Por María Elena Saludas.- Hace un tiempo, precisamente, en febrero de 2011, todos /as los que venimos luchando por Justicia Social y Ambiental nos sentimos reconfortados al enterarnos que un Juez de Ecuador había condenado a la petrolera estadounidense Chevron Corporation a pagar una millonaria multa por los daños ambientales producidos, en el proceso de extracción de crudo, durante el período 1964 y 1990 en la Amazonia de ese país.
Este hecho reafirmaba la importancia de la resistencia y denuncia, desde el campo popular, de la explotación insaciable de los recursos humanos y naturales de uno de los principales actores del capitalismo mundializado: las grandes corporaciones transnacionales.
Fue la lucha que durante años llevaron adelante un grupo de, aproximadamente, 30.000 pobladores de gran parte del territorio de Sucumbíos (Ecuador), pertenecientes en su mayoría a comunidades indígenas, la que permitió que se conociera la situación catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas de zona selvática del Amazonas y el alto índice de cáncer y muerte en parte de este territorio. “Esta región nace y muere por el petróleo. Un pueblo indígena sin su territorio, sin sus tradiciones y cosmovisión, no existe” expresaban, también, los denunciantes de Texaco empresa al frente de la explotación petrolera, adquirida en 2001 por Chevron.
Esta empresa que acumula, también, denuncias, embargos y prohibición de salida de 17 de sus ejecutivos en Brasil, por el vertido al mar de 2.400 barriles de crudo, producto de filtraciones en la concesión explotada en el litoral del Estado de Rio de Janeiro, se niega a reconocer la sentencia condenatoria de la justicia ecuatoriana alegando que es producto de fraude y corrupción. Como Chevron no tiene activos en Ecuador, los demandantes invocaron, en consecuencia, un tratado entre Argentina y Ecuador (existente también, con Brasil y Colombia) de reconocimiento de sentencias y aplicación de medidas cautelares. Haciéndose eco del mismo, a principios de noviembre del corriente año, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 61 de Argentina, Adrián Elcuj Miranda, reconoce la medida de la justicia ecuatoriana y traba embargo, por más de U$S 19.000 millones, sobre los activos de Chevron en nuestro país. Este embargo en la Argentina comprende al paquete accionario, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros por ventas de petróleo crudo a las refinerías.
Hoy, el embargo está en pie, pero la causa está frenada. La compañía recusó al juez, pero la Cámara debe definir qué magistrado quedará a cargo. Es un final en disputa, que dependerá en gran medida del grado de concientización y movilización que alcancemos, al respecto, los movimientos sociales. La lucha no será fácil. La empresa cuenta con el apoyo de diversos sectores políticos.
En primer lugar esta empresa opera en Argentina el yacimiento de petróleo liviano más importante, El Trapial, ubicado en la provincia de Neuquén. De donde extrae la mayor parte de los, aproximadamente, 5.300 m3 diarios de crudo que coloca entre sus compradoras (Shell e YPF).
El gobernador de dicha provincia, Jorge Sapag manifestó, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”.
Por otra parte y, a pesar del fallo firme de la Justicia ecuatoriana en contra de Chevron, por daño ambiental, se acaba de firmar, en nuestro país, un acuerdo para poner en marcha un plan piloto para la explotación de petróleo no convencional (En Vaca Muerta – Neuquén) entre YPF, recientemente, nacionalizada y la petrolera estadounidense Chevron. La intención final es perforar más de 1000 pozos con una inversión total cercana a los U$S 15.000 millones.
YPF es el principal actor petrolero en Vaca Muerta, considerada la tercera reserva más grande del mundo en petróleo y gas no convencional (shale oil y shale gas). El yacimiento es la mayor apuesta de la compañía dentro de su plan quinquenal 2013-2017.
No parece muy factible que pueda prosperar en Argentina una condena a Chevron a pesar de su abultado currículum de atentados contra la Naturaleza y la Vida. Y, a pesar de este justo reclamo de una Deuda Ecológica que la corporación estadounidense tiene con los pobladores de una zona de la Amazonia ecuatoriana.
Finalmente, en Argentina no podemos dejar de reflexionar y denunciar sobre lo poco confiable y alentador que significa tener a semejante “socio” para nada menos que la explotación de hidrocarburos “no convencionales”. Este tipo de explotación es una decisión política expresada con claridad por Galuccio: “YPF está redirigiendo su atención y los recursos para el desarrollo de Shale Gas, una de las claves para ayudar a recuperar en el país el autoabastecimiento energético”.
En un excelente artículo del Taller Ecologista (Rosario) y el Observatorio Petrolero SUR (Buenos Aires) se reconoce que “El ambiente y la salud no son prioridad pública” en nuestro país. Y denuncian que el objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, tienen que ser intervenidas a partir de grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza, además, mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Lo que profundiza el proceso de calentamiento global, acumula graves daños ambientales y sanitarios, hecho comprobado en muchos países donde esta técnica ha sido prohibida.
Tanto el embargo a Chevron, como la asociación de esta corporación estadounidense con la empresa mixta YPF, para la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales, conducen a la discusión sobre políticas energéticas y esto tiene que ver, a su vez, con discutir políticas de desarrollo. El interrogante es si tiene sentido incrementar los flujos de energía para garantizar la continuidad del actual modelo productivo extractivista y expoliador de los bienes comunes del país y región. La respuesta a este interrogante nos conduce a la necesidad de comenzar a transitar, con urgencia, hacia alternativas al actual modelo de desarrollo. Los debates sobre el “vivir bien”, indudablemente, han abierto una vía posible de aportes.
Fue la lucha que durante años llevaron adelante un grupo de, aproximadamente, 30.000 pobladores de gran parte del territorio de Sucumbíos (Ecuador), pertenecientes en su mayoría a comunidades indígenas, la que permitió que se conociera la situación catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas de zona selvática del Amazonas y el alto índice de cáncer y muerte en parte de este territorio. “Esta región nace y muere por el petróleo. Un pueblo indígena sin su territorio, sin sus tradiciones y cosmovisión, no existe” expresaban, también, los denunciantes de Texaco empresa al frente de la explotación petrolera, adquirida en 2001 por Chevron.
Esta empresa que acumula, también, denuncias, embargos y prohibición de salida de 17 de sus ejecutivos en Brasil, por el vertido al mar de 2.400 barriles de crudo, producto de filtraciones en la concesión explotada en el litoral del Estado de Rio de Janeiro, se niega a reconocer la sentencia condenatoria de la justicia ecuatoriana alegando que es producto de fraude y corrupción. Como Chevron no tiene activos en Ecuador, los demandantes invocaron, en consecuencia, un tratado entre Argentina y Ecuador (existente también, con Brasil y Colombia) de reconocimiento de sentencias y aplicación de medidas cautelares. Haciéndose eco del mismo, a principios de noviembre del corriente año, el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 61 de Argentina, Adrián Elcuj Miranda, reconoce la medida de la justicia ecuatoriana y traba embargo, por más de U$S 19.000 millones, sobre los activos de Chevron en nuestro país. Este embargo en la Argentina comprende al paquete accionario, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros por ventas de petróleo crudo a las refinerías.
Hoy, el embargo está en pie, pero la causa está frenada. La compañía recusó al juez, pero la Cámara debe definir qué magistrado quedará a cargo. Es un final en disputa, que dependerá en gran medida del grado de concientización y movilización que alcancemos, al respecto, los movimientos sociales. La lucha no será fácil. La empresa cuenta con el apoyo de diversos sectores políticos.
En primer lugar esta empresa opera en Argentina el yacimiento de petróleo liviano más importante, El Trapial, ubicado en la provincia de Neuquén. De donde extrae la mayor parte de los, aproximadamente, 5.300 m3 diarios de crudo que coloca entre sus compradoras (Shell e YPF).
El gobernador de dicha provincia, Jorge Sapag manifestó, en el tradicional almuerzo del Club del Petróleo: “Quiero desearle públicamente éxitos a Chevron en su apelación, luego de que se dictaminara, de manera arbitraria e ilegal, el embargo de sus activos en el país. Esta determinación no le hace ningún favor a la actividad, ya que afecta a uno de los grandes y más confiables jugadores de nuestra industria de Oil & Gas, y no tendré problemas en decirlo todas las veces que sea necesario”.
Por otra parte y, a pesar del fallo firme de la Justicia ecuatoriana en contra de Chevron, por daño ambiental, se acaba de firmar, en nuestro país, un acuerdo para poner en marcha un plan piloto para la explotación de petróleo no convencional (En Vaca Muerta – Neuquén) entre YPF, recientemente, nacionalizada y la petrolera estadounidense Chevron. La intención final es perforar más de 1000 pozos con una inversión total cercana a los U$S 15.000 millones.
YPF es el principal actor petrolero en Vaca Muerta, considerada la tercera reserva más grande del mundo en petróleo y gas no convencional (shale oil y shale gas). El yacimiento es la mayor apuesta de la compañía dentro de su plan quinquenal 2013-2017.
No parece muy factible que pueda prosperar en Argentina una condena a Chevron a pesar de su abultado currículum de atentados contra la Naturaleza y la Vida. Y, a pesar de este justo reclamo de una Deuda Ecológica que la corporación estadounidense tiene con los pobladores de una zona de la Amazonia ecuatoriana.
Finalmente, en Argentina no podemos dejar de reflexionar y denunciar sobre lo poco confiable y alentador que significa tener a semejante “socio” para nada menos que la explotación de hidrocarburos “no convencionales”. Este tipo de explotación es una decisión política expresada con claridad por Galuccio: “YPF está redirigiendo su atención y los recursos para el desarrollo de Shale Gas, una de las claves para ayudar a recuperar en el país el autoabastecimiento energético”.
En un excelente artículo del Taller Ecologista (Rosario) y el Observatorio Petrolero SUR (Buenos Aires) se reconoce que “El ambiente y la salud no son prioridad pública” en nuestro país. Y denuncian que el objetivo de Chevron e YPF es la extracción de hidrocarburos de formaciones shale o esquisto -yacimientos no convencionales. Estas formaciones, al tener muy baja o nula permeabilidad, tienen que ser intervenidas a partir de grietas- para extraer los fósiles, esto se realiza, además, mediante la inyección de millones de litros de agua a alta presión, mezclados con arena y químicos (en gran medida tóxicos); técnica conocida como fractura hidráulica o fracking. Lo que profundiza el proceso de calentamiento global, acumula graves daños ambientales y sanitarios, hecho comprobado en muchos países donde esta técnica ha sido prohibida.
Tanto el embargo a Chevron, como la asociación de esta corporación estadounidense con la empresa mixta YPF, para la explotación masiva de hidrocarburos no convencionales, conducen a la discusión sobre políticas energéticas y esto tiene que ver, a su vez, con discutir políticas de desarrollo. El interrogante es si tiene sentido incrementar los flujos de energía para garantizar la continuidad del actual modelo productivo extractivista y expoliador de los bienes comunes del país y región. La respuesta a este interrogante nos conduce a la necesidad de comenzar a transitar, con urgencia, hacia alternativas al actual modelo de desarrollo. Los debates sobre el “vivir bien”, indudablemente, han abierto una vía posible de aportes.
*ATTAC – Argentina, CADTM – AYNA
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