El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le preguntó al gobierno nacional sobre cómo concilia la explotación de Vaca Muerta con el cambio climático y con el cuidado del medio ambiente y derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de quienes viven en la región donde se extraen hidrocarburos no convencionales.
Por OPSur.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas realizó dos preguntas al Estado argentino vinculadas con la explotación del megayacimiento Vaca Muerta. La primera se vincula con la manera en que el gobierno nacional prevé hacer compatible esa explotación con la obligación de mitigar el cambio climático proveniente del Acuerdo de París. En un segundo momento, el organismo internacional interrogó sobre cómo evitará el impacto negativo en el medio ambiente y en los derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de las personas que viven en la zona donde se extraen hidrocarburos no convencionales.
“Es un paso importante para el cuestionamiento internacional de Vaca Muerta. Fuera de las fronteras Argentinas se conocen únicamente los informe sobre la riqueza del megayacimiento pero nada se informa sobre los impactos socioambientales que está ocasionando la actividad. Además, debido al aumento de la violencia contra los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas registradas en la región, se necesita mayor protección”, evaluó Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, una de las organizaciones que promovieron estos cuestionamientos.
“El Comité deja en claro que los Estados tienen la obligación bajo los acuerdos de derechos humanos de la ONU de prevenir y reducir las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero generados por la extracción y combustión de combustibles fósiles”, analizó Sébastien Duyck, abogado principal del Centro Internacional de Derecho Ambiental, otra de las promotoras.
Por su parte, Lucy Mckernan, de Global Initiative, sostuvo que “estas preguntas dirigidas a Argentina revelan serias preocupaciones sobre la compatibilidad de las actividades extractivas en Vaca Muerta con las obligaciones de Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, en relación con los derechos de los pueblos indígenas y la mitigación del cambio climático”.
Estos cuestionamientos son parte del trabajo de realización del informe 2018 del Comité. En el documento que se publicará el próximo año, el Comité se referirá al cumplimiento por parte de Argentina de los compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Antes de junio de 2018, la gestión de Mauricio Macri deberá emitir una respuesta, tras la que el Comité dialogará con representantes gubernamentales antes de emitir las “observaciones finales”.
Las preguntas surgen de una presentación realizada por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.
Textuales de las preguntas dirigidas al Estado argentino:
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Indique cómo concilia su objetivo de explotar combustibles fósiles no convencionales, como su proyecto en Vaca Muerta en Neuquén, con su obligación de mitigar el cambio climático como parte de la cooperación internacional en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.
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Sírvanse explicar qué medidas concretas ha tomado o se propone adoptar para evitar que la explotación de combustibles fósiles no convencionales, como su proyecto en Vaca Muerta en Neuquén, con técnicas como el fracking, no tenga un impacto negativo en el medio ambiente y en los derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de las personas de la región.
