En un acto MAFIOSO, en horas de la madrugada del 30 de agosto de 2013, fue incendiada intencionalmente, la Ruka (casa) comunitaria del Lof (comunidad Mapuce) Campo Maripe, ubicada en la zona de Loma La Lata Norte, donde se tiene planificado abrir nuevos pozos de HIDROFRACTURA operados por CHEVRON. Esta situación fue agravándose durante las primeras horas del mismo día, cuando las familias se encontraban en el pueblo y al volver encontraron tres casas familiares también prendidas fuego.
Este hecho, que NO ES AISLADO, debe analizarse dentro del contexto de LUCHA CONTRA EL FRACKING y el PACTO YPF – CHEVRON, que viene manteniendo la comunidad Mapuce Campo Maripe y la MULTISECTORIAL CONTRA LA FRACTURA HIDRÁULICA.
Este análisis es el que no hizo la Fiscal que atiende en el caso, Dra. Gloria Lucero, quien se hizo presente en el lugar de los hechos, casi 28hs después del atentado, y debido a las presiones que le generó el corte total del acceso al yacimiento LOMA LA LATA NORTE, que mantuvo la COMUNIDAD CAMPO MARIPE junto a esta MULTISECTORIAL.
Esta escalada de violencia no es generada por la comunidad, ni por la multisectorial, quienes hemos demostrado la manifestación pacífica en acciones anteriores y posteriores a la REPRESIÓN DEL 28/08, sin incendios intencionales, sin vallas, sin balas de goma, sin gases y sin municiones metálicas.
Esta violencia es alimentada por el gobernador JORGE SAPAG, y sus voceros, el diputado LUIS SAPAG y el ministro de Energía GUILLERMO COCO, quienes continuamente descalifican el reclamo popular contra el PACTO YPF – CHEVRON y la HIDROFRACTURA. Además, estos personajes sin escrúpulos utilizan toda una batería de mentiras y descalificaciones, hacia la comunidad Campo Maripe, llegando al punto de poner en duda sus verdaderos orígenes, cosa que nos provoca un REPUDIO TOTAL. Hay que preguntarse: ¿Dónde ha quedado el diálogo y la paz social declamada por el gobernador JORGE SAPAG? Ya que poner en duda el origen de la Comunidad Campo Maripe, es un acto de RACISMO.
El estado provincial abusa del poder y avasalla los derechos de las comunidades Mapuces amparadas por el artículo 75 inc. 17 de la Constitución Nacional Argentina. Negarse a entregar las personerías jurídicas a pueblos originarios, implica al menos el delito de abuso de poder y violación a los deberes de funcionario público.
Desde esta MULTISECTORIAL, nos preguntamos y les preguntamos: ¿Hasta cuándo la justicia Argentina seguirá haciendo la vista gorda a estos actos mafiosos? ¿Hasta cuándo nuestros jueces y fiscales seguirán permitiendo el dominio de los poderosos sobre los indefensos? ¿Hasta cuándo la justicia no será justicia y su independencia estará manchada por (in)acciones propias?
Por último, le aclaramos al Gobernador SAPAG que la paz social se construye con diálogo y no con descalificaciones, y lo instamos a que revea su accionar político. El pueblo ya se ha expresado en las elecciones del pasado 11 de agosto, en las que el 65% de los/as electores/as, votaron en contra de las políticas que el gobierno provincial viene llevando adelante.
Es necesario que los partidos políticos opositores y sus referentes se expresen con respecto a la falta de registro del estado provincial a las comunidades originarias. Hacemos un llamado a la unidad para que en nuestra provincia se repudie estos actos infames por parte del gobernador y sus funcionarios políticos.
EXIGIMOS DE MANERA URGENTE CESEN LOS ATAQUES A LA COMUNIDAD CAMPO MARIPE Y QUE EL ESTADO PROVINCIAL CUMPLA CON EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE RECONOCER LA PREEXISTENCIA DE LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS, OTORGANDO LAS PERSONERÍAS JURÍDICAS Y REALIZANDO EL RELEVAMIENTO DE TIERRAS AL QUE SE NIEGA SISTEMÁTICAMENTE DESDE HACE 17 AÑOS.
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