La estrategia para recuperar la independencia pasa por incentivar la inversión de riesgo y aumentar las reservas de hidrocarburos en el país.
La Argentina enfrenta en materia energética serios problemas.
Nuestro país perdió durante los últimos diez años la independencia energética que trabajosamente había logrado a partir de 1960.
La exploración de riesgo, el verdadero corazón de la industria del petróleo y del gas, refleja un notable retroceso cuyas consecuencias están a la vista. Durante la última década, la producción petrolera cayó un 30% y la del gas un 15%. Pero más grave aún es la disminución de las reservas petroleras (casi un 20%) y las gasíferas (casi un 50%), como consecuencia directa de la falta de inversión en exploración y desarrollo.
El impacto sobre la balanza comercial externa es preocupante . La Argentina pasó de ser un país exportador de gas y petróleo a ser uno importador. En 2012, las importaciones excederían los US$ 11.000 millones y dicho monto podría incrementarse más del 20% el año que viene.
También se desarmó el proyecto de integración energética regional que nos había transformado en un importante proveedor de gas natural a Chile y en un incipiente exportador de energía al Uruguay y al sur de Brasil. La exportación de energía no sólo representaba un sustancial ingreso de divisas para nuestro país, sino que también era un activo estratégico y diplomático relevante en nuestra política de integración sudamericana.
La creciente fragilidad energética ha impactado negativamente en la inversión industrial, particularmente en los subsectores que usan intensivamente la energía, como la siderurgia, el aluminio, la celulosa, los fertilizantes, la química y la petroquímica. El crecimiento de los últimos años contribuyó a sostener las ganancias empresarias, pero las grandes inversiones se postergan, o se realizan en otros países, donde la disponibilidad de energía está asegurada.
Las políticas gubernamentales, instrumentadas durante los últimos diez años, son las principales responsables de estos magros resultados.
Políticas poco felices (controles de precios y masivos subsidios que han distorsionado las decisiones de consumo, producción e inversión) y modificaciones permanentes en las reglas del juego provocaron profunda descapitalización del sector. Se estima que la reducción en las reservas petroleras y gasíferas representa una pérdida de capital de más de US$ 100.000 millones.
En la actualidad, nuestro crecimiento económico depende de costosas y crecientes importaciones de gas natural líquido (LNG) que se regasifican en plantas procesadoras situadas en Escobar y Bahía Blanca. El comercio internacional de gas natural líquido cobró vuelo durante los últimos años. La tecnología de enfriamiento del gas natural era conocida desde hace muchos años, pero la construcción de plantas terminales (para enviar y recibir el gas líquido), de plantas regasificadoras (para reinyectarlo en el sistema local de gaseoductos) y de gigantescos barcos tanques (para transportarlo) son fenómenos contemporáneos.
El suministro se negocia directamente con los grandes exportadores (principalmente Qatar, Malasia, Trinidad y Tobago, Nigeria e Indonesia) a través de contratos cuyos precios no se fijan en mercados transparentes , con todos los riesgos administrativos que esto conlleva. Además, quedamos sujetos a una larga cadena de suministros marítimos originados en países alejados económica, geográfica y culturalmente del nuestro, con todos los peligros que eso implica.
La magnitud del despilfarro fue grande . Basta comparar el precio del gas natural líquido de ultramar, que ronda los US$16 el millón de BTU, versus los US$2,50 que han recibido los productores locales durante los últimos años.
La independencia energética es vital para un país que se precie de ser soberano . Cuanto más dependamos de nuestra propia energía, menos expuestos estaremos a las consecuencias negativas de un corte en la cadena de suministros o a una suba descontrolada de los precios internacionales.
Nuestro país necesita una nueva política energética que atraiga las inversiones de riesgo necesarias para recuperar la autosuficiencia y quizás -si los resultados exploratorios son promisorios- volver a transformarnos en un exportador regional.
Si necesitamos importar energía siempre nos convendría traerla de nuestros vecinos de la región (Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú) que tienen lazos comerciales y políticos más estrechos con nuestro país, que de economías lejanas, con las cuales tenemos pocos contactos. Además, los costos de transporte son mucho menores.
El corazón de la estrategia para recuperar la independencia energética pasa por incentivar la inversión de riesgo y así, incrementar sustancialmente las reservas de hidrocarburos en nuestro país.
Se trata en lo esencial de definir un marco legal y una política de precios que incentiven la producción de gas natural y de petróleo “convencional” y “no convencional” y que, además, sean capaces de atraer inversiones a nuestra amplísima plataforma marítima . Hasta que no se explore dicha plataforma con nuevas técnicas y equipos, no sabremos qué potencial realmente tenemos en materia de hidrocarburos “offshore”.
La decisión reciente del Gobierno de sincerar el precio final del gas natural en boca de pozo (US$7.5 por millón de BTU de “gas nuevo”) es tardía, pero correcta , y si se instrumenta apropiadamente incentivará la exploración y desarrollo de los campos gasíferos nacionales. Asimismo, los recientes intentos de YPF para desarrollar, en conjunto con otras compañías petroleras (que tienen el “know how”), los proyectos de gas y petróleo “no convencional”, también van en la dirección apropiada.
Pero para recuperar la “independencia energética” no basta con decisiones ad hoc. Necesitamos una política más integral, orientada a atraer importantes inversiones locales y extranjeras de riesgo. Se requiere definir una política de Estado que refleje consensos políticos básicos en la sociedad y que genere certidumbre y rentabilidad de largo plazo en los potenciales inversores.