Un intento de evitar el naufragio energético

La producción petrolera cae desde 2003 y la de gas desde 2005.

Como al pasar, cuando el Gobierno avaló el acuerdo entre YPF y Bridas para explorar en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, le concedió a la petrolera privada un aumento de 223% en el precio del gas “adicional”, o sea, el que supere la producción actual.
Ese paso implicó subir el precio de gas nuevo de US$ 2,32 a US$ 7,50 el millón de BTU y empezar a dejar atrás una década de caída vertical en la producción de gas y petróleo que avaló el Gobierno y hoy constituye uno de los limitantes económicos más relevantes para la Argentina.
Hasta ahora, una foto de la situación energética muestra una caída vertical de la producción petrolera desde 2003 y vertiginosa en la de gas desde 2005.
Ese resultado tuvo como contrapartida que el país pasase a ser deficitario en materia de combustibles, abandonando el superávit que tuvo hasta 2010.
En 2012, ese déficit habría representado unos US$ 2.700 millones y este año, en el que se cree que la actividad económica volverá a crecer, podría llegar a US$ 3.500 millones. En otra palabras, un tercio del superávit comercial que el país obtiene por las exportaciones del campo y la agroindustria se destinan a pagar las fuentes de energía que el país no genera aún pudiendo hacerlo .
Al pagar más por el gas que se saca, el Gobierno comenzó a achicar la enorme brecha de precios del gas que caracterizó y sigue caracterizando la política que tiene como brazo ejecutor al ministro de Planificación, Julio De Vido.
El Gobierno ahora le pagará en dólares por el gas 2,32 a algunos productores; 7,50, a Bridas; 10 por importarlo de Bolivia y US$ 15 el millón de BTU que se importe por barco.
Ese mapa tarifario perfiló un esquema de importación intensivo de gas que determinó que la Argentina deba disponer de unos US$ 10.000 millones anuales sólo para traer combustibles.
Mantener la tarifa de gas congelada y en bajo nivel por muchos años fue un error y a la vez uno de los puntales para el plan político del Gobierno.
El congelamiento y retraso de las tarifas de luz, gas y transporte alivianó los bolsillos de la gente, le sirvió al Gobierno para discutir sobre competitividad con las empresas (muchas pedían devaluación y le respondían que el Estado pagaba parte de los salarios con el retraso tarifario) y disparó los subsidios del Tesoro .
Tarifas subsidiadas, dólar retrasado y aumentos salariales por encima de la inflación para los trabajadores en blanco dieron frutos electorales en 2011.
Pero los subsidios se dispararon y su crecimiento se hizo insostenible, el dólar quedó muy atrás y decidieron aplicar el cepo cambiario, y las tarifas a los productores también se retrasaron. Tanto, que derrumbaron la inversión y la producción se vino a pique .
Los subsidios a luz, gas y transporte eran de $ 12.550 millones en 2007 y treparon hasta $63.963 millones en 2011. El aumento fue sideral, de 410%, pero no alcanzó. El año pasado siguieron creciendo al galope hasta que en la última parte llegó la moderación.
A esta altura la táctica oficial está dada vuelta sobre la mesa: congeló tarifas para favorecer el consumo . Pero el retraso de los precios para los productores paralizó la inversión y la caída de la producción se hizo inevitable. Ahora el Gobierno intenta dar vuelta la estrategia de agotar los stocks.
Después, o bien la empresa de que se trate cambia de manos, como YPF o Metrogas, a partir de lo cual el Gobierno le autoriza subir precios y tarifas, o quedan al borde del ahogo, como las eléctricas .
En el caso de Bridas, la situación sería distinta. La falta de inversiones para poner en marcha el potencialmente excepcional reservorio de gas no tradicional de Vaca Muerta habría sido un factor determinante para otorgarle el aumento del precio del gas. También influyó un cambio en el sistema de retenciones a la exportación de petróleo, por el que la compañía recibiría US$ 70 por cada barril que exporte en vez de los menos de US$ 30 que percibía.
Bridas se comprometió a invertir US$ 3.400 millones para aumentar la producción de gas y, además, destinar US$ 1.500 millones a Vaca Muerta, todo en un mismo acto.
Ya el Gobierno había utilizado la política de comerse stocks a precios bajos postergando la necesidad de la inversión y llevando las cosas hasta límites inéditos en la historia económica argentina .
Lo hizo favoreciendo la liquidación de ganado por medio de incentivar el consumo a precios bajos, sin tener en cuenta la rentabilidad y los niveles de inversión necesarios para mantener la oferta.
Parte de ese proceso, junto a los muy buenos precios internacionales de la soja, explica la “sojización” en la que está cayendo el país.
Otro stock que podría entrar en zona de riesgo es el de las reservas de dólares del Banco Central que se están usando con intensidad para pagarles la deuda a los bonistas.
Pero en esta materia el Gobierno tiene antídotos: los buenos precios de la soja y la que se cree será una buena cosecha. Con eso, aunque con moderación, se puede decir feliz 2013.
Clarin