por Facundo Guillén, Resumen Latinoamericano, 23 noviembre 2014.- Hace unas pocas semanas el kirchnerismo aprobó la nueva ley de hidrocarburos. Para entender qué modificaciones se hicieron, en qué medida afecta a la soberanía y cuáles son los beneficiados por esta nueva ley entrevistamos a Félix Herrero, especialista en Energía y ex presidente de Salto Grande, Yacyretá y Corpus Christi (1973-1976).
¿Qué opinas sobre las modificaciones que se hicieron a la Ley 17.319, lo que se llama la “nueva ley de hidrocarburos”?
Esta ley fue sancionada en la sesión de diputados del 29 de Octubre, día que muchos movimientos populares y movimientos anti-fracking llaman el “día de la traición”, ya que traiciona todos los principios de intereses nacionales sobre el petróleo.
Esta ley es el tercer y último acto de la entrega del petróleo argentino. Esta entrega nace con el menemismo cuando privatiza YPF. Después Kirchner, en un segundo acto, hace efectivo el principio constitucional de que la propiedad nacional del petróleo desaparece para pasar a convertirse en propiedades provinciales. Y ahora se realizó el tercer acto, donde ya se recibe con los brazos abiertos a la grandes multinacionales petroleras para que se hagan cargo del negocio.
¿Qué argumento utilizó el kirchnerismo para modificar la ley?
Ellos dicen que el objetivo consiste en buscar el autoabastecimiento. Ese es el objetivo que dicen para afuera, el objetivo mediático. Pero con esta ley no van a conseguir autoabastecimiento porque pareciera que se están jugando todo a Vaca Muerta y Vaca Muerta no tiene reservas constatadas. El presidente de la Shell, el señor Aranguren también dice esto en una entrevista que le da a la revista Petroquímica: “nosotros no tenemos ubicación o cuantificación en Vaca Muerta, YPF tampoco”. Cuando habla de nosotros habla de Total y Shell.
Si realmente buscaran abastecimiento, estarían operando como un Estado concedente, es decir, obligando a hacer inversiones y el que no invierte se va, como en cualquier país del mundo. Para que haya petróleo hay que invertir. Si se quiere inversión hay que hacer la función de concedente.
Yo veo lo que pasa en el mundo. De las veinte primeras empresas petroleras del mundo, diecisiete son estatales, tres solamente son privadas: EXXON Mobil, British Petroleum y Total. Argentina es el único país que tiene una empresa mixta y no una empresa estatal en América Latina. Yo creo en el modelo de la empresa de Mosconi, no de Galuccio. Galuccio, CEO de YPF, trabajó en una multinacional de servicios de petroleros llamada Schlumberger. Por lo que sé, Schlumberger tiene muchos contratos en Vaca Muerta. Hay varios argentinos que estuvieron en Schlumberger que ahora son funcionarios importantes de YPF.
¿Con qué objetivo hicieron las modificaciones?
Las multinacionales, sobre todo las que tienen acuerdos secretos con YPF -es decir, Chevron, Dow Chemical y Petrobras-, dicen “bueno, es muy lindo el decreto 929 de Julio de 2013, nos da beneficios que no nos dan en ninguna parte del mundo, pero si después de 2015 viene otro gobierno que no está de acuerdo, en un día cambia el decreto y perdemos los beneficios”. Un decreto puede caer por modificación, derogación, o por otro decreto. ¿Qué exigieron las multinacionales? Una ley que las proteja. Entonces el decreto 929 y el 927 se convirtieron en ley. El kirchnerismo supone que luego de las elecciones nadie va a tener mayoría absoluta en la cámara de diputados y menos aún en la cámara del senado. Por ende, va a ser difícil que se cambie esta nueva ley. El decreto, en cambio, lo podrían cambiar fácilmente. Esto no lo digo yo solo, lo dice el señor Aranguren. La revista Petroquímica le preguntó qué piensa sobre el proyecto de Ley de Hidrocarburos y Aranguren respondió que “primero quisiera aclarar que el Gerente de Relaciones Institucionales de YPF sostuvo en una publicación de un diario nacional que esta ley le da rango de ley a los decretos promocionales 929 y 927”. Este fue el objetivo principal de sancionar la ley. “Y que de esa manera -Aranguren agrega-, se les otorga seguridad legal a estos esquemas de promoción”. O sea que esto no lo afirmo yo ni los que estamos en contra de la ley, sino que lo afirman los presidentes de multinacionales como la Shell, que tiene también concesiones en Vaca Muerta (dos concesiones asociadas con Total). Esta ley da beneficios extraordinarios que, a lo mejor, logran que algunos capitales ingresen.
Para colmo, esta ley tiene puntos que llaman enormemente la atención. Por ejemplo, prohíbe la participación de las empresas estatales o con capital público.
¿Por qué?
Hay sectores que no quieren que entren China y Rusia en Argentina. Estos dos países tienen empresas 100% estatales. Rusia tiene a Rosneft y Gazprom que son estatales.
¿Quiénes no quieren que entre China y Rusia?
Los norteamericanos y los ingleses, que son quienes hicieron esta ley. Las petroleras de Estados Unidos y de Inglaterra son los autores de esta ley, y son ellos los destinatarios del beneficio. Entonces fijate vos qué curioso: YPF no podría participar en concesiones nuevas porque tiene el 51% estatal. Es rotunda la ley sobre este tema: “las provincias y el Estado nacional […] no establecerán en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o empresas públicas con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica”. Esto es una locura. Petrobras no puede participar más, lo mismo YPF que no puede participar en los nuevos pozos. En América Latina, todos los países tienen una empresa estatal, menos Argentina que tiene esta mixtura de YPF. Entonces esto es muy interesante. Esto está diciendo a quiénes van a favorecer todos estos beneficios extraordinarios que está dando esta ley.
¿Son altas o bajas las regalías que van a tener que pagar las empresas?
Aquí van a pagar el 12%. En Estados Unidos la tierra es privada, por ende le pagan 16% al dueño de la misma. Pero Estados Unidos tiene petróleo público en el Golfo de México, en Alaska, en el Mar Atlántico y en el Pacífico y con regalías mucho más altas. Igual no hay que comparar regalías así no más. Te doy un ejemplo: en Bolivia, tienen que pagar una regalía de 48% y supongamos que no hubiese ningún impuesto más; entonces 48% parece alto pero es bajísimo. Bolivia igual tiene un montón de impuestos, pero, en teoría, si comparamos un país que tiene 50% de regalías y ningún impuesto más y otro país que tiene 2% de regalías pero 80% de impuestos a la comercialización del crudo, ¿quién está en mejor posición? ¿Quién tiene renta pública mayor? Obviamente el segundo Estado. Es lo que pasa con Bolivia. Bolivia tiene altas regalías y altos impuestos. Bolivia tiene el 85% u 82% de renta.
¿Sería rentable para ellos invertir en Argentina con un régimen impositivo más grande o no?
Yo doy un solo caso: Bolivia. 85% u 82%, como se quiera, nacionalización de los yacimientos. Y sin embargo ninguna empresa multinacional se fue del país. Con ese 10% les alcanza, y si se quedan es porque les conviene. El petróleo es así. Acá pasaría lo mismo, lo que pasa es que acá hay una clase política comprada por los petroleros, entonces no hay solución.
¿Qué otros problemas tiene la ley?
Las provincias que participan de las regalías son sólo 10. Hay 14 que quedan afuera. Las provincias que tienen petróleo representan apenas el 16% de la población argentina. Son minoría de población y de provincias. ¿Por qué insistimos tanto en las provincias llamadas “no productoras”? Por la actividad del consumo: Capital Federal y la provincia de Buenos Aires tienen más del 60% del consumo de combustible. La industrialización, refinerías, los oleoductos, gasoductos, todo eso está en el sistema provincial. Los puertos de exportación de gas natural licuado los han puesto en Bahía Blanca y en Escobar. O sea que hay todo un sistema de la vida energética hidrocarburífera que está en las provincias no petroleras.
En este sentido, Bolivia es un ejemplo, porque las regalías se reparten entre los 9 departamentos del país, los 4 que tienen gas y los 5 que no -en una proporción menor, pero la reciben. En la Argentina, las regalías hidroeléctricas, por ejemplo, se distribuyen a los departamentos como Entre Ríos, que no son costeros del Río Uruguay. En Río Negro, que tiene 29 departamentos y solamente alrededor de 10 tienen petróleo, la regalía que recibe Rio Negro se reparte entre los 29 departamentos. Lo que hacemos para dentro de las provincias no lo hacemos para la Nación.
Otro punto conflictivo de la ley es quién fija la regalía. En general, la fija quien tiene el dominio. Acá no es así. El dominio es provincial y la tasa de regalías, que es de 12, 15 o 18%, según las prórrogas en esta ley nueva, la maneja la Nación. Entonces ahí hay un contraste con la legislación mundial. En Mendoza y Neuquén ya hay una disputa por este tema. El Partido Demócrata de Mendoza y la Unión Cívica Radical de Mendoza piden que esta ley sea aprobada o adherida por las legislaturas provinciales. No hicieron eso porque sabían que se les iba a armar un gran despelote. Es una ley nacional, pero afecta a las provincias también y tiene que ser una ley de adhesión, es decir, cada legislatura provincial debería votar su adhesión. Buscaron la adhesión previa de cada una de las diez provincias productoras, pero no consultaron a las provincias consumidoras, que también deberían haber adherido. Entonces eliminaron el requisito de que esta ley tenía que ser adherida para tener vigencia en las provincias.
Otro tema que quedó para más adelante es el Régimen de Competencia Petrolera de formación hidrocarburífera. ¿De quién? ¿De la provincia? ¿De la Nación? ¿De las Multinacionales? Esto no está acordado. Cuando se privatizó YPF, los privados se llevaron toda la información. Yo no soy de los que creen “bueno, ya terminó el negocio”. No, acá va a haber una disputa entre Provincia y Nación y entre Multinacionales. Después, por lo que ya dijimos, la mayoría de las provincias no participaron en la negociación.
Antes decías que el sistema de prórrogas para las concesiones no existe en otro lugar del mundo. ¿Qué tiene de particular?
Antes la concesión era a 25 años, a los que luego se le podían agregar otros 10 años más y pasados los 35 años totales terminaba la concesión. Ahora pasaría a ser primero 25 años y luego 10 años más, pero se puede seguir prorrogando de forma infinita, léase, se puede prorrogar 10 años más varias veces. Este es un sistema de prórrogas que no existe en el mundo.
Esto es lo que quería Oscar Vicente hace 10 años cuando contribuía a la privatización menemista. Quería que se otorgaran concesiones hasta el agotamiento del gas y del petróleo, es una locura. A nivel mundial es una locura. Argentina sólo permitía, como en muchos países del mundo, que las empresas puedan tener un número limitado de concesiones. Cinco permisos de exploración y cinco concesiones de explotación por cada empresa.
Pero el menemismo hizo una interpretación un tanto peculiar: dijeron que la ley no se refiere a la empresa sino a las UTEs que haga la empresa.
¿Qué es una UTE?
Una UTE es una Unión Transitoria de Empresa. Una empresa hace una asociación y así obtiene una concesión. La ley ahora no pone límites. Hablan de que va a haber competencia, como hay en algunos países del primer mundo, llamémoslos así. Dicen que la ley busca la competencia, pero en teoría una empresa podría tener el 100% de las concesiones creando muchas UTE. Esto es otra locura, es decir, lo que hizo el menemismo en la interpretación de la ley lo hace el kirchnerismo en la redacción de la ley misma.
¿Esta ley regula el fracking?
Habla del fracking sin poner ninguna regulación ni poner las normas ambientales que tendría que haber. Con respecto al fracking hay tres actitudes, tres posiciones político-petroleras: una es la que apoyamos nosotros, la prohibición del fracking, en cualquiera de sus formas. La segunda es lo que habían propuesto en Francia, que no caminó porque ganó la posición de prohibir el fracking, que era lo que se llama “el fracking verde”: hagamos regulaciones, que haya fracking pero va a haber un control muy grande -pero sabemos lo que es el control en Argentina-, pongamos normas o, como hace el Estado de Colorado, que no se puedan poner materiales químicos sin haber antes informado al Gobierno la lista de lo que se va a aplicar en cada pozo. Y después está el sistema argentino, que es un vale todo.
¿Hay sectores que se oponen?
En Argentina nace, como en todo el mundo, un movimiento anti-fracking, por debajo: impulsado por movimientos sociales, con partidos políticos locales -en algunos lugares-, con asociaciones ambientalistas. Entonces crean un sistema que se integra y coordina, son asambleas. Se desarrolla mucho en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires.
En Entre Ríos y Corrientes, YPF dijo que iba a hacer fracking. Después dijo que no y finalmente dijo que no va a hacer ningún pozo. En la provincia de Buenos Aires, en la cuenca de Claromecó, que son 15 municipios, también hay temor por este tema. Veamos la realidad: el fracking trae problemas de salud, se dice que trae terremotos, explosiones de metano, incorporación de metano a la atmósfera (que es peor que el dióxido de carbono para el cambio climático), trae todos estos problemas que son bastante conocidos. Pero además hay otros problemas locales: ¿Con quién compite el fracking? Utiliza agua a lo loco y compite con los productores agrícolas que dependen de esa agua. Nosotros estamos sobre el tercer acuífero más grande del mundo. El primero se supone que está en el centro de África, el segundo, en la zona sur del Sahara de África, y el tercero sería el Guaraní, que incluye a Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil. Esto es una riqueza más grande que la del petróleo; en el futuro, va a ser como dicen: “el agua vale más que el oro”. Y las guerras del petróleo convivirán o serán reemplazadas paulatinamente por las del agua. Entonces, en Entre Ríos hay 22 ciudades que han prohibido el fracking. En Claromecó, que son 15 municipios, hay 9 que lo han prohibido.
Esto es la conciencia popular, por eso lo que queremos nosotros es que la decisión del fracking no pase por los petroleros ni por los políticos que de ellos dependen, sino que pase por la gente. Si se decidiera votar por el fracking, yo aseguro que pierden, 10 a 0. Por eso impiden la voluntad popular, la voz popular.
En resumen, ¿se puede decir que esta ley quita soberanía?
Quita soberanía porque es una ley para las Multinacionales, es decir, todo va dirigido a que no haya un desarrollo petrolero a nivel nacional y latinoamericano. Nosotros queremos un desarrollo latinoamericano. Nosotros queremos una YPF socia de PDVSA y de Petrobras, pero latinoamericano. Pero, por el contrario, ahora está prohibido que vengan empresas estatales como PDVSA, PETROBRAS, ANCAP, las chilenas, la boliviana, todas.
Dado que apareció el tema varias veces en la entrevista: ¿Qué pensás de la política energética que ha desarrollado el gobierno boliviano?
Yo creo que Bolivia es el mejor gobierno de América Latina. Estoy comparando con Nicaragua, con Venezuela. Y bueno, también con Brasil, que tiene un gobierno de mucha inteligencia internacional, que logró estar en el BRICS. La política energética de Bolivia, que comenzó con la nacionalización cuando Soliz Rada y Evo Morales nacionalizaron el petróleo me parece excelente. Y un país que ha logrado el 82%, 85% de la renta hidrocarburífera pública estatal, me parece que es admirable, que así debería ser en nuestro país.
*Félix Herrero, especialista en Energía
