Fabiana Arencibia.- Esta podría haber sido la respuesta que el presidente de YPF le diera a su par de la Chevron Corporation – John Watson – cuando afirmó que Vaca Muerta es “un activo de clase mundial” que se ajusta “perfectamente” al “sólido porfolio de recursos no convencionales” de esa empresa. Lo dijo luego de firmar el acuerdo para hacer sus negocios en Argentina y de que el gobierno firmara un decreto hecho a la medida de sus intereses (los de Chevron).
Luego de que este martes se firmara el acuerdo entre ambas petroleras, el CEO de la transnacional norteamericana manifestó alegrarse por alcanzar el objetivo estratégico que tiene la transnacional norteamericana “de entrar en nuevas y atractivas áreas de forma temprana en el proceso”.
Miguel Galuccio, titular de YPF, elogió a Chevron: “este acuerdo es, también, una demostración de confianza por parte de una gran empresa internacional”. Y aseguró: “Chevron también hará su aporte profesional y técnico que, sumado al conocimiento de nuestros equipos, nos ubicará en los más altos niveles de desarrollo mundial en no convencional”.
Recordamos que el ingeniero entrerriano Galuccio era, poco antes de ser designado para presidir YPF, presidente de la multinacional petrolera británica Schlumberger SA. Esta empresa, que fue denunciada penalmente en Argentina en 2011 por colaborar en las tareas de exploración petrolera británica en Malvinas, se especializa a nivel mundial en el desarrollo petrolero en los llamados yacimientos no convencionales.
“Es un punto de inflexión en favor de las empresas” que “puede marcar un cambio importante en el panorama del sector”, le dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Watson, según citan fuentes oficiales. “Chevron está comprometida en ayudar a la Argentina a volver al autoabastecimiento energético”, le devolvió Ali Moshiri, representante de la petrolera norteamericana en África y América latina.
Decreto a la medida de las petroleras privadas
Un día antes de esta firma, se publicó en el boletín oficial el decreto 929/2013 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Economía Hernán Lorenzino, y el de Planificación Federal Julio de Vido. El decreto establece un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos convencionales y no convencionales. (descargar Decreto )
Su texto, no hay dudas, es parte de los acuerdos en que se fue avanzando con Chevron desde que comenzaron las negociaciones cuando el Estado argentino expropió las acciones de YPF a Repsol. Se suma, además, al fallo de la Corte Suprema de Justicia que levantó el embargo de 19.000 millones de dólares que la justicia ecuatoriana decretó contra Chevron por encontrarla culpable en aquel país de contaminación de 500 mil hectáreas, de derramar 103 millones de litros de crudo, arrojar 63.000 millones de litros de agua tóxica a ríos y afectar a 30 mil personas
Según el decreto, las empresas nacionales o extranjeras y/o terceros asociados a ellas, que se inscriban en el Registro Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que sean titulares de permisos de exploración y/o concesiones de exportación de hidrocarburos (otorgadas por el Estado Nacional, Provincial o Ciudad de Buenos Aires), que presenten un proyecto de inversión para la explotación de hidrocarburos e inviertan durante los primeros 5 años del proyecto no menos de 1.000 millones de dólares, podrán exportar a partir del quinto año de la puesta en ejecución del proyecto, el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos originada en dichos proyectos, sin que se le practique retención alguna. Hay que aclarar que ese 20 % no es un límite para exportar que tendrán las petroleras. Es un tope para exportar sin que el Estado les retenga. Además, podrán no ingresar al país el total de las divisas de dicha exportación.
De hecho una de las medidas pos expropiación de YPF fue aumentar el grado de renta que se apropian las petroleras. En petróleo existe el precio de corte. SI el precio de referencia internacional es superado por lo que establece la legislación, el Estado le pagará 50 dólares a la petrolera y el resto se lo queda el estado. Hoy que el barril esta casi 100, en e l ultimo año aumentó de 50 a 70 lo que se llevan las petroleras”, explica Diego di Rissio, integrante del Observatorio Petróleo Sur (OPSur) .
Recordemos que YPF solo concentra la producción de un 30% del petróleo y un 23% del gas. El resto está en manos de otras empresas extranjeras. Por caso, el Golfo San Jorge, que es el área productora de petróleo más importante del país, está en manos de Pan American Energy. Sus dueños son: la British Petroleum de capitales ingleses (60%) y el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni (40%).
Para la ministra de Industria, Débora Giorgi, este decreto “busca el autoabastecimiento a precios competitivos” y “representa un hito histórico para la industria petrolera nacional”. ¿Precios competitivos para quién? El decreto establece en su articulo 7 que en caso de que la producción nacional de hidrocarburos no alcance a cubrir las necesidades internas de abastecimiento, a las empresas que se hayan sumado al nuevo régimen, se les pagará sobre el porcentaje que el decreto les permite exportar (20% de lo que produzcan) y que destinen a cubrir la demanda interna, un precio no menor al de exportación.
O sea, que el Estado les comprará el hidrocarburo a precio internacional. Si bien le abonará en pesos, el decreto les otorga el derecho prioritario a comprar divisas a precio oficial (mucho más bajo que el paralelo).
“Esta era una de las cuestiones centrales que el kirchnerismo, hasta la firma de este decreto, había mantenido: el desacople entre el precio internacional y el interno y establecer las retenciones dentro de las exportaciones, lo que había desalentado en buena medida las exportaciones masivas que se había dado en los 90 y que era una de las cuestiones que atacaban los empresarios porque atacaban la rentabilidad”, explicó di Rissio
Hoy el barril tiene un precio internacional cercano a los 100 dólares y se calcula que el costo de producción local no llega a 20. Además luego de la expropiación de YPF se incrementó el grado de renta que se apropian las petroleras. “En petróleo existe el precio de corte. Si el precio de referencia internacional es superado por lo que establece la legislación, el Estado le pagará a la petrolera éste último y se queda con la diferencia. En el último año aumentó de 50 a 70 dólares por barril lo que se llevan las petroleras”, comentó di Rissio.
Como si estos beneficios fueran pocos, el decreto autoriza a las provincias y la ciudad de Buenos Aires a otorgar otros beneficios complementarios.
Pero además establece que quienes tengan permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos, y que hayan sido incluidos en este Régimen, podrán pedirles a los poderes ejecutivos concesiones de explotación de hidrocarburos No convencionales y también subdividirlas en nuevas áreas no convencionales. El plazo de la nueva concesión podrá ser de hasta 35 años.
El decreto no hace ninguna referencia al problema de los pasivos ambientales para los cuales, se sabe, no hay manera de remediarlos completamente.
¿En qué quedará la obligación hacia las petroleras (y también a las mineras) de liquidar en nuestro país la totalidad de las divisas que provienen de sus exportaciones de petróleo y gas natural, tal como lo establece el Decreto 1722 que el Poder Ejecutivo firmó a principio de noviembre de 2011?
En aquel momento esta medida no ocasionó gran perjuicio sobre los intereses económicos de las petroleras ya que hacía tres años que sus exportaciones venían bajando como consecuencia del agotamiento de los yacimientos.
Decíamos entonces que diferente hubiese sido de haberse tomado esta medida durante el inicio de la gestión kirchnerista donde las petroleras no solo ganaron muchísimo dinero con el aumento del valor del barril a nivel internacional, sino que liquidaron el 70% de sus exportaciones fuera del país, depredando y agotando prácticamente nuestras reservas.
Además los cálculos se hacen sobre lo que las petroleras (y mineras) declaran, sin control de veracidad por parte del estado. En ese momento el decreto no las perjudicó. Ahora el decreto las beneficiará.
El acuerdo con Chevron
El diputado Claudio Lozano, en acto público realizado ayer miércoles en el acceso al edificio histórico de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, pidió que se declare inconstitucional el decreto presidencial. “El Poder Ejecutivo Nacional viola la Constitución y la Ley, ya que no tiene facultades para bajar las retenciones a cero a ninguna empresa, el único que puede hacerlo es el Congreso Nacional. Este decreto demuestra que el gobierno continúa su compromiso con el saqueo que es con lo que hay que terminar”, afirmó.
“Resulta inentendible que la empresa Chevron sea premiada hoy con beneficios extraordinarios que son prácticamente los mismos que los que existían en el marco de la década del ‘90. Entre 2009 y 2012 mientras en promedio la producción de hidrocarburos en Argentina cayó un 20%, en el caso de Chevron en una cuenca que era nueva cayó un 35%; y sin embargo, esta empresa es premiada con libre disponibilidad de las divisas, no con el 70% como tiene el conjunto de las empresas petroleras sino con el 100%, premiada con vender en el mercado domestico a precio internacional, con eliminar las retenciones y llevarlas a cero, un verdadero desatino desde todo punto de vista”, agregó. (texto de la presentación judicial )
En un comunicado, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dijo: “YPF fue expropiada a adolfoperezesquivel.jpegRepsol para recuperar nuestra soberanía energética y por eso apoyamos la iniciativa en su momento. Pero mediante este acuerdo con Chevron, los argentinos estamos entregando nuestros recursos a los Estados Unidos y convirtiendo a YPF en una empresa altamente contaminante que usará el método conocido como fracking”. Destacó además la “correcta actitud” de algunos miembros del directorio de YPF que “han renunciado a sus puestos para no ser cómplices de esta entrega”.
El presidente del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) señaló que el contrato con Chevron “es posible gracias al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia Argentina (basado en un dictamen que elaboró la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó) que le levantó un embargo de 19.000 millones de dólares” dándole así “impunidad a una empresa prófuga de la Justicia ecuatoriana porque desconoce un juicio que el Estado de Ecuador y comunidades indígenas le ganaron por haber devastado el medio ambiente y violado Derechos Humanos en ese país”.
No sorprende el acuerdo con Chevron. Era evidente que hacia allí se marcharía. Quedó claro con la sanción de la Ley 26.741 en mayo 2012 que resolvió la expropiación del 51% de las acciones de YPF SA que pertenecían a Repsol. Los artículos 2 y 3 de la norma definieron explícitamente la integración del capital público y privado, nacional e internacional, “en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”
¿Quiénes conocen el acuerdo?
La presidenta de la Nación, el presidente de YPF; el ministro de Planificación; el viceministro de Economía, Axel Kicillof, el gobernador neuquino, Jorge Sapag. Por Chevron estuvieron su presidente, John Watson, y el representante de la firma para las operaciones de exploración y producción en África y América latina, Ali Moshiri. Todos ellos estuvieron en la reunión que se realizó luego de la firma del acuerdo donde, dicen las informaciones, se repasaron los detalles del acuerdo.
Axel Kicillof presentó, a poco de la expropiación de las acciones a Repsol, el Informe Mosconi con el que se develó la estrategia desplegada por Repsol desde que tuvo el control de la empresa en 1999. El viceminstro de Economía dijo entonces acerca de su contenido que “no difunde datos públicos sino que revela datos que la gerencia de Repsol había escondido bajo siete llaves”.
Hoy que el acuerdo final con la transnacional petrolera es un hecho, nos preguntamos por qué hay tanto hermetismo y no se hace público el contenido cuando se trata de una decisión sobre bienes que, como los hidrocarburos, son constitutivos de la soberanía de nuestro país.
Justamente el primer artículo de la ley 26.741, mencionada en el reciente decreto firmado por el Poder Ejecutivo como ley de Soberanía Hidrocarburífera, declara de “interés público nacional” el autoabastecimiento y también “la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
En diciembre de 2012 publicábamos una nota del Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur (Buenos Aires) reflexionando sobre el convenio que por entonces firmaron en Houston, Estados Unidos, Miguel Galuccio (YPF) y Ali Moshiri (Chevron). Allí decían: “Si bien no se conocen los detalles del acuerdo firmado con Chevron, tenemos la certeza de que estas empresas avanzan cuando las condiciones son óptimas a sus intereses. A espaldas del pueblo, la empresa mixta YPF consolida el nuevo esquema de negocios para pocos y a costa de todos”.
Caminos alternativos posibles
Gas y petróleo, convencionales y no convencionales ¿Cómo encontrar una solución al problema del abastecimiento energético? “El objetivo debiera ser el autoabastecimiento energético y no necesariamente el abastecimiento hidrocarburífero. En este marco es necesaria una rediscusión de las políticas energéticas de manera de poder asignar correctamente los inmensos recursos económicos que se ponen en juego en esta alternativa depredadora. El petróleo no es el futuro”, afirmaban.
Diversas organizaciones convocan a las fuerzas del campo popular a conformar un espacio nacional que luche por la Soberanía Energética. En su declaración política Por la Soberanía Energética en el camino de la Independencia afirman que “la asociación con Chevron lejos de estar en el camino de alcanzar la plena soberanía energética popular, está entramada en la lógica del saqueo de los bienes comunes naturales, tan necesarios para la persistencia del Imperialismo. Las consecuencias serán devastadoras desde todas las aristas de análisis posibles para el Pueblo Argentino y para el proyecto de la Patria Grande Latinoamericana”.
Sostienen que hay que generar una matriz energética para lograr la Soberanía Energética en la región y ponen a disposición su propuesta:
1) Avanzar en la nacionalización de nuestros recursos energéticos, lo cual implica dotar a YPF de la capacidad de capitalizarse y de llevar adelante por si misma las explotaciones petroleras y gasíferas. En un modelo de empresa estatal integral.
2) Esto debe ser realizado en el marco de un proyecto de largo plazo que incluya un re-diseño de la matriz energética de nuestro país. Es la forma de corregir el saqueo, de depender menos del petróleo y de evitar un innecesario daño al medio ambiente.
3) Nuestro país es un país con petróleo, no es un país petrolero o sea que asociarse con empresas que buscan exportar es un error que seguirá deformando nuestro sistema productivo. Y reincidiendo en el error cometido con la privatización.
A Julio De Vido, Axel Kicillof y Miguel Galuccio
Cuando el ministro de Planificación y el viceministro de Economía, como interventores estatales de YPF, realizaron el Informe Mosconi y cuando Miguel Galuccio presentó el plan de los 100 días para YPF “estatizada”, debieron recordar (decimos “recordar” porque suponemos que por sus cargos y responsabilidades habrán ahondado en su obra) lo que decía el fundador y primer director de la petrolera estatal YPF, el General Enriquel Mosconi:
“…la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo en que la hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal. Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo acordando concesiones de explotación y exploración al capital extranjero, para favorecer a éste con las ganancias que de tal actividad se obtienen, en lugar de reservar en absoluto tales beneficios para acrecentar el bienestar moral y material del pueblo argentino. No queda otro camino a adoptar que el monopolio del Estado pero en forma integral, es decir, en todas las actividades de esta industria: la producción, elaboración, transporte y comercio”.
