Cuando el año pasado el congreso, impulsado desde el ejecutivo, votó la nacionalización del 51 % de las acciones de YPF, el gobierno kirchnerista levantó las banderas grandilocuentes de la soberanía energética, la independencia de las trasnacionales que nos manejan desde hace más de una década y todas las cualidades independentistas y nacionalistas que se les ocurrieron para adornar el relato mentiroso de la realidad (incluso algún ministro mal denominado por algunos como marxista llegó a comparar esta nacionalización parcial con la conformación del primer gobierno patrio en 1810). En esta última semana, y a poco más de una año de todo aquello, ese mismo gobierno cerró un acuerdo con la multinacional perteneciente al banquero Rokefeller, Chevron, para explotar el yacimiento conocido con el nombre de “Vaca muerta” (o “Vaca viva”, como bromeó hace no mucho la presidente). ¿Dónde quedó la soberanía energética? ¿Qué pasó con la independencia económica?
El mencionado acuerdo permite a la trasnacional, entre otras cosas y tras una supuesta inversión de poco más de mil millones de dólares, explotar los yacimientos de shale oil y shale gas de la provincia de Neuquén y disponer del 20 % de lo extraído para exportación, sin retención y con la posibilidad de disponer como se les antoje de las divisas.
Uno de los puntos más nefastos de este acuerdo, y que nadie, ni oficialistas, ni la mayoría de la oposición menciona, es que para la extracción de este tipo de hidrocarburo no convencional se utiliza una de las técnicas más contaminantes que existen actualmente: la fractura hidráulica o “Fracking”. El mecanismo del “Fracking” (que causó desastres incalculables en Pensilvania y Burgos, entre otros puntos del globo) consiste en la inyección de millones de litros de agua potable mezclada con más de cuatrocientos químicos contaminantes directamente en la profundidad de la roca (muy cerca de las napas de agua potable), para fracturarla y permitir la salida del hidrocarburo diseminado. Esta técnica en sí misma constituye un peligro para el medio ambiente y debería estar prohibida sin ningún tipo de reparos. Además, Chevron ya fue condenado en el hermano país de Ecuador a pagar diecinueve mil millones de dólares por daños ambientales provocados en la zona del Amazonas Ecuatoriano que explotaba la empresa y que provocaron la infertilidad de los suelos, la muerte de animales de corral, afectación sobre la flora y la fauna nativas, el destierro de cinco naciones originarias y la desaparición completa de otras dos. Ante la negativa de la empresa a pagar lo dispuesto por la corte ecuatoriana, se ordenó el embargo de bienes, pero como Chevron había retirado todos sus activos del país, el embargo se extendió a los bienes que la impresa dispone en el resto de Sudamérica. Ante esto, y haciendo honor de la unión e integración latinoamericana que pregona el gobierno, la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó efectuó un dictamen instando a la C.S.J.N. a dejar sin efecto el embargo dictado por el juez argentino Adrián Elcuj Miranda contra los bienes de Chevron en Argentina, diciendo que ello “puede producir agravios de carácter irreparable a intereses esenciales de la Nación vinculados con la política energética y el desarrollo económico del país. Así el caso involucre una cuestión de gravedad institucional”. Finalmente, la Corte levantó el embargo a Chevron sentando jurisprudencia en contra del pueblo argentino y de los hermanos latinoamericanos.
Ahora bien, uno de los argumentos más recurrentes del oficialismo para justificar este nuevo acuerdo colonial con la multinacional Chevron es la declinación de la producción petrolera (atribuida a la magia del petróleo, no a la desinversión) y la imposibilidad de YPF de llevar adelante las inversiones necesarias para volver a abastecer el mercado interno sin tener que importar, todo lo cual Chevron viene a subsanar. Pareciera que una vez más el gobierno analiza convenientemente la situación con unas anteojeras ahistóricas. Salvando los hechos conocidos por todos y sobre los cuales no me voy a extender, respecto de la participación de muchos integrantes de este gobierno en la entrega de YPF en la década del noventa (el “Eternestor” levantando la mano a favor de la privatización y declarando que todo ello es un gran paso hacia el desarrollo, el miembro informante del congreso, Oscar Parrilli, actual secretario general de la presidencia), la causa de la declinación de la producción petrolera de la empresa no responde a otro motivo que la permisividad por parte de este mismo gobierno. En el año 2007, y para favorecer el ingreso del banquero amigo del poder Eskenazi, Kirchner permite que la empresa gire utilidades al exterior por más del 90 %, fomentando de esta forma la falta de inversión en exploración y apertura de nuevos pozos, al tiempo que se vaciaba la empresa sin ningún tipo de control, a simple declaración jurada en boca de pozo. Este es el sentido final de la reunión de Cristina Kirchner y Barak Obama en la cumbre de las Naciones Unidas, y tras las posibilidades de que Repsol favorezca la entrada de inversiones chinas en Argentina, en una reedición de la doctrina Monroe el gobierno estadounidense da el visto bueno para la nacionalización parcial, cuyo sentido último se pone de manifiesto con este nuevo contrato firmado con Chevron, una nueva penetración yanky a Nuestra América, impulsada por el “gigante con botas de siete leguas” del norte, como llamara tempranamente José Martí a aquella nación imperialista, y los “Calibanes de dentro”, como Roberto Fernández Retamar llamara a la clase entreguista nativa.
Es evidente que, tanto desde los medios oficialistas como de los opositores, se busca invisibilizar algunas de las consecuencias que traerá este tratado. Para no dejar pasar este nuevo avasallamiento de nuestra soberanía, ante el avance imparable del imperialismo colonialista sobre nuestras tierras, es preciso que alcemos nuestra voz, que nos unamos a los reclamos de los pueblos originarios allí en Neuquén, que nos sumemos a las manifestaciones que se hicieron en Buenos Aires frente a las oficinas de YPF, que el pueblo se una en protestas multitudinarias que no sólo se exprese como reacción clasista de ciertas capas medias que lloran la eventual suspensión de privilegios que creen cercenados, atizadas ideológicamente por medios de comunicación y propaganda neoliberal que les implanta intereses que no le son propios. “La historia se repite primero como tragedia y luego como farsa…”, acusa Marx en El 18 brumario de Luis Bonaparte. Ante la tragedia que representaron las privatizaciones entreguistas de los noventa, la farsa del modelo “nacional y popular” nos impone una reedición del colonialismo que pretende dilapidar nuestra soberanía y continuar con el saqueo de nuestros recursos naturales… sólo resta la resistencia.
