Los Muñoz son una familia de crianceros de Neuquén que viven en tiempos de grandes cambios desde la llegada del mundo de los hidrocarburos no convencionales a Vaca Muerta. Asentados en áridas zonas de la norpatagonia, subsisten de la crianza de sus animales y enfrentan a las impericias climáticas en condiciones de vidas extremas. Son los protagonistas del choque entre una economía de subsistencia y, una actividad extractiva, en un territorio plagado de necesidades y lleno de derechos vulnerados.
Por Martín Álvarez- Aguada del Chañar está ubicado a unos 115km de la ciudad de Neuquén y es parte de la zona centro-oeste de la cuenca hidrocarburífera Neuquina, donde se encuentra la formación geológica Vaca Muerta. Allí la voluntad del progreso petrolero invadió tanto la tierra, como el cielo. El rojizo paisaje de la meseta patagónica se ve alterado por camiones, torres de perforaciones, camionetas, ductos y piletones, entre otros elementos típicos del paisaje petrolero. El contraste son las humildes viviendas de los denominados “puesteros o crianceros”, pequeños campesinos que crían animales para subsistir en medio de una zona de fuerte estrés hídrico. Los antiguos corrales de piedra que resguardan a los animales del viento, hoy se encuentran rodeados de la última tecnología que llegó a la zona para hacer fracking y extraer los hidrocarburos no convencionales.
Enrique Muñoz tiene 35 años, es nacido y criado en la zona, pero se asentó a vivir en el puesto hace unos diez años, junto con su esposa y sus tres hijos. Su padre, Teófilo Muñoz, es dueño original del campo y vive en el lugar desde hace 43 años. Junto a su esposa, Gisella Bastias tienen tres hijos de diez, siete y tres años respectivamente. “Nosotros tenemos pozos cerca y lejos, hay unos como a 2 km, y nos vibra el techo y las ventanas cuando están fracturando”, cuenta Gisella. Para Enrique se juega con la vida de la gente. “De vez en cuando suena la alarma a cualquier hora y uno no sabe si tiene que irse corriendo con su familia o no. Los trabajadores nos han dicho que si nos tocan mucha bocina al pasar por la casa es que paso algo grave y hay que irse”.
La familia vive a unos escasos metros de la planta de deshidratación de gas que la empresa provincial Gas y Petróleo (GyP) tiene junto con Enarsa en su campo. Ahí ellos padecen permanentes contaminaciones tanto del suelo, como del aire. En la actualidad tienen que ser abastecidos de agua, que la comparten con sus animales, dado que la del lugar está contaminada por hidrocarburos. “Cuando uno sale afuera es muy fuerte el olor a petróleo y a gas. Hay días que por los venteos [de gas] no podemos abrir la puerta de la casa”, afirma Enrique.
Hace seis años la empresa llegó al campo, ingresó sin previo aviso, ni permiso de sus propietarios asentados. Desde ese momento comenzaron a notar grandes cambios: mucha circulación de vehículos, vibraciones, ruidos, robos y derrames, se hicieron parte de la vida cotidiana. Los hechos produjeron una consiguiente merma en la cantidad de animales de cría donde, según Enrique, pasaron de tener de unas quinientas chivas a menos de cien debido a una serie de factores.
Enrique denuncia que hubo una falta de controles de los cuatro nuevos caminos que la empresa abrió para el tránsito de sus equipos, lo que derivó en que en 2014 le robaran cuarenta chivos y en 2015, setenta. A esto se suman las bajas en las pariciones por el estrés de los animales al tener tanta circulación en el campo; pérdida de superficie del campo y de pasturas; y la pérdida de un recurso escaso y vital como el agua por la contaminación hidrocarburífera. Ante esta situación realizaron distintas protestas intentando ser compensados.
Tras un corte la empresa les hizo un pozo de agua para que se puedan abastecer. La precaria solución no duró mucho ya que por un derrame la fuente se contaminó y los Muñoz tuvieron que cortar nuevamente para garantizar que se les mantenga la provisión. En la actualidad, la empresa le suministra unos 8 mil litros de agua por mes.
El futuro llegó
Estas tierras tranquilas de gente mansa, se han visto alteradas por la llegaba del mundo de los no convencionales. Enrique lo cuantifica en el notable incremento del tráfico de vehículos “desde que llegó GyP pasamos de ver dos autos por mes, que eran de nuestra familia, a setenta u ochenta vehículos pesados circulando todo el día en el campo”. También nos cuenta que “cuando estaban perforando vibraba todo y los animales se alejaban, no iba más a pastar a esas zonas”. Al mismo tiempo, por “tantos vehículos los animales no quieren estar cerca de los caminos. Si uno ve quedan todos los pastos llenos de tierra por el polvillo”, hecho contraproducente para la recuperación del alimento de los animales.
A las alteraciones en la vida se le sumaron modificaciones en prácticas tradicionales, especialmente en aquellas que garantizaban una buena reproducción de los animales. En la zona, es común la práctica trashumante llamada “veranada”, esta evita el estrés hídrico que sufren las regiones desérticas de la meseta. La costumbre, emprendida por criollos y comunidades mapuche, consiste en el traslado estacional de los animales en época de engorde a las zonas con mejores pasturas cercanas a la cordillera de Los Andes. Esta práctica se está perdiendo poco a poco con la llegada de las empresas petroleras. Tradicionalmente, la trashumancia era una actividad familiar, por lo que los campos quedaban vacíos por varios meses para luego volver a ser ocupados. Ahora, con el trabajo ininterrumpido de la industria, la ausencia de los habitantes suele ser aprovechada por la empresas para introducirse en los campos o realizar grandes obras. Por caso, Enrique hace cuatros años que no lleva sus animales a la veranada ya que cada vez que regresaban se encontraban con derrames y nuevos pozos.
Violencia en el territorio
La familia Muñoz ha mantenido una tensa relación con las empresas, producto de la falta de reconocimiento y los abusos cometidos en su campo. Además de judicializar el problema, Enrique ha realizado protestas cortando el ingreso al yacimiento, acción que le ha costado tener causas judiciales en su contra y terminar detenido por las fuerzas policiales en cuatro oportunidades. Cada vez que la familia cortó el ingreso a su propio campo, la empresa la denunció a la justicia, y esta a su vez, ordenanó su desalojo por parte de fuerzas policiales. En varias ocasiones, hombres de civil entraron de noche a su campo y los amenazaron en su propia casa a fines de amedrentar y lograr que levanten las medidas de protesta. Enrique acumula un total de 43 causas judiciales debido a las protesta que ha realizado contra la empresa.
Cuando comenzaron los trabajos y consiguientes primeras protestas, el ex Ministro de Energía y presidente de la empresa GyP, Guillermo Coco, prometió un sinnúmero de beneficios a la familia Muñoz. Casa de material, un galpón cerrado, la entrega de forrajes, el pozo del agua, un vehículo, un tanque australiano para el agua de los animales y dinero mensual. Prácticamente nada de eso se cumplió. Para mejorar sus condiciones de vida, poder comprar materiales y construir la anhelada casa, Enrique tuvo que pedir trabajo a la empresa, quien durante un año (2014) lo tomó con un salario de diez mil pesos mensuales. Con este ingreso, logró tener algunas pequeñas mejoras en su calidad de vida al tiempo que mantiene la cría de animales.
Cronología del conflicto
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