Las altas subas en las tarifas de gas, su revés judicial y la rectificación parcial del gobierno constituyen la noticia de la semana. ¿Cuáles son las causas profundas de una medida que presenta un alto costo político para Mauricio Macri? El discurso oficial asocia la tarifa con un incentivo para ahorrar energía, presentándola como una medida ecológica. Sin embargo, al mismo tiempo la solución prometida es explotar Vaca Muerta. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción?
INFORME
Por Eduardo Soler
Unas horas después de su polémica recomendación sobre evitar andar “en remera y patas” en las casas, con el fin de ahorrar gas, el presidente Mauricio Macri dejó otra frase contundente pero que pasó desapercibida. “Estamos en el comienzo de una explosión de inversión en Vaca Muerta”, aseguró, haciendo referencia a la extracción de petróleo y gas no convencionales en Neuquén.
Entre un dicho y otro, ambas cuestiones ya habían sido señaladas por Marcos Peña. El Jefe de Gabinete afirmó que la suba de tarifas promueve el ahorro de gas y por tanto el medio ambiente, en una perspectiva liberal del problema ecológico. Pero al mismo tiempo, expresó que el fracking será la solución de la crisis energética, porque nos permitirá llegar al auto-abastecimiento, colocando así el énfasis en la profundización del modelo extractivo.
Desde ya, que las promesas de la salvación argentina centradas en la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” nacieron con el kirchnerismo. Incluso puede entenderse la medida de la estatización parcial de YPF por fuera del argumento oficial de la “soberanía energética”, interpretando el el manifiesto interés en desarrollar el fracking con el fin de obtener divisas de exportación. Esta concepción está incluso explicita en la Ley sancionada por el Congreso en mayo de 2012.
De ese tiempo a esta parte, la baja del precio del petróleo fue el principal factor que alteró los cálculos, tanto del gobierno como del sector empresarial. Mientras que entre 2011 y 2013 el precio del barril de petróleo se ubicó por encima de los 100 dólares, desde el 2014 se registró una fuerte baja que llevó el precio a menos de 50 dólares. Entre las causas de esta inestabilidad se cita la desaceleración de los gigantes emergentes.
No obstante, otro factor importante es la irrupción de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Además de contar con la mayor reserva explorada en el mundo, el costo de extracción de esquisto se ubican entre los 39 y 48 dólares, por lo cual la barrera económica resulta accesible. En comparación, extraer hidrocarburo no convencional en Vaca Muerta resulta más caro. Desde Chevron, la principal inversora con 2.700 millones de dólares, apostaban por un precio del barril cercano a los 70 dólares.
Política de Estado hidrocarburífera
En este juego, entra en consideración la política de Estado de desacople del precio internacional con el local, que venía de la gestión kirchnerista y continúa en la actualidad, aunque bajo distintos criterios. En los últimos años, para sostener la actividad petrolera luego de la caída de los precios de 2014, se mantuvo la “competitividad” con un precio subsidiado, ubicado en torno a los 67 dólares por barril. Uno de los argumentos es evitar la conflictividad social con los trabajadores petroleros.
Sin embargo, la razón de fondo parece ser otra, y consiste en consolidar la inversión extranjera en los yacimientos locales, en particular en Vaca Muerta. En mayo, el Ministro de Energía, Juan José Arangueren, fue el principal orador del seminario “Shale en la Argentina: el futuro de Vaca Muerta” en Houston. Allí expresó que su deseo para el sector es que se pasara de la etapa de los estudios geológicos a la explotación del recurso.
En Estados Unidos, el Ministro se reunió con el presidente de Chevron para América Latina, Ali Morishi, quien tiene particular interés en la continuidad de las inversiones. Uno de los frentes de batalla se presenta en el aspecto legal, porque en los próximos días el gobierno debiera dar publicidad del acuerdo secreto firmado para proteger sus inversiones. Entre ellos, figuran la facilidad para girar divisas al exterior.
Sin embargo, también estuvieron presentes directivos de Shell, la corporación anglo-holandesa en la que Arangueren realizó toda su carrera profesional, y en la cual tiene acciones aún en la actualidad. La compañía estaba explorando cinco pozos en tres áreas de la formación Vaca Muerta, pero acaba de adquirir nuevos permisos por 5 millones de dólares en Coirón Amargo y plantea aumentar sus inversiones.
Por eso, el juego de intereses podría unir un lado y otro del mostrador. De hecho, la estrategia de Shell en Vaca Muerta fue diseñada por el propio Aranguren. En abril de 2014, el entonces CEO declaró que las inviersiones apostaban porque el “viento de cambio en el gobierno argentino alcance a la política energética para impulsar el desarrollo del shale oil y shale gas como vehículo para reducir las importaciones de combustibles”.
En ese mismo sentido, Teófilo Lacroze, el actual presidente de Shell Argentina,manifestó recientemente que debe mantenerse el precio subsidiado del crudo en Argentina, “más alto que el precio internacional, con el objetivo de mantener el nivel de actividad del 2015”. Y dejó en claro: “Nuestra expectativa es que esta política se mantendrá hasta que los precios internacionales se acerquen a los locales”.
Para mayores detalles sobre la estrategia a mediado plazo, en el caso de Shell la inversión apunta a construir una planta para procesar 10 mil barriles de petróleo no convencional para 2017. La empresa subsidiaria de Shell, O&G Developments, había anunciado en marzo de 2013 el descubrimiento de hidrocarburo no convencional en el área de Sierras Blancas. Por lo tanto, la corporación compite por hacer negocios en Vaca Muerta.
Dale gas no convencional
Los precios del petróleo y del gas no son los mismos, pero mantienen tendencias similares. En el caso de Argentina, no obstante, la política energética fue decisiva en mantener bajo el precio de gas de consumo domiciliario, y también industrial. Por el contrario, el precio de la nafta -refinada del petróleo- sí tuvo aumentos en los últimos años, en los cuales Shell fue la empresa pionera.
En el área específica del gas no convencional, la compañía francesa Total lleva la delantera, ya que el año pasado conectó diez pozos de shale gas para venderlos al mercado local. En marzo de 2014, cuando la entonces Presidente Cristina Fernández viajó a Francia, los directivos de la compañía pidieron más incentivos para su inversión. Entre ellos se destacaba achicar la brecha entre el precio que se pagaba a la producción local y a la importación de gas natural.
En la actualidad, Argentina consume en el invierno 150 millones de metros cúbicos de gas, mientras que produce sólo 100 millones. Este déficit debe cubrirse con gas importado. A partir de allí surge la polémica por el origen, entre los precios y las calidades relativas de la producción en Bolivia y el que viene a través de Chile. Las sospechas apuntan a que la empresa intermediaria, en el último caso, resulta la propia Shell.
Si volvemos al precio del millón de BTU de producción local, en febrero se había negociado un precio de 4,7 dólares. Sin embargo, el Ministerio de Energía garantizó un precio en boca de pozo de 5,1 dólares. Este incremento, no obstante, no llegaba a cubrir el valor que tenían años atrás por el propio mercado, y del que se hacía cargo el subsidio estatal. Por eso mismo, la alta suba de las tarifas de gas busca garantizar una mayor rentabilidad a las empresas del sector.
El artículo publicado hoy en La Nación parece confirmar nuestra suposición: “Corregir precios y atraer inversiones: claves para salir de la crisis energética“. Allí la crítica a las políticas de subsidios del gobierno kirchnerista, se une con la promesa de Vaca Muerta: “gracias al shale gas se podría abastecer la demanda actual del país durante 300 años”. Para eso estiman inversiones de 8 mil millones de dólares anuales, las que deben vincularse con la tarifas acordes con estos montos.
Desde la empresa Total, Sergo Giorgi coincidía con este diagnóstico en declaraciones a El Cronista: “La necesidad de capital intensivo para los desarrollos no convencionales implica que todas las partes involucradas cooperen de manera estrecha para que la actividad sea sostenible”. Así, para que las empresas “asuman el riesgo”, también el gobierno “tiene que jugar un papel de catalizador de inversiones en la fase de despegue del desarrollo de Vaca Muerta”.
Shell y Total trabajan en forma conjunta en algunos yacimientos de Vaca Muerta. En 2014, Shell compró el 42,5 por ciento de la participación que tenía Total en las explotaciones de La Escalonada y Rincón La Ceniza. La compañía francesa mantuvo otro 42,5 por ciento y la operación, mientras que el 15 por ciento restante corresponde a la empresa provincial de Neuquén. El año pasado directivos de ambas compañías coincidieron en la estrategia de multiplicar el fracking en Vaca Muerta, pasando de 250 a 4 mil pozos.
Profundización del extractivismo energético
Nos encontramos, así, en la clásica situación. Las empresas piden que el Estado no intervenga cuando esto afecta sus negocios, pero su rol es fundamental para asegurar sus inversiones. Por ello, si el Estado Argentino apuesta al fracking en Vaca Muerta como la solución a futuro, sólo estaremos volviendo a subsidiar el extractivismo. Se trata de una situación similar a la megaminería, aunque en el caso del petróleo y el gas es diferente porque constituye el principal insumo para las demandas energéticas en nuestro país.
Desde ya, una política alternativa vendría con el real fomento de las energías alternativas limpias, que nos permita superar la dependencia de los hidrocarburos, que asciende a más del 80 por ciento. El fomento de la energía solar y eólica, por caso, tiene como “desventaja” que es difícil la concentración de su renta. Un modelo sustentable incluye que cada consumidor sea también productor de energía, como en el caso paradigmático de la energía solar calórica o térmica instalada en cada hogar.
Solamente en ese escenario de apuesta a futuro de mediano plazo, resultaría creíble para la sociedad una política de ahorro de energía, que debiera partir de la base de cuidar a los sectores sociales más vulnerables. Por el contrario, así como en el gobierno anterior los subsidios beneficiaban a las empresas, ahora se propone que la tarifa domiciliaria cubra esa transferencia de recursos. Por lo tanto, el ahorro está en función mantener y garantizar las ganancias mediante las tarifas llamadas competitivas.
En la transición entre un gobierno y otro, Miguel Gallucio defendía su política al frente del YPF. Mientras que el Estado había erogado unos 11 mil millones en 2015 para sostener el precio del petróleo y del gas, el ex-CEO de YPF consideraba que esta situación era transitoria por la tendencia del mercado global. La idea era aplicar la suba que ya se había hecho en el combustible. Por lo tanto los subsidios debían retirarse, al mismo tiempo de acompañar el hipotético repunte del precio internacional.
En los dos escenarios esperados por el sector empresario se reúne una misma tendencia a la suba, que está justificada en el caso del hidrocarburo no convencional. Estos yacimientos tienen de por sí un costo mayor, porque se trata de un recurso que está diseminado en la roca madre, así como la megaminería trabaja con vetas de muy baja ley. Por eso mismo el costo es más alto, y mucho más si se incluyera el impacto ambiental (ecológico y social) que genera el fracking en los territorios donde opera.
La lógica
El gobierno nacional intenta justificar el exacerbado aumento de las tarifas energéticas haciendo alusión al ahorro y que esto beneficia al ambiente. Sin embargo, argumentan también que la solución final a la crisis energética vendrá por el lado del fracking, una tecnología de alto impacto ecológico. Ambas medidas, por lo tanto, se entienden mejor en la lógica del extractivismo energético: mercantilización del servicio y acumulación por desposesión.
