre los bajos salarios y la preocupante situación del organismo. El mismo día se publicaron los datos de pobreza del primer semestre de 2026.
Cuando un hogar subsidiado supera cierto volumen de consumo pierde la cobertura sobre el excedente, lo que en los hechos funciona como una penalización. El régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), destinado a hogares con un ingreso de hasta tres canastas básicas o en situación de vulnerabilidad, cubre el 50% del costo de la electricidad en un consumo de hasta 300 kWh mensuales en los meses de mayor demanda y 150 kWh en los meses templados. Si se supera el límite, se paga el precio sin cobertura por el resto. Para el gas el esquema es similar, y también se penaliza el incremento de consumo respecto del mismo período del año anterior. Aun cuando el propio Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) afirma que “los niveles de consumo residencial están condicionados fundamentalmente por las variaciones de temperatura” y, en segundo lugar, por la confección de las viviendas. Está normalizado pensar la eficiencia en la asignación de recursos públicos poniendo el foco solo en los consumidores finales.
No aclares que oscurece: ¿A dónde van realmente los subsidios energéticos?
Marco Kofman, economista e investigador del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) y del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES), describe una dinámica discursiva nociva sobre los subsidios en detrimento de los usuarios: “Se difundió mucho la idea de que los subsidios a la energía venían a cubrir la parte que los hogares no querían o no podían pagar. Básicamente, la culpa de ese gasto del Estado cae siempre sobre la espalda de las familias, de los usuarios de energía y de gas. Como si fuera un tema exclusivamente de la demanda. Pero cuando se analiza año tras año cómo se movieron los subsidios de la energía, el precio de las tarifas no es el factor que más incide”.
Kofman publicó este año el libro Energía, Economía y Poder, en el que discute qué son y por qué existen los subsidios. El autor parte de la clásica definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), que los describe como “una transferencia de recursos monetarios que realizan los gobiernos en favor de otras entidades”. En otras palabras, un tipo de gasto estatal para incentivar a un privado a realizar una actividad económica o favorecer el acceso de la población a un servicio o bien. El subsidio cubre una porción de los costos y es una forma de estímulo. También lo son las exenciones impositivas, por ejemplo, contempladas en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en la Ley Bases durante el gobierno de Javier Milei.
La palabra “subsidio” se repite con ligereza, como si su significado fuera obvio, pero Kofman aclara: “No todo gasto estatal es un subsidio. Cuando los servicios, como la educación, la salud o la seguridad, son prestados por el propio Estado, no hablamos de subsidios, sino de gastos corrientes. El subsidio aparece porque la electricidad y el gas domiciliario son servicios que se prestan a través de empresas”. No habría debate sobre los subsidios a las tarifas de luz y gas si no hubieran ocurrido las privatizaciones de empresas públicas como SEGBA (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires) o Gas del Estado en la década del 90.
Los subsidios atraviesan toda la cadena energética, desde la producción hasta el consumo. Algunos buscan incentivar la oferta de energía y otros abastecer la demanda. Kofman describe diversos factores que inciden significativamente en el gasto estatal: “El primero que aparece es el precio que se acuerda que perciban los productores, para que le resulte beneficioso. Precio estímulo, se le llama. Por otra parte, cuando hace falta importar más energía porque el abastecimiento interno es insuficiente, se importan combustibles para la generación eléctrica y eso aumenta el costo del gas, lo que hace subir los subsidios”.
Otro factor, agrega Kofman, es el precio internacional de la energía. Y hay otro más: “como todo el sistema energético está en dólares, todos los precios se acuerdan en esa moneda. Cuando cambia la relación entre el peso y el dólar en una devaluación, también cambia la necesidad de subsidios y se encarece la energía. Es decir, el problema de los subsidios no es un tema del que paga la energía: todos estos ejemplos son de la oferta de energía, del que la provee, el que la produce”.
Composición del costo de los subsidios 2016 – 2026
Fuente: Energía, economía y poder. Marco Kofman
Desglose del gráfico
El principal gasto del Estado en materia de subsidios energéticos (52%) es el subsidio a la producción de electricidad con gas extraído en Argentina, una fuente primaria que usan las termoeléctricas. La intermediaria es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), encargada de abastecer al mercado eléctrico. En segundo lugar (29%), están las importaciones: se subsidia la diferencia entre el costo de importación y el precio local del gas para producir electricidad. Las empresas de gas reciben, también, un subsidio (3%) por el costo de la política tarifaria en favor de los usuarios, por ejemplo garrafa social, etc. Por otra parte, como impulso a las hidrocarburíferas para que desarrollen yacimientos, también se otorgan subsidios (11%). Luego se encuentran las partidas para el desarrollo de la infraestructura (4%) y las destinadas a empresas reguladoras y a la eficiencia energética y renovables (1%).
RIGI o formas de diezmar la capacidad recaudatoria del estado en nombre de las inversiones
Al costo fiscal de los subsidios, se le agrega el de las condiciones que garantiza el régimen de Milei, principalmente a través del RIGI. En un artículo sobre los 13 años de la explotación de Vaca Muerta, Marcelo García explica: “Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el costo fiscal anual del RIGI podría rondar entre los 1.307 y los 2.362 millones de dólares por la reducción del Impuesto a las Ganancias, eliminación de las retenciones a las exportaciones, exención de los aranceles para la importación, cancelación IVA con Certificados de Crédito Fiscal, dividendos con alícuota reducida y la gradual libre disponibilidad de divisas”.
Según el Informe de mayo de 2026 del Observatorio del RIGI, “entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos de los cuales 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería (20) e hidrocarburos (10). Los restantes se distribuyen entre energías renovables, infraestructura y siderurgia”. El 95% del capital comprometido en inversiones en este régimen está concentrado en el sector energético.
Fuente: Observatorio del RIGI
Focalizar el debate en no generar déficit fiscal y, por lo tanto, en la necesidad de reducir subsidios a las tarifas es contradictorio cuando en contrapartida se incrementan los estímulos fiscales y se limita la capacidad recaudatoria del Estado. Según datos del Informe de Coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), desde que asumió el gobierno Javier Milei, la recaudación estatal acumula una pérdida de 50,8 billones de pesos.
¿A costa de quiénes?
A escala nacional, provincial y municipal, en todo el país operan cientos de distribuidoras eléctricas de origen privado, público y cooperativo. Edesur abarca Capital y el Conurbano sur, y proporciona el suministro a más de dos millones de hogares. Los ingresos registrados por la compañía en 2025 superan los 2 billones de pesos. Según la propia Edesur, “una mejora respecto del ejercicio 2024 debida, principalmente, a los aumentos tarifarios”. Edenor cubre la zona noroeste de Capital y del Gran Buenos Aires y abastece a más de tres millones de hogares -el 20% de la distribución nacional-. Cerró 2025 con una ganancia neta de 157 mil millones de pesos.
Está a la vista que Edesur y Edenor son privadas, bien privadas. A tal punto que en el nuevo régimen de Zona Fría aprobado en el Congreso el 24 de septiembre se prevé condonarles a ambas 1.800 millones de dólares de deuda con CAMMESA. El tándem de tres que maneja Edenor, integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, adquirió también el 70% del paquete accionario de Metrogas y Filiberti está en carrera por el 90% de AySA, la empresa pública de aguas, ya licitada gracias a la Ley Bases.
Respecto del gas, nueve distribuidoras y más de 60 subdistribuidoras operan en todo el territorio nacional. Naturgy gestiona el norte y oeste del Conurbano, y Metrogas el suroeste y toda Capital Federal -27% de la distribución nacional-. El tándem la hizo bien, y al paquete accionario de Metrogas se lo vendió YPF. Vila y Manzano, además, dominan buena parte de la discusión pública y la circulación de información: son dueños del Grupo América con 49 medios de comunicación en todo el país.
En Mar del Plata, la docente jubilada Ana Pereyra es usuaria de EDEA (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica) en el caso de la electricidad y de Camuzzi en el caso del gas. Sobre EDEA, explica: “Hemos hecho movilizaciones vecinales y con organizaciones. Nos juntamos hace unas semanas en la puerta de la empresa. En forma individual responden que el trámite es digital, que insistamos por ahí, por eso fuimos en grupo. Su respuesta fue atender a través de un vidriado y poner a un guardia a bloquear la entrada”.
“Camuzzi, la empresa de gas, sí me asignó el subsidio porque califico como ingresos bajos y los valores son un poco más accesibles (30 mil pesos). No hay razón para no acceder en el caso de la electricidad”. En Tierra del Fuego, en la localidad de Tolhuin, más de 300 hogares tuvieron otra experiencia con Camuzzi: la empresa les cortó el suministro por falta de pago con temperaturas de 19 grados bajo cero. Los vecinos tuvieron que activar redes de solidaridad para compartir la calefacción y el agua caliente con los damnificados. Según el caso, pagan varios cientos de miles de pesos al mes. En la provincia también se organiza la Mesa Interbarrial de Ushuaia, un grupo de vecinos que surgió para reclamar contra los recortes a los subsidios al gas envasado en garrafas (GLP).
Analizar en profundidad toda la cadena de subsidios posibilita pensar la eficiencia y la justicia energética, en todas las etapas del sistema. El Presupuesto 2027, que espera ser tratado en el Congreso, prevé un recorte en el costo mayorista de la electricidad y una quita de subsidios a las tarifas y a los incentivos al mercado del gas. Entre los argumentos del gobierno aparece la necesidad de que se pague el costo real de la energía. “Un gran consenso y un discurso vacío que se repite mucho es que los hogares tienen que pagar lo que la energía cuesta. El costo de la energía es complejo de definir porque proviene de múltiples fuentes, es sumamente variable”.
En todo este circuito, no se audita a las compañías para definir si los subsidios corresponden o no. No dependen de la necesidad de apoyo económico dada su situación financiera o de si, por el contrario, obtienen tantas utilidades que pueden remitirlas al exterior o invertirlas en el sector financiero. “Todas las empresas del sector trabajan con deudas, con un capital prestado. Ese es un costo que no tiene que ver con la producción sino con la forma de financiar las inversiones en esa producción. Es un costo financiero que no tiene por qué ser pagado por los usuarios”, explica Kofman. Tampoco se ejerce ninguna penalidad por las maniobras de empresas que piden préstamos -que no necesitan- a entidades de su misma firma en el exterior, o giran fondos a sus socias por contratación de servicios. Todos mecanismos de transferencias de recursos que ejerce incluso el empresariado argentino trasnacionalizado y domiciliado en paraísos fiscales. No es dinero marginal: en la actividad petrolera en los últimos 20 años las cifras de dolarización y fuga de excedentes superan a las de exportación. Y el sector energético lidera esa extranjerización de ganancias.
Fuente: ¿Adónde van los dólares de Vaca Muerta?
Informe económico sobre los hidrocarburos y el sector externo. EJES – agosto de 2026
Las vaquitas son ajenas y los argumentos también
La actividad hidrocarburífera en Argentina no se regula como política energética sino como esquema de generación de divisas. Un esquema que se sirve de la rueda de subsidios, préstamos y fuga y que responde a los intereses de hacer crecer una actividad que genera muchos dólares. Para algunos gobiernos el incentivo a esa actividad se sostuvo con la promesa -hasta ahora no cumplida- de derrame, redistribución o de desarrollo económico, el aspiracional de ser como Dubai; para otros, la insistencia se centró en el sacrificio por el pago de la deuda externa. Hoy funciona para cubrir la necesidad de acumulación de reservas y para que no se disparen el dólar y la inflación. En todo el argumentario, la voz de los usuarios y de las comunidades donde se generan las actividades extractivas debe cobrar protagonismo.
La justicia energética no solo contempla la accesibilidad desde una perspectiva distributiva, también busca que se reconozcan los impactos de la generación de energía y se restauren los territorios. Comodoro Rivadavia es una ciudad que se fundó hace casi 120 años ligada a la actividad petrolera. Como el gobierno de Milei busca centrar su actividad en Vaca Muerta y maximizar así la eficiencia operativa en los negocios, puso en marcha el Plan YPF 4×4. En criollo, significó el abandono de áreas maduras en otros lugares, como las de Mendoza y Comodoro Rivadavia con 2.500 y 10.000 trabajadores despedidos respectivamente. En Comodoro, Chubut, se vive una doble injusticia: en una ciudad históricamente generadora de energía el costo de los servicios es impagable y se intenta garantizar la impunidad ambiental producto de más de un siglo de extracción de hidrocarburos.
YPF acordó con Chubut su retiro con un pago de 25 millones de dólares, además “la Provincia asumió contingencias futuras vinculadas con los daños acumulados en las áreas y otorgó a YPF una liberación de responsabilidad frente a futuros reclamos”. Ante tanta impunidad, el docente universitario comodorense Jorge Spíndola y un grupo de abogados presentaron un amparo judicial que podría convertirse en un caso testigo a nivel nacional y sentar precedente sobre el tratamiento de los pasivos cuando se abandona una zona de extracción. En una entrevista que realizó Marcelo García para Resumen Latinoamericano, María Gimena Viviani de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas describe argumentos de la demanda: “en Comodoro Rivadavia hay en el ejido urbano 6.000 pozos, de los cuales 1.700 se encuentran inactivos y 3.700 se catalogaron como abandonados. Se estima que el costo del sellado definitivo oscila entre los 65.000 y los 200.000 dólares por pozo. Utilizando estos datos, el costo de sellar los pozos abandonados podría rondar entre los 240 millones y 740 millones de dólares”, cifra lejana al acuerdo firmado por el gobernador Ignacio Torres.
Los pasivos ambientales y los impactos sociales y económicos son los costos que la actividad hidrocarburífera no contabiliza e invisibiliza porque el foco está puesto en la exportación, en las divisas y en la productividad financiera. Mientras se produce cada vez más energía con cifras que baten récords de generación y exportación, los hogares deben costear tarifas cada vez más altas y en los territorios queda el despojo. Este derrotero podría verse como una paradoja, pero no es una falla: es el esquema de funcionamiento de la actividad energética. Para las grandes corporaciones energívoras, alto costo fiscal en subsidios y estímulos, condonaciones, préstamos y fuga. Para la población, endeudamiento, falta de información y de acceso a la energía. Incluso el subsidio a las tarifas es garantía de la renta empresarial. Los hogares argentinos se enfrentan a boletas, además de leoninas, indescifrables: no es posible responder cuál es el costo real de la energía, no se entiende qué se paga y por qué. Tampoco se la contempla como un derecho humano. Vaca Muerta crece y crece, la injusticia energética también.
