Por Maristella Svampa
Algo similar sucedió con la tragedia ferroviaria de Once: el hecho, que costó la vida de 51 ciudadanos, puso de manifiesto que la precariedad no es un tema del pasado neoliberal y que los subsidios millonarios no hacen más que apuntalar las ganancias de los empresarios, con total desprecio por la vida de los usuarios. Esta semana, al cumplirse once meses de la tragedia, los familiares y amigos de las víctimas anunciaron una gran movilización hacia Plaza de Mayo para el mes próximo. Los familiares leyeron un duro documento donde expresaban su satisfacción por el avance de la causa penal, y subrayaban “el silencio del Poder Ejecutivo”. Pocos días antes, el Gobierno había acordado la compra directa de 409 vagones a la empresa china CRS y un programa de mejoramiento de la infraestructura ferroviaria para municipios. El anuncio, que no hizo alusión alguna a las víctimas de la tragedia de Once, vino a refrendar también la convicción de que el Gobierno no está pensando el sistema ferroviario en clave de reconstrucción de la industria nacional.
Otro punto de actualidad donde naufraga el discurso oficial sobre las corporaciones aparece cuando hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria. Este proceso ha significado mayor acaparamiento de tierras en manos de agentes económicos poderosos, más desforestación, más criminalización, más desalojos rurales y asesinatos de campesinos e indígenas. Este verano, por ejemplo, los qom, que mantienen un largo litigio por la titularidad de sus tierras en Chaco y Formosa, volvieron a ser noticia fúnebre: entre diciembre de 2012 y enero de 2013, cuatro integrantes de esta comunidad fueron muertos en circunstancias más que sospechosas, frente a la indiferencia del Gobierno nacional. A raíz de ello, están circulando declaraciones de repudio y cartas abiertas a la Presidenta, de parte de la comunidad académica, que demandan, además de la implementación de medidas urgentes, que el Gobierno nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes.
Un último ejemplo del rol cada vez mayor que asumen las corporaciones es la llegada del fracking, a partir de la expansión de la frontera hidrocarburífera. Recordemos que la estatización de YPF reverdeció el discurso épico del Gobierno, que venía en baja, luego de lo sucedido con la megaminería y la tragedia de Once. Lo cierto es que, más allá de los anuncios ditirámbicos, la YPF Modelo 2012 apuesta a la asociación con grandes empresas extranjeras, como la americana Chevron (que, a través de Texaco, fue condenada por graves delitos ambientales y violación de derechos indígenas, en Ecuador).
YPF apunta a la explotación del gas no convencional (shale gas), a través de una metodología muy cuestionada en el mundo, la fractura hidráulica, más conocida como fracking. Es una técnica que consiste en el bombeo de fluido (grandes cantidades de agua y sustancias químicas) y arena, a elevada presión, a fin de producir microfracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos. Los riesgos ambientales son muchos y de corto plazo: contaminación de aguas subterráneas y superficiales, lubricación de fallas geológicas que originan movimientos sísmicos y utilización intensiva del territorio. Por ello, el fracking ya fue prohibido en varios estados de Estados Unidos, en Francia, Bulgaria e Irlanda del Norte.
La geógrafa Silvia Leanza, de la Fundación Ecosur, habla de “geocoincidencias” entre cuencas gasíferas y cuencas hídricas, “ya que los proyectos más avanzados coinciden con importantes fuentes de agua potable (y el agua es el insumo de mayor importancia para la “eficiencia” en la explotación de gas no convencional)”. Argentina cuenta con varias geocoincidencias, entre ellas, la Cuenca Neuquina, donde está Vaca Muerta (acuífero Zapala y cuencas de ríos norpatagónicos), la del Chaco-Paraná (acuífero Guaraní y ríos de la Cuenca del Plata), el golfo San Jorge (cuenca del río Senguer). Más claro, imposible…
Nada indica que el Gobierno abrirá la discusión sobre el fracking; todo lo contrario, como ya sucedió con la soja y la megaminería. Argentina se apresta así a sumar nuevos conflictos socio-ambientales que preanuncian un enfrentamiento directo, ya no sólo con las transnacionales, sino con una empresa nacional, YPF Modelo 2012. Pero la acumulación de luchas en defensa del agua es tal que la población ya comienza a movilizarse: esto sucede en Entre Ríos, provincia en la cual distintas organizaciones promueven una ley que prohíba el fracking; en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde se han organizado en asambleas –siendo Allen la localidad más amenazada–, y donde la ciudad de Cinco Saltos acaba de convertirse en el primer municipio en el país en prohibir el fracking; por último, están las luchas de las comunidades mapuches en el norte neuquino, cerca de Zapala y en Loma de la Lata.
En fin, enero de 2013 nos recibe con nuevas bofetadas de realidad que reafirman cuál es verdadero rol que el modelo kirchnerista asigna a las corporaciones y a los grandes actores económicos en el esquema del extractivismo dependiente.
*Socióloga y escritora, miembro de Plataforma 2012.
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