España estudia frenar compras de biodiesel como represalia por YPF

España compra actualmente casi un cuarto de las exportaciones argentinas de biodiesel. Y Europa en su conjunto 90%. Preocupación en el Gobierno

Por Julieta Camandone | Cronista.com

En medio de la embestida oficial contra YPF, controlada por el grupo español Repsol, las exportaciones argentinas de biodiesel podrían sufrir una represalia si el gobierno de España hace lugar a una orden ministerial firmada por el ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que acaba de ser desempolvada hace menos de dos semanas.

El 15 de marzo pasado, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos “que se celebra semanalmente y suele presidir el actual presidente, Mariano Rajoy” trató la orden que, de aplicarse, provocaría la prohibición de entrada en España de los biocombustibles argentinos. Ese país representó en 2011 casi un cuarto de las exportaciones de biodiesel argentino, según la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader). Las exportaciones de biodiesel de 2011 alcanzaron las 1,6 millones de toneladas por un valor superior a los u$s 1.900 millones.

La queja española a la importación radica en el diferencial de retenciones a las exportaciones impuesto por el gobierno argentino al complejo oleaginoso, según publicó el diario español El Mundo. Mientras el poroto de soja paga retenciones del 35%, el aceite de soja (su materia prima) paga 32% y el biodiesel 20%.

Con este diferencial “y de la mano de otros beneficios otorgados a la industria nacional por la ley 26.093” la producción y exportación de biodiesel argentino creció exponencialmente. La Argentina es el cuarto productor mundial y el primer exportador, y cerca del 90% de las ventas se dirigieron en 2011 a la Unión Europea, según informó la consultora Abeceb sobre datos del Indec.

Pero las ventajas competitivas de la industria argentina del biodiesel “están causando estragos en la industria europea, especialmente en Alemania y España, donde gran parte de la capacidad instalada se encuentra en estado ocioso”, informó Cader a fines del año pasado.

Para la industria española, el diferencial de retenciones hace que empresas locales, como Acciona y Abengoa, no puedan comprar el aceite barato para producir biodiesel en sus fábricas. Las importaciones de biodiesel desde la Argentina representan entre el 80% y el 90% del consumo español.

Por el enojo empresario y con cierto apoyo del bloque económico, Zapatero diseñó una norma que obliga a las petroleras a comprar biodiesel sólo a fabricantes europeos.

En mayo del año pasado, los empresarios españoles casi cantaron victoria en su intención de frenar las importaciones argentinas de biodiesel, tanto que otra cámara empresaria argentina, Carbio, alertó sobre su disconformidad. En un comunicado, indicó en mayo pasado que la medida “constituiría una barrera injustificada al comercio, dado que no existe una base técnica para su imposición y por tanto sería violatoria de las obligaciones que emanan de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

En ese momento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner habría enviado un duro mensaje a Zapatero para que la medida no se aprobara en pleno proceso electoral argentino. Según publica El Mundo, la mandataria habría dicho que si se prohibía la entrada de biodiesel argentino, las empresas españolas podían ir preparándose.

Pasó el tiempo, cambió el gobierno español y Cristina fue reelecta con más del 54% de los votos. Los halagos a YPF pasaron a ser críticas permanentes, y ante la ofensiva, el acuerdo podría quebrarse perjudicando las exportaciones del combustible verde nacional.

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El Gobierno e YPF ahora disputan por las garrafas

Un nuevo flanco se abrió en la disputa que sostienen el Gobierno e YPF. Una resolución del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) indicó que la petrolera no firmó una nueva extensión del acuerdo entre el organismo y productores de gas natural por el cual se constituye desde 2008 un fondo fiduciario para sostener el programa «garrafa para todos.»

Esa iniciativa implica mantener un precio regulado para la garrafa de uso doméstico con consumo más extendido. En la Resolución 2087, Enargas señaló que YPF no firmó la tercera extensión y que tampoco informó «en tiempo y forma» su decisión de discontinuar con el acuerdo. Agregó que «su ausencia» y «su accionar desaprensivo obligaron al diseño de un nuevo procedimiento tendiente a subsanar la situación».

Para remediar y castigar la ausencia, Enargas resolvió que «los productores no firmantes», que en principio es sólo YPF según la norma, destinarán el gas que producen a las categorías de usuarios que no tuvieron aumento en el gas en boca de pozo en 2008. Estos son los residenciales de las categorías 1, 2.1, 2.2, y las subdistribuidoras.

Para fundamentar la decisión, Enargas recordó que el aumento que se otorgó en ese año debía destinarse al fondo fiduciario para la garrafa social, y abarca a todos los consumidores, a partir de las casas de familia de la categoría 2.2.

Obligación
Pero como la producción de gas de YPF supera la de las categorías que no tuvieron ajustes, la norma del ente regulador estableció además que una vez abastecidos los clientes que no tuvieron ajustes, los productores no firmantes del acuerdo deberán seguir abasteciendo las categorías siguientes que conforman la demanda prioritaria. Esta se refiere esencialmente a los consumidores domésticos, por lo cual YPF tendría menos gas que en los años anteriores para venderles a la industria y a las centrales térmicas, que pagan un precio un poco más alto por el fluido.

De todas formas, como igual se calcula que YPF seguirá beneficiada por el aumento de 2008, Enargas dispuso que las distribuidoras de gas destinen el dinero que corresponde al incremento, al fondo fiduciario para la garrafa social.

La norma afirmó que las prestadoras del servicio de distribución perciben el incremento en el precio del gas en boca de pozo pero que esas sumas no forman parte de su giro comercial. También indicó que el productor no firmante del acuerdo «no sería acreedor» al incremento dispuesto en noviembre de 2008.

Por lo tanto, agregó, las distribuidoras estarían cobrando sumas que parcialmente deben destinarse al fondo fiduciario para la garrafa. Por eso establece una metodología para que las empresas de distribución ingresen el dinero al fondo. La medida implica que los recursos no serán percibidos por YPF ni siquiera en forma transitoria, y que disminuirán los ingresos de la petrolera por ventas de gas.

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