FEDERICO STURZENEGGER.- Argentina se mueve tanto en círculos que llega un punto donde deja de sorprender. Así se suceden ciclos.
Primero se busca el control estatal, después el emprendimiento fracasa; en medio de la desesperación de una crisis (como la energética que vivimos por estos días) se privatiza o concesiona la explotación en condiciones muy favorables para los privados. Después de un tiempo, sobre todo si la cosa funciona bien, la sociedad siente que ha sido profundamente traicionada y lo que se hizo en un momento de dificultad se termina viendo como una irresponsable venta de las “joyas de la abuela”.
Ahí vuelve el impulso estatista, para comenzar a recorrer el mismo camino.
No hay sector de la economía que haya dado más vueltas a esta calesita en nuestro país que el sector petrolero.
Pero, aun con este patrón recurrente somos capaces de generar sorpresas y espanto en cada nueva vuelta. En este sentido, no tengo dudas que el Decreto 929/2013, promulgado por la Presidenta la semana pasada, quedará en los anales de los dislates económicos más importantes de nuestra historia.
Como ya a esta altura se sabe, Argentina es depositaria, en el yacimiento Vaca Muerta, de una de las reservas de gas más importantes del mundo. En un reciente libro comentaba que si la soja le representó a Argentina un shock de riqueza de un producto bruto interno, esto es, igual a todo lo que se produce en el país en un año;Vaca Muerta representa el equivalente a 7 veces esa suma.
La sociedad no es consciente de lo que tiene entre manos.
En ese contexto, la asignación de recursos a ese área solo puede hacerse seriamente mediante una licitación internacional, preferentemente en un contexto de seguridad jurídica, y asegurándose que los recursos en parte se ahorran.
Lo que tenemos ahí, no es solo nuestro. Es también de nuestros hijos y nietos y debemos asegurarnos que lo que se obtenga llegue con ese horizonte. Además, la licitación es clave, porque con recursos tan importantes, seguramente lo que las empresas estarían dispuestas a pagar para ser parte de este emprendimiento, es muy superior a lo que el rígido régimen actual les exige. Por todo esto, una negociación a puertas cerradas con Chevron (o con quien fuere), sin que se conozcan las condiciones, o estimaciones de producción y ganancias, es un escándalo sin precedentes.
Es probable que esta semana se hayan enajenado más recursos públicos que nunca antes.
Y es la falta de transparencia, lo que justamente permite este tipo de operaciones.
Pero más escandaloso aun es el artículo 15 del decreto 929/2013 que dice que si alguien tiene un yacimiento donde se le autoriza encarar una explotación no convencional, la misma se podrá consolidar con la explotación preexistente.
Pero, y esto es lo clave: extendiendo el plazo de concesión original … sin pagar nada!
Más allá que son las provincias las que tienen la potestad de asignar áreas petroleras (un logro de Cristina Fernández de Kirchner quien empujó fuertemente la ley de Federalización de hidrocarburos y de Privatización de YPF a principios de los 90) y que se necesita atraer capitales privados que una YPF estatizada no tiene, hay que hacerlo licitando de manera transparente las extensiones de la concesióny dejar que la empresa receptora del nuevo plazo acuerde con la existente los términos con los cuales realizaría la inversión.
Lo que es inaudito es extender plazos de concesiones, sin cobrar nada, tan solo contra la promesa que traigan unos pocos dólares sin que los argentinos (nosotros, nuestros hijos o nietos) vean un peso.
Un tweet decía “hay que ver el lado positivo, entran 1200 palos verdes a cambio de la 2da (corrijo yo, es la 3ra) reserva de shale gas mundial. Pero entran 1200 millones”. Así estamos. Ante la oportunidad más grande de nuestra historia elegimos transformarla en la estafa al pueblo argentino más grande que se recuerde.
