De Vaca Muerta a la Faja Petrolífera del Orinoco
Por Emiliano Teran Mantovani
En la década de los 20 del siglo pasado, surgía la Venezuela petrolera, convirtiendo muy pronto al país en el primer exportador de crudos del mundo. A pesar del deslumbramiento por esta rápida entrada a la “modernidad”, desde muy temprano se evidenció en una parte de la intelectualidad venezolana la preocupación sobre el carácter parasitario propio de una economía rentista y, por tanto, la necesidad de salir de este modelo y encauzar los esfuerzos hacia la formación de una economía productiva.
En 1936, el destacado político e intelectual Arturo Uslar Pietri (†), proponía que, para evitar que se convirtiera en una “maldición”, era necesario “sembrar el petróleo”. Esto suponía aprovechar la riqueza súbita y transitoria de la renta petrolera para la creación de una base productiva con la cual pudiésemos alcanzar verdaderamente nuestra independencia. La noción de “sembrar el petróleo” se convirtió en la consigna de todos los gobernantes del país desde entonces hasta nuestros días, incluyendo a la Revolución Bolivariana liderada por el Presidente Hugo Chávez.
Parecía claro que, con tales niveles de “riqueza” en el país, era solo cuestión de tiempo alcanzar la promesa del desarrollo. Industrialización, independencia económica, convertir a Venezuela en la “primera potencia latinoamericana”, según el dictador Marcos Pérez Jiménez; la “Gran Venezuela”, de Carlos Andrés Pérez I; hasta llegar a la revolucionaria Venezuela “Potencia Energética Mundial”, de Chávez, la cual surgiría a partir de los crudos extra-pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco. Al final de la historia todas promesas incumplidas, no solo porque no se pudo sembrar el petróleo, sino también porque este castillo de naipes construido históricamente en torno al modelo rentista petrolero, otra vez se ha venido abajo –antes, con la crisis de los años 80, que precedió al Caracazo de 1989–, pero hoy, dejando a los venezolanos en esta especie de vacío, en una extraordinaria crisis sin precedentes en la historia de América Latina.
Desde el sentido común se diría “¡es que en realidad no se ha sembrado el petróleo!”, por lo que el problema fundamental sería entonces conseguir mejores gerentes y administradores de esa renta. Pero esta idea evade discutir las complejas dimensiones económicas, sociológicas y políticas del fenómeno; debatir sobre los propios límites del modelo rentista y un proyecto de “crecimiento y desarrollo” que se impulse en torno a este.
Con la aparición y auge del mega-proyecto Vaca Muerta en la Patagonia norte, en Argentina, para la explotación de shale oil, shale gas y tight gas, surge por enésima vez este debate/dilema en América Latina. Nuevamente, se presenta una gran promesa a partir de esta iniciativa –¡la segunda mayor reserva de shale gas del mundo y con más petróleo no convencional que Venezuela!– y se anuncia que este logrará activar una cadena productiva que se extenderá en toda la región.
Pero venzamos la desmemoria. A la luz de este debate, necesitamos más bien preguntarnos por qué los varios planes propuestos en el pasado para la “diversificación productiva” de Neuquén no han podido concretarse, y en cambio, por qué ha aumentado progresivamente la dependencia a la explotación petrolera en la provincia (más de 50% del Producto Bruto Geográfico proviene de este rubro), a la par del retroceso de la producción del campo y el fortalecimiento del sector servicios. O por qué está comenzando a pasar esto en Río Negro.
El caso venezolano puede ser útil para re-pensarse esta metáfora de “sembrar el petróleo”, objetivo que, proponemos, es inviable. Esto, al menos por tres razones: a) no se puede salir del rentismo con más rentismo; b) más que pensar en la renta petrolera como un factor dinamizador de los sectores productivos, habría que pensarla como un obstáculo; y c) no hay ningún “futuro productivo” en un territorio que socava las fuentes de vida, la productividad de los ecosistemas y particularidades socio-culturales de la zona.
Entre la economía de enclave
y la inviable “siembra del petróleo”
Hay dos formas (no necesariamente excluyentes) en las que se implanta el extractivismo hidrocarburífero: una, es en la forma de economía de enclave, que aquí la vamos a entender como la configuración económica de un territorio primordialmente como surtidor para mercados externos, siendo que los emprendimientos extractivos tienen una relativa desconexión de las poblaciones locales y las rentas se transfieren fundamentalmente hacia afuera de la jurisdicción. La otra es cuando, a partir de esta implantación extractivista, se propone un plan de desarrollo, con mayor apropiación de la renta petrolera y mayor relación de organicidad con la población local y el territorio.
En las economías de enclave, al tener menor presencia local la renta petrolera, el fenómeno del rentismo es mucho más débil. Esto implica que estas formas económicas son mucho más depredadoras. Se convierten en buena medida en zonas de abierto saqueo (extracción con escasa contrapartida hacia adentro). En cambio en los formatos de extractivismos más soberanos, la lógica rentista sí que es más determinante.
En diversos debates se ha planteado que Vaca Muerta (VM) configura una economía de enclave –que en todo caso debería ser analizada como una especie de economía de enclave del siglo XXI. A pesar de que adquiere ciertos rasgos de este tipo –por ejemplo, que el 80% de las rentas de VM vayan fuera de la provincia y del país, y quede muy poco para la población local; o la notable remodelación territorial de Añelo y sus respectivas externalizaciones–, no nos extenderemos sobre esta discusión. Lo que sí quisiéramos problematizar es la propuesta de hacer que estos territorios dejen de ser una ‘economía de enclave’ para adoptar un esquema más soberano de extractivismo, que posibilite una mayor institucionalización y formalización del rentismo, sin que se cuestionen los pilares de esta forma de economía, y las profundas consecuencias que de ella se desprende.
Hay varios factores histórico-estructurales que deben ser tomados en cuenta en el debate sobre los límites de la ‘siembra del petróleo’ y la propuesta de la ‘diversificación productiva’:
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La inversión y circulación de una renta que es de carácter internacional (es decir, proviene del mercado mundial) está regida por la dinámica de factores ajenos a las economías locales. Esto implica reconocer que Neuquén, el conjunto de provincias de la Patagonia Norte o Venezuela, como núcleos petroleros, se inscriben en la lógica de la División Internacional del Trabajo, lo que implica que la administración de la renta está muy determinada para reproducir su función capitalista a lo interno de la economía nacional (intereses de acumulación extranjeros y élites locales). Como lo ha reconocido el destacado economista venezolano, Asdrúbal Baptista, no se puede desligar la relación entre el origen y el destino de la renta, pues hacen parte de un mismo proceso.
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La renta es un excedente captado por bienes no producidos (básicamente por la asunción de la propiedad de la tierra). Su presencia, circulación masiva y expansión en una economía determinada, estimula de forma extraordinaria que la búsqueda de beneficio económico se oriente a su captura –es más fácil esto que iniciar una inversión que supone asumir todo un proceso productivo en el tiempo y los riesgos de pérdidas económicas. La renta es de captura prácticamente inmediata. Por esto en los rentismos (sobre todo en los petroleros) se producen progresivos relajamientos y desestímulos de los sectores productivos, lo que tiende a intensificar la dependencia y la re-primarización.
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Esto ocurre no solo a nivel de empresas e iniciativas productivas organizadas, sino también en el campo social (lo que también ha sido llamado en la teoría económica rent seeking), promoviéndose expectativas y movilidad en torno a la captura de la renta. Los cambios en el uso de la tierra contribuyen a ese proceso de cambios en las prácticas socio-económicas, favoreciendo notoriamente al sector servicios e inclusive al comercio informal.
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El petróleo, y en general los hidrocarburos, han sido históricamente uno de los negocios más rentables, que posibilitan mayores procesos de acumulación de capital. Esto ha supuesto que las inversiones tiendan a dirigirse a estos sectores más redituables, abandonando o desestimando otros más de carácter productivo. Cuando ocurre un boom de precios internacionales, esta tendencia se acentúa extraordinariamente. Sin producir un barril de petróleo o un metro cúbico de gas más, súbitamente pueden ingresar enormes excedentes extraordinarios debido al aumento abrupto de los precios de los hidrocarburos. Estos diferentes efectos económicos han sido analizados en el concepto de “enfermedad holandesa”, que en tiempos anteriores también fue denominado “efecto Venezuela”.
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A medida que la economía se va volviendo más rentista, los sectores productivos tienen aún menos capacidad para revertir estas tendencias, la economía se torna más vulnerable ante la volatilidad de los precios de los hidrocarburos, y el mercado interno se vuelve más dependiente de la importación de productos, mercado que va siendo ensanchado artificialmente por la distribución masiva de la renta.
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El modelo extractivista petrolero se caracteriza por una muy alta concentración de los ingresos. Además, en los ‘Petro-Estados’ y los esquemas de poder político que se forman en torno a estas economías, se genera una estrecha relación entre hegemonía política y distribución de la renta petrolera, muy evidente en la forma histórica de la política venezolana, o en la tradición política del Movimiento Popular Neuquino. Esto implica el uso de la renta con fines demagógicos o para garantizar victorias electorales. Del mismo modo, cuando hay boom de precios se prometen desarrollos alucinantes, pero cuando cae el precio retoman el discurso de la necesidad de “desarrollar los sectores productivos”, hasta que llega el siguiente boom y lo abandonan. Por otro lado, la muy alta concentración de los réditos desarrolla un esquema de poder muy vertical, difícil de interpelar, por lo que se crean condiciones para la formación de poderosas tramas de corrupción. En suma, los “sembradores del petróleo” suelen estar inscritos o enmarcados en estas estructuras de poder.
La lógica extractivismo/rentismo tributa a su propia perpetuación, hasta que, pasado el tiempo, se ha producido el relativo agotamiento de los recursos de la zona y la pérdida de rentabilidad. El proyecto VM, con las dimensiones propuestas, transformaría radicalmente las economías locales –por lo que no es posible la convivencia entre sectores–, intensificando la dependencia y su vulnerabilidad social y económica. Esto no es cualquier cosa: la apuesta rentista, hoy, es más riesgosa que nunca, en un mundo con una muy alta inestabilidad económica y con bienes comunes naturales muy degradados y agotados. Lamentablemente, caminamos en sentido contrario a la soberanía alimentaria.
La apuesta rentista en tiempo de energías extremas,
el espejo de la Faja Petrolífera del Orinoco
Recorrer el Añelo de hoy (el centro operativo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén), para un venezolano, puede dar cierta sensación de escalofríos. Se me ha hecho inevitable pensar en Caripito, Lagunillas, o hasta Maracaibo, en Venezuela. El escalofrío de ver como se estaría repitiendo la historia de una promesa que nunca llegó, pero que dejó en los territorios unos impactos que nadie revirtió, nunca. Esto incluso, al igual que Añelo, ha pasado en los últimos años en San Diego de Cabrutica, en la llamada Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). Migraciones, derrames petroleros y escasez de agua, campesinos y pescadores que abandonan sus prácticas para trabajar en los taladros, crecimiento de la economía de servicios y el comercio informal, cercamientos y segregación espacial con predominio de la industria y sus empresas de servicio, desigualdades sociales y poca atención a los impactos de la industria, incremento de la prostitución y la criminalidad, y así un largo etc. Historia que se nos está repitiendo, a casi 100 años de comenzar la experiencia.
El presidente Chávez montó el proyecto del Socialismo del Siglo XXI sobre la explotación de no convencionales de la FPO; es decir, optó por la apuesta rentista, pero ahora en tiempo de extractivismos extremos. Se anunciaba que tenemos las mayores reservas de petróleo del mundo, que ahora sí que tenemos las tecnologías para desarrollarlas, que se haría una explotación amigable con el ambiente, que se requerían unos 250 mil millones de dólares de inversión y que se configuraría un polo productivo alrededor de la Faja –¿le suena esto familiar?–, siendo que alcanzaríamos una producción de 4 millones de barriles diarios en 2021, para un total de 6 millones a nivel nacional, llevándonos a convertirnos, ahora sí, en una ‘potencia mundial’.
Poco se habló de que se trata de una explotación más costosa –y con costos en constante incremento– y que depende de un precio internacional del crudo alto y estable para ser viable económicamente; que se usa una cantidad enorme de agua para generar un barril de crudo (de 3 a 4 barriles de agua); que los consumos de energía son dantescos; que tendría impactos mucho más importantes en los ecosistemas y territorios intervenidos; y por tanto que las exigencias de este proyecto son mucho mayores. Es decir, que a medida que comenzamos a depender más de estos crudos (y en la actualidad deben ser un 60% del total extraído en el país) acentuamos nuestra vulnerabilidad y dependencia a este histórico modelo.
Poco se habla también, de que uno de los factores de la crisis que se vive hoy en Venezuela, está también determinada por esta apuesta rentista en tiempos de energías extremas –¡y de crisis global! Perder esta apuesta se paga más caro.
Los límites ecológicos y el problema de la distribución
para pensar en alternativas
Más allá de los elementos que hemos propuesto para pensar los límites e inviabilidades de los rentismos hidrocarburíferos, lo que está en juego, en un lugar primario, son las condiciones de vida socio-ecológica de los territorios. Explotaciones como la de VM tienen y tendrán impactos ambientales considerables, lo que ha provocado que países (como Francia y Bulgaria) o provincias de otros países en el mundo hayan apelado al principio de precaución para prohibir o detener la práctica del fracking. El impacto en las fuentes de agua de las poblaciones locales –por ejemplo, al usarse numerosos componentes tóxicos en los procesos de fractura–, se suman a otros impactos que ya se han venido desarrollando con el tiempo, como la afectación de tierras y animales por derrames, indolente disposición de desechos provenientes de los procesos de extracción, impactos por la quema de gas, impactos a la salud de los pobladores (como enfermedades respiratorias), y sobre todo, decir “más combustibles fósiles” ante el muy grave problema del cambio climático y el compromiso adquirido por la Argentina en el Acuerdo de París (2015).
Como ya hemos afirmado, no hay ningún “futuro productivo” en un territorio donde las fuentes de vida, la productividad de los ecosistemas y particularidades socio-culturales de la zona son socavadas por la actividad extractiva.
¿Qué hacer? El problema no deja de ser complejo pues existen múltiples factores implicados y muchos intereses de por medio, pero las consecuencias son muy altas y es absolutamente necesario e imperioso buscar alternativas. Las autoridades, en toda América Latina, sean de derecha, izquierda o centro, justifican estos proyectos en nombre del empleo de tecnologías de punta que harían explotaciones limpias o con el menor impacto ambiental. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario y las zonas que han sufrido la explotación petrolera son zonas hoy con altos niveles de devastación. Las explotaciones no convencionales están dejando en todo el mundo grandes impactos, en muchos sentidos irreversibles. Además, en plena crisis económica global –y en esta especie de guerra comercial–, empresas y gobiernos buscan recuperar al máximo las tasas medias de ganancia, desregulando controles ambientales y abaratando gastos de cuido de los ecosistemas.
En relación a la cuestión económica, en busca de legitimidad se habla de la necesidad de impulsar estos emprendimientos para la captación de nuevas y más divisas para impulsar el desarrollo, o bien para la generación de energía para el mercado interno. No obstante, en esta insistencia se evade recurrentemente discutir que, en vez de solo captar más renta, lo esencial es analizar cómo se distribuyen los excedentes y riquezas ya existentes; para quiénes, a qué grupos y prácticas favorecen, qué formas económicas y consumos estimulan o desestimulan. La arquitectura de distribución de los excedentes económicos suele ser una expresión del sistema extractivista y las consecuencias que provoca.
¿A quiénes favorece el sistema tributario argentino? ¿Cómo cambiar el sistema de subsidios que en cambio privilegia al sector hidrocarburífero? ¿Qué usos de la tierra pudieran más bien contribuir a la soberanía alimentaria, en vez de al extractivismo exportador? ¿Qué tipo de importaciones pudieran ser más favorables para una transición como esta? ¿Cuáles de los yacimientos convencionales del país se pueden recuperar? ¿Cómo reducir la dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética argentina y tributar en cambio hacia transiciones hacia las renovables con mayor descentralización?
Por otro lado, pensar en la renta petrolera como obstáculo supone también pensar en que la circulación masiva de la misma (sobre todo en tiempos de booms) tiene efectos perniciosos sobre las economías locales, como ya se ha explicado anteriormente. Los noruegos aprendieron de la experiencia venezolana y por eso crearon el Government Pension Fund Global, fondo petrolero soberano que busca mantener al margen de la economía nacional una proporción de los excedentes (considerados como “ganancias exorbitantes”) que puedan generar las ya conocidas distorsiones y desequilibrios que tantos perjuicios económicos, culturales y políticos han provocado.
Estos diversos enfoques en realidad se orientan a neutralizar el rentismo, buscando además desmentir la idea de que el dinero puede resolverlo todo. En este sentido, la revisión de la distribución de las riquezas también debe tomar en cuenta la distribución ecológica. Esto es, la forma como los bienes comunes naturales, sus usos y gestiones, se distribuyen socialmente, y a cuáles fines económicos, sociales y culturales se orienta. Esto abarca una consideración de los valores ecológicos cuando se evalúa la viabilidad de las iniciativas económicas –¿pasaría VM una evaluación de viabilidad en relación a la huella hídrica y la sostenibilidad en relación al acceso al agua para ésta y las próximas generaciones?–, así como las formas en las cuales se puede tomar en cuenta la riqueza de la vida ecológica existente para la reproducción de la vida de las poblaciones de los municipios y las provincias del país.
Como se ve, no se trata solo de un debate sobre un proyecto específico, sino sobre todo el modelo de desarrollo. Estos complejos factores deben ser tomados en cuenta, ya que nos encontramos en una situación límite en la cual convergen los mayores riesgos de la apuesta rentista en tiempos de energías extremas y el agravamiento de las condiciones ambientales en los territorios, provincias, países y el planeta.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes-UCV), miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela y doctorando en Ciencia y Tecnología Ambiental en la Universidad Autónoma de Barcelona.
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