Los silencios de Sapag

La reforma constitucional de 1994 efectuó algunos agrgados en la carta magna en el título “Gobiernos de provincia” y el más significativo fue el artículo 124 que, además de establecer la facultad de crear regiones para el desarrollo económico y social y celebrar convenios internacionales compatibles con la política exterior nacional, en su último párrafo reza: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que el gas y el petróleo que se encuentra en el extenso subsuelo del territorio nacional pasó a ser dominio de las provincias.

Sin embargo, el reciente acuerdo que acaba de firmar el gobierno nacional con la multinacional Chevron no contempló, en los hechos, estos principios constitucionales. Neuquén, por caso, no tuvo participación alguna en la elaboración del plan de explotación que va a llevar adelante la empresa norteamericana en su territorio. Ni tan siquiera fue consultada por las mejoras impositivas otorgadas para poner en marcha la exploración en Vaca Muerta. Eso sí, no hay que dejar de resaltar el gesto del titular de YPF, Miguel Galuccio, minutos después de la firma del acuerdo, al comentar: “La última palabra la tendrán las autoridades de la Provincia de Neuquén, quienes deberán analizar el acuerdo y decidir si lo aprueban o no”, gesto que nunca llegó desde la Casa Rosada.

Queda entonces tan sólo esperar el trámite de la “aceptación” por parte de la Provincia.

El mutismo de Jorge Sapag frente a este nuevo atropello va en línea con los desequilibrios de caja que muestra su administración.

Todo indica que en este proceso el gobernador neuquino fue silenciado por la gestión Kirchner a cambio de promesas de inversiones y la autorización de un mayor endeudamiento para poder sortear sus dificultades fiscales. Un dato no menor a semanas de las elecciones.

Sin embargo, estaría cediendo algo clave hasta hoy potestad de la Provincia: el canon por las prórrogas de las áreas en explotación. “Las cosas cambiaron. En las últimas prórrogas la Provincia recibió cifras siderales para sus arcas a cambio de inversiones que nunca se terminaron de concretar. Eso no puede repetirse”, cuestionó un hombre allegado al viceministro Axel Kicillof en diálogo con este medio.

Lo trágico es que no se está hablando de una prórroga cualquiera, sino del segundo reservorio mundial de energía que queda en manos de Chevron por 35 años más y sobre el cual no dejará un solo peso para la Provincia ni habrá garantías de que las promesas que se plasmaron en el acuerdo con Nación se cumplan. Las tierras del yacimiento Vaca Muerta tienen hoy un valor de mercado en torno a los 9.000 millones de dólares.

Con la puesta en marcha de esta nueva operación, la empresa norteamericana tiene libre disponibilidad para determinar el destino de las áreas concesionadas por 35 años, condenando así a las próximas nueve gestiones provinciales a no poder cambiar ni una letra del acuerdo. Parte de esta importante superficie, entonces, se podría subdividir, lo que permitirá el ingreso de otras empresas al negocio –probablemente algunas ligadas al poder de turno– previo acuerdo económico que terminará definiendo Chevron.

El ministro Coco, álter ego del gobernador, ya inició conversaciones con algunas de estas firmas en procura de introducir a la Provincia en el negocio.

Pero la realidad muestra que hasta ahora la administración Sapag poco más que promesas ha recibido por la entrega de sus tierras en Vaca Muerta.

Si se tiene en cuenta que por la prórroga de las concesiones del período 2008-2010 la Provincia percibió cerca de 4.000 millones de pesos –actualizados a valores de junio del 2013– por áreas que estaban ya maduras, es difícil calcular los millonarios beneficios que cedió Sapag en este acuerdo Nación-Chevron.

El fracaso de la política energética provincial es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional.

La falta de una posición firme en defensa de los recursos naturales, propiedad de todos los neuquinos, hizo que la administración provincial dejara ya de recaudar 27.000 millones de pesos en regalías durante los últimos años. La cifra es equivalente a casi tres presupuestos completos que no ingresaron a la Provincia o la construcción de varias represas similares a las prometidas, como Chihuido.

Ahora llega el acuerdo Chevron-Nación. Más de lo mismo en materia de política energética provincial.

Claramente, la década ganada que promueve la administración Kirchner como eslogan de campaña para resaltar los logros económicos de la Argentina no pudo ser aprovechada por Neuquén.

El nuevo acuerdo no aleja la incertidumbre

La sanción del nuevo régimen de promoción para la explotación de hidrocarburos (decreto 929/2013) muestra una nueva contradicción con el espíritu de la ley de Soberanía Hidrocarburífera (decreto 1277/12), que declaró, junto con la expropiación parcial de YPF, de interés público nacional el autoabastecimiento energético.

Lo que ese instrumento legal derogó hace un año, ahora se restituye para las empresas que presenten proyectos por más de 1.000 millones de dólares. En definitiva, mejoras impositivas y cambiarias para las compañías que traigan dólares al país.

Si bien la nueva normativa ofrece algunas señales positivas de cara a las inversiones necesarias, sobre todo para viabilizar las reservas de Vaca Muerta, deja muchas dudas en cuanto a la credibilidad de los marcos legales en los que se aplica. Por ejemplo, ¿quién garantiza que este nuevo decreto no sea reemplazado por otro que perjudique en un futuro cercano a las empresas? Esto ya ha ocurrido en la historia reciente del país.

La inestabilidad regulatoria que sufre el sector atenta contra la búsqueda de un horizonte de largo plazo. A esto se suma el nuevo norte que tomará el país a partir de octubre. Más incertidumbre.

La administración Kirchner comienza a tomar conciencia de que el cepo energético que ya lleva más de diez años en la Argentina está erosionando el futuro político del gobierno. El temor es que este fracaso se traslade a las urnas.

Atrás quedó el relato de los aplaudidores K que avalaron la “argentinización” de YPF, los que defendían –hace tan sólo unos meses– las bondades de la expropiación y del “Estado de bienestar” que iba a generar la “recuperación” de la empresa. El acuerdo con Chevron fue un crudo cachetazo que los devolvió a la realidad del país en que vivimos.

La empresa norteamericana promete inversiones por unos 1.200 millones de dólares en los próximos 18 meses, siendo parte importante de esta cifra utilidades que no fueron reinvertidas ya que no pudieron ser expatriadas hacia Estados Unidos. Otras empresas, como los bancos, colocaron esos fondos en la compra de edificios corporativos.

La cifra de inversión prometida por Chevron está lejos de los 36.000 millones que necesita YPF para poner de pie Vaca Muerta. Representa tan sólo el 3% de lo anunciado oportunamente por Miguel Galuccio o menos del 10% de las necesidades anuales del país para revertir la debacle de su producción energética.

El acuerdo entre Nación y Chevron es un paso, sin dudas, aunque con final abierto.

Pero lo más llamativo de todo este andamiaje, que finaliza con el acuerdo entre ambas empresas, está dado por el decreto 929/2013, en el que se termina anunciando que se excluye a una empresa de los límites legales que imprime la política energética argentina. Es decir, para comenzar a revertir la crítica situación en la que se encuentra sumergido el país la administración Kirchner excluye a Chevron del marco regulatorio que hoy rige fronteras adentro en materia de política energética. Se elige un camino complicado de explicar a los futuros inversores.

¿No sería más fácil comenzar a trabajar en la desregulación del mercado? Esto permitiría que muchas empresas internacionales volvieran a apostar por el país y miles de millones de dólares ingresaran por nuestras fronteras para explorar y explotar un megayacimiento ávido de inversiones. Se multiplicarían los actuales niveles de producción de gas y petróleo en muy poco tiempo y ello permitiría disminuir los más de 12.000 millones de dólares de importaciones anuales que deben salir de las reservas del Banco Central. Se generarían miles de puestos de trabajo cuyos salarios multiplicarían el consumo. El Estado podría aumentar sensiblemente su recaudación con esta mejora en la economía. El gobierno dejaría de pensar en el problema que hoy le está generando la falta de dólares, ya que ingresarían inversiones de una magnitud tal que llevarían en poco tiempo la paridad cambiaria a niveles mínimos.

Jorge Sapag y los gobernadores pertenecientes a la Ofephi deberían dejar su pasividad de lado y mostrarle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que existen otras alternativas para desarrollar las áreas energéticas por fuera del claro fracaso del intervencionismo de los últimos diez años. Esta iniciativa podría tener sus costos políticos para el mandatario neuquino, aunque no serán mucho mayores a los que hoy ya está asumiendo ante este nuevo atropello de Nación.

Río Negro