La premura de la estatal YPF por terminar de cerrar el polémico acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta podría verse entorpecida. Esto es así a pesar de que ayer la legislatura neuquina, después de un largo debate, dio dictamen favorable en lo que fue la primera comisión (de tres) para el ?gancho? final del pacto que firmó el gobernador Jorge Sapag y que permitirá la ejecución del contrato de las petroleras.
Es que también ayer la petrolera que conduce Miguel Galuccio y la Secretaria de Energía fueron notificadas por la jueza federal Liliana Heiland (en reemplazo de la jueza María José Sarmiento, ausente por licencia) sobre la ampliación de una demanda de un grupo de accionistas españoles minoritarios de Repsol, a través de la cual solicitan a ambas entidades una copia del contrato firmado con la multinacional de origen estadounidense, hasta el momento no conocido públicamente.
En concreto, el oficio exige ?una copia del Acuerdo de Proyecto de Inversión celebrado entre YPF S,A, y las empresas subsidiarias de Chevron Corporation el día 16 de junio de 2013 con el objetivo de la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén, incluyendo en ello todos los y/o documentación complementaria?.
Las autoridades de YPF y de la cartera que dirige Daniel Cameron cuentan con 10 días hábiles para responder el pedido.
Caso contrario o ante una negativa, se activarían otras dos peticiones legales en su contra, actualmente en ?suspenso? (la solicitud a Caja de Valores y a la CNV de una copia del registro de accionistas de la empresa YPF, entre otros datos, y la anotación de la presente litis en los libros sociales de YPF y en los registros de los dos organismos mencionados). El Cronista se comunicó con YPF, pero no hicieron comentarios al respecto.
Demanda
La notificación emitida ayer, en realidad, es la ampliación de una demanda que un grupo de inversores agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), junto con otros particulares, inició contra el Estado argentino en mayo pasado por ?daños y perjuicios?, a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en manos de la española Repsol.
El gobierno de Cristina Kirchner ya acumula varios pleitos por no pagar a España el monto correspondiente por nacionalizar la mayor petrolera en el país, bajo la bandera de recuperar el autoabastecimiento energético de la Argentina. Este juicio no es comercial, sino que se litiga en los tribunales contencioso administrativo.
Los abogados Rodolfo Carlos Barra y Federico Jiménez Herrera, que representan a los querellantes, reclaman una indemnización que podría llegar a un canon de u$s 100 millones anuales (todavía está en estudio de un perito la valuación del daño).
Los letrados se basan en la ?inconstitucionalidad de la ocupación de las acciones (o sus derechos) de propiedad de Repsol?. Esto es, explican, ?una confiscación de la propiedad, sin que importe para esta calificación la intención de expropiar.
El Estado nacional ya está actuando como si fuera el dueño: es un ?confiscador? ilegal y no un ocupante legal; siendo ello lo que justifica la medida aquí peticionada?.
Por lo pronto, ayer Galuccio tuvo una buena noticia que allana el camino para ejecutar el plan con Chevron. Neuquén dio el primer paso para extender a YPF la concesión de Loma Campana por 35 años (hasta el 2.048), condición para que pueda concretar el acuerdo. Ahora el proyecto pasará, algunos dicen que de manera exprés, por las restantes comisiones para ser tratado el próximo 28 de agosto.
