Desmontar Pizarro

Prólogo

 Ana González

Cuando en el año 2003 la Legislatura salteña, a instancias del gobierno de esa provincia, sancionó la Ley 7274 mediante la cual desafectó lo que era hasta ese momento una reserva natural, con el objetivo de poner a la venta los lotes fiscales 32 y 33, se desencadenó un conflicto social de magnitud. Este conflicto, en General Pizarro, departamento de Anta, Salta, involucraba a la población criolla que hacía uso extensivo de dichos lotes, a la comunidad wichí Eben Ezer, que tenía su asentamiento en las inmediaciones de Pizarro y que también utilizaba el monte para su manutención, y a las autoridades provinciales.

Por esta ley dichos lotes fueron delimitados catastralmente en siete matrículas números 16 126, 16 127, 16 128, 16 129, 16 130, 16 131, y 16 132. A partir de allí, el Poder Ejecutivo provincial inició un proceso licitatorio que derivó en la venta, el 17 de mayo de 2004, de los lotes 32 y 33 a tres adquirentes, que luego trasladaron las titularidades, a través de distintas cesiones de derechos, lo que generó posteriormente una serie de acciones judiciales.

Esta situación fue alertada por la organización internacional Greenpeace, que actuaba en la zona, y dio lugar a una gran inquietud por parte de la población criolla y de la comunidad indígena, que veían peligrar sus medios de vida y subsistencia. Ninguno había sido notificado inicialmente de las medidas que se estaban tomando respecto al lugar donde vivían desde hacía mucho tiempo.

Ante el peligro de ver hipotecado su futuro, los pobladores, con el asesoramiento de Greenpeace, recurrieron a diversas instituciones para solicitar apoyo en la defensa de sus derechos adquiridos. De esta manera, los indígenas recurrieron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a la Universidad Nacional de Salta. De igual modo, los criollos solicitaron ayuda. El argumento esgrimido por el gobierno de la provincia de Salta, en ese momento, fue que los lotes habían sufrido un deterioro tal que no ameritaba que siguieran bajo la figura de reserva natural. El contexto provincial y nacional en que tuvieron lugar estas acciones fue el del boom sojero; por lo que estas tierras eran muy apetecibles, una vez desmontadas, para la agricultura.

El conflicto, aunque adquirió características propias, en realidad es parte de un proceso más amplio que tiene lugar en nuestro país y pone en el centro del debate el modelo de desarrollo rural. En muchas provincias del Noroeste y del Noreste hasta hace poco tiempo existían grandes extensiones de tierra fiscal. En ellas han vivido durante décadas familias criollas y población indígena intentando sobrevivir sin mayores recursos que los que provee la naturaleza, con una escasa presencia del Estado, que provee servicios educativos y sanitarios, muchas veces insuficientes e inadecuados.

Desde la instauración de la dictadura militar de 1976 no hubo políticas de desarrollo rural que llegaran a las familias del sector de agricultura de subsistencia. Una institución como el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), de enorme valía en su momento, fue desmantelada y puesta al servicio de los grandes productores durante el gobierno militar y la década de los 90. La inmensa mayoría de los pequeños campesinos e indígenas quedaron desprotegidos. El Programa Social Agropecuario, si bien valioso en su momento, no ha alcanzado para suplir políticas de desarrollo rural integrales.

La preocupación por el precedente que se sentaba ante una situación que dejaba desprotegida de políticas públicas a una reserva natural y a sus habitantes, para luego “desprotegerla” legalmente con el fin de subastarla –sin tomar en cuenta los derechos adquiridos de la población y los daños ecológicos irreparables que se estaban cometiendo con la destrucción del monte chaqueño–, fue la motivación profunda que impulsó a las distintas instituciones a involucrarse en el tema.

Estas instituciones intervinientes llevaron a cabo diversas gestiones administrativas, políticas y judiciales con la intención de evitar que se hiciera efectiva la venta y el desmonte de los lotes. Pero, a pesar del esfuerzo, todas las medidas resultaban insuficientes o se demoraban demasiado y el proceso privatizador avanzaba inexorablemente. Cuando el desmonte era inminente, una acción dramática impulsada por Greenpeace, por la cual varios famosos se encadenaron en Plaza de Mayo, frenó las topadoras y destrabó el diálogo entre el Gobierno provincial y el Estado nacional.

El conflicto cobró nuevas fuerzas y se puso en marcha una propuesta por la cual el Gobierno nacional compraba una parte de la reserva y el Gobierno provincial cedía otra parte con el objetivo de crear un parque nacional. El fin de esta propuesta fue evitar el desmonte y dar participación a los pobladores en la gestión del área protegida.

En esta pelea, cada institución actuó según sus competencias, características, orientaciones y posibilidades. No siempre se acordaron las estrategias de corto y mediano plazo. No siempre los diagnósticos, previsiones y evaluaciones coyunturales fueron concordantes. Pero, sin duda, la motivación profunda del accionar tanto de la Universidad Nacional de Salta, como de la Secretaría de Derechos Humanos del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de Parques Nacionales fue la defensa de los derechos humanos y ambientales de criollos y de indígenas, de la generación actual y de las generaciones futuras.

Este libro, además de ser una crónica de los hechos, intenta sistematizar la experiencia realizada desde varias instituciones en el camino recorrido desde que los lotes 32 y 33 eran fiscales, protegidos por el encuadre de una reserva provincial, a la propuesta de conformación de un parque nacional con gestión participativa, hasta llegar a la situación actual después de transcurridos más de seis años de iniciado el conflicto.

Las urgencias del día a día y los rápidos cambios institucionales y políticos que dificultan la continuidad, la profundización y el necesario acompañamiento de los procesos, suelen impedir extraer de las experiencias realizadas los aprendizajes que de ellas emanan. Esta publicación es un esfuerzo por derrotar la inmediatez para detenernos a reflexionar sobre algunos problemas que se reiteran en muchas situaciones y en muchos lugares de nuestro querido país. Del análisis de los hechos, del proceso sociopolítico institucional que tuvo lugar y de las situaciones que luego se fueron dando, tanto con los pobladores criollos como con los wichi, surgen algunas preocupaciones que consideramos no deben agraviarnos o inmovilizarnos; por el contrario, deben poder transformarse en alertas y recomendaciones para modificar algunas prácticas que son contrarias a la vigencia de un estado de derecho, en el que las personas más humildes deben ser tenidas en cuenta, porque son sujetos de derechos.

Algunas de estas reflexiones y aprendizajes giran alrededor de advertir que cuando se ponen por delante intereses económicos, desde los ámbitos gubernamentales muchas veces se olvida que se debe gobernar para el conjunto de la población. Y los campesinos pobres e indígenas son parte de esa población y han sobrevivido en los márgenes porque no se los ha incluido a través de políticas activas que les garanticen seguridad jurídica sobre el esfuerzo realizado por años en las geografías más inhóspitas de nuestro país. A pesar de la existencia de normas de reconocimiento de derechos posesorios o de propiedad comunitaria indígena, a pesar de la existencia de organismos que debieran hacer el ordenamiento territorial con una orientación de a cabo políticas activas de difusión y acceso efectivo de derechos. Por el contrario, este no es el único caso ni la única provincia en la que se adoptan medidas de privatización de tierras fiscales sin tener en cuenta que están habitadas ni los efectos devastadores de los desmontes que hipotecan el futuro de nuestro país.

Otro de los problemas que apareció fue la evidencia de que el funcionamiento de los mecanismos judiciales de protección de derechos aparece como lento e inadecuado cuando se está ante la inminencia de daños que son irreparables, como son los desmontes. En estos casos, el retraso de la justicia llega a configurar la denegación de justicia: la imposibilidad de ejercer derechos que debieran contar con una protección efectiva y rápida ya que se está ante una desproporción de poder en el ejercicio efectivo de éstos.

Una amarga experiencia fue constatar la persistencia de prácticas clientelares que por excluyentes, discriminatorias y arbitrarias deben ser erradicadas. Estas prácticas se aprovechan de situaciones de extrema pobreza y desconocimiento de derechos, fomentando los aspectos más negativos de las personas en situación de extrema necesidad, enfrentándolas entre sí en una guerra de pobres contra pobres que los llena de indignidad. Es función del Estado (nacional, provincial y municipal), desde el poder que ejerce, la promoción de liderazgos solidarios y la participación colectiva en las decisiones basadas en el conocimiento y la información. Elementos estos que deben ser proveídos a todos y todas por igual desde los organismos públicos como derecho colectivo inalienable.

Hasta aquí he mencionado aspectos preocupantes que requieren de atención por parte de las autoridades competentes para su modificación. Pero también surgieron aspectos creativos y esperanzadores que nos permiten vislumbrar caminos nuevos en la búsqueda de soluciones integrales, entre ellos:

La importancia del diálogo, la articulación y la cooperación entre instituciones nacionales y provinciales; entre las instituciones del Estado, cualquiera sea su jurisdicción, y los distintos sectores poblacionales; entre el Estado y los organismos que producen conocimiento pero que también adoptan posiciones firmes en la defensa de los derechos de la comunidad y ponen esos conocimientos al servicio de la sociedad, como las universidades.

La posibilidad de generar propuestas de desarrollo local con participación social que, a la vez que preservan la biodiversidad, puedan crear fuentes de trabajo y aportar al progreso económico colectivo, demostrando que es posible un desarrollo que no sea depredador y excluyente en términos sociales. En este sentido la creación de un parque nacional en el que se involucre la participación de la comunidad local es un formidable desafío.

El acompañamiento responsable y continuo de los procesos de transformación económica y social, aportando los conocimientos técnicos y legales de nuevas formas de relacionamiento y los recursos materiales necesarios, también aparece como ineludible para el éxito de cualquier emprendimiento de envergadura. Gran parte de los fracasos provienen de la falta de acompañamiento suficiente y adecuado por parte de las instituciones del Estado hasta que las propuestas maduran y pueden ser llevadas adelante de manera autónoma, colectiva y democrática por la comunidad local.

En este libro se condensan varias voces, varios enfoques, varios aportes y reflexiones múltiples. En la diversidad está su riqueza. A todos nos alienta el compromiso en la búsqueda de soluciones profundas en el marco de un estado de derecho, y no paliativos para salir del paso momentáneamente. Más que un texto acabado pretende ser un documento de trabajo para seguir en el camino de aportar a mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas.

Buenos Aires, abril de 2009

Índice

Prólogo 9
Ana González

CAPÍTULO I
Crónica de una (in)satisfacción 17
Alba Silva

CAPÍTULO II
El camino de la justicia 117
Ana González y Miguel Martín Ávila

CAPÍTULO III
Las vueltas de Pizarro
Breve introducción 137
Ana Simesen de Bielke

La Universidad en defensa del ambiente humano 139
Marta de Viana

Las rutas de la codicia 155
Héctor Rodríguez

Anta y sus transformaciones territoriales 177
Marta de Viana y María Cecilia Morales Poclava

CAPÍTULO IV
La experiencia de promover la gestión social del territorio 205
Eloy López

CAPÍTULO V
Pueblos originarios y conservación 245
Elena Corvalán

Hacia una dimensión humana del territorio 291
Roberto Molinari

CAPÍTULO VI
La perspectiva wichí 293
John Palmer

A modo de conclusión 335
Equipo de trabajo de la APN en Pizarro

Epílogo 345
Ana González

Los autores 349

Las fotos 355

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