La Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua pidió el revocamiento de un convenio firmado entre la provincia de Jujuy y Parques Nacionales que traspasa mil hectáreas a la Provincia, estableciendo un peligroso antecedente. En el mismo sentido se pronunció el Consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín. En el Enredando las Mañanas de este miércoles dialogamos con una de las voceras de la Asamblea.
Por RMNA
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Enredando Las Mañanas: este enclave de explotación petrolífera dentro de un Parque Nacional tiene una larga data y lucha para su cese, pero ahora ¿esta remediación termina desafectando 1000 hectáreas del mismo Parque?
Vocera: Sí, así es, justamente eso es lo que como trabajadores del Parque hemos visto con suma preocupación, esta decisión del directorio de la Administración de Parques, de rubricar este convenio con la provincia de Jujuy a través de la cual la Administración de Parques Nacionales perdería la jurisdicción y el dominio por un período de tiempo, que no está estipulado en este convenio, sobre una extensión de aproximadamente 1000 hectáreas, porque tampoco lo especifica demasiado el convenio, y quedarían íntegramente a cargo de la provincia de Jujuy, con lo cual Parques Nacionales perdería la potestad de poder fiscalizar, como lo veníamos haciendo hasta ahora, toda la actividad petrolera y los impactos ambientales que se derivan de esta. Así es que cuando tomamos conocimiento de la dirección de hacer este convenios con la Provincia es que nuevamente motorizamos a la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua que, como ustedes podrán recordar, es una Asamblea que está integrada por muchos actores sociales y políticos que en su momento se convocaron en defensa del área.
ELM: Entonces, respecto de este convenio, ¿sería la provincia propietaria y contralora a la vez, algo así como juez y parte?
Vocera: Así es. En abril de este año la provincia de Jujuy le quitó la concesión del yacimiento a la empresa que estaba en su momento, o sea, la última empresa que estaba explotando el yacimiento, y a partir de ese momento el yacimiento estaría siendo explotado por JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) que son una empresa estatal provincial. Y a través de este convenio se le entrega también a JEMSE la potestad de fiscalizar y de utilizar todas las regalías y los activos que genera la explotación de petróleo en teoría para un fondo que debiera de iniciar las tareas de remediación y cierre del yacimiento.
Lo que nosotros decimos es que no hay necesidad de ceder, ni por 10 años, ni por 5, ni por 50, la jurisdicción y el dominio de esas 1000 hectáreas, porque no influiría en nada el que la provincia se haga cargo de remediar, como le corresponde ahora, todos los pasivos ambientales y hacer el cierre efectivo del yacimiento.
Lo que nosotros decimos es que esta desafectación encubierta de estas 1000 hectáreas sienta un precedente sumamente peligroso para el resto de las áreas protegidas argentinas, porque sin duda que en todos los Parques Nacionales hay recursos naturales pasibles de explotación, entonces hoy desafectamos 1000 en Calilegua para explotación petrolera, mañana desafectaremos otra zona en Cardones para explotación de uranio, de litio o de lo que sea y así…
ELM: ¿Cuál es el interés del gobierno al desafectar estas 1000 hectáreas y el objetivo del acuerdo? ¿No dejar de explotar?, ¿cerrar los pozos pero no pedirle a las empresas que lo hagan?
Vocera: En realidad creo que esto es algo de lo que debiéramos de solicitar una información a la provincia, pero por lo que las conferencias de prensa que han estado dando en estos días la ministra de ambiente y el secretario de minería, en teoría la empresa JEMSE de la provincia no contaría con el dinero para hacer el cierre del yacimiento y para la remediación de los pasivos, entonces desde el momento que comienzan a administrar el yacimiento con las ganancias de la explotación irían destinando a este plan de liquidación y cierre. Y hay otra cosa, la provincia ahora se encuentra en posición de hacer todos los juicios que crea correspondientes a las empresas que tuvieron la concesión del yacimiento anterior a JEMSE para que se hagan cargo de lo que les correspondería en concepto de remediación de todos los pasivos.
ELM: Sabemos, porque conocemos la lucha en el parque, que estas explotaciones recién se dieron a conocer a partir de la Asamblea, y sino no se conocían, pero, ¿este acuerdo fue tomado de manera inconsulta con los principales afectados?
Vocera: Sí. De hecho, en su momento, cuando el gobernador Morales hace 3 años atrás sacó la ley por la cual decía que iba a cesar la explotación petrolera y se dejaban en efecto todas las concesiones, las ampliaciones de concesión y demás en Caimancito, a las pocas semanas también de esa ley, que se reglamentó a través de un decreto, en el cual decía que se debía de conformar una comisión ad hoc que sería la encargada de realizar el estudio de impacto ambiental y el estudio de situación del yacimiento para tener una idea de cómo se debía avanzar en el cierre y remediación. En esa comisión ad hoc nunca tuvimos participación ni los trabajadores, ni las organizaciones sociales y políticas, ni pueblos aborígenes que estuvimos llevando adelante esta pelea. Y eso, en su momento, generó también un petitorio por parte de la Asamblea, donde solicitábamos que nos dieran participación en esa comisión, por supuesto nunca logramos que eso se llevara a cabo.
ELM: ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir por parte de la Asamblea?
Vocera: Ahora, hace unos minutos, en el Consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín, que es la ciudad cabecera del departamento, se ha votado un proyecto de declaración donde toman nuestro comunicado, como trabajadores del Parque y la Asamblea Ampliada en Defensa del Parque, y donde el Consejo Deliberante le pide al directorio de la Administración de Parques Nacionales que dé marcha atrás en la firma de este convenio y va a ir acompañado, lógicamente, por un petitorio formal que queremos ingresar en la administración de Parques Nacionales solicitando esta misma cuestión: que den marcha atrás en la firma de este convenio. Porque Reitero, esperamos que se pueda hacer el cierre y la remediación que se plantea en el convenio sin necesidad de ceder jurisdicción y dominio, que es este uno de los temas que nos preocupa sobremanera a todos los que integramos la Asamblea. Así que el próximo paso sería la elevación de este petitorio con, por supuesto, el aval de todos los que integramos la Asamblea Ampliada y, en este caso también, con esta declaración que ha salido a través del consejo Deliberante de la ciudad de Libertador General San Martín, donde justamente apoyan el petitorio que hacemos desde la Asamblea.
