Por Colectiva Magdalena 318 .- El 15 de enero volveremos a conmemorar en Magdalena la catástrofe ambiental más importante causada por la industria petrolera en la historia argentina: el derrame producido por un barco al servicio de la multinacional Shell en el Río de la Plata, frente a nuestras costas.
Sería bueno poder recordarlo como un desastre causado por la negligencia empresarial que no volvió a repetirse, gracias al accionar de los organismos estatales y judiciales encargados de controlar la actividad corporativa, garantizar la protección ambiental, proteger la salud de la población y preservar la biodiversidad, pero no será así.
El derrame dañó una reserva de biósfera reconocida por la UNESCO, impactó sobre el ecosistema costero, afectó directamente los medios de vida de recolectores de juncos, pescadores artesanales, emprendedores turísticos y pequeños comerciantes, limitó por largo tiempo el acceso al río para la población.
La causa Shell – Magdalena, como se la conoce en infinidad de textos del derecho ambiental, crónicas periodísticas y publicaciones especializadas en ambiente y ecología, sigue abierta 26 años después de haberse producido la catástrofe. Mientras tanto, el pueblo de Magdalena y el ecosistema costero siguen esperando justicia ambiental.
CRONOLOGÍA DE UNA JUSTICIA EMPETROLADA
La historia reúne, para bien y para mal, una serie de elementos que la vuelven un “caso testigo” sobre el accionar tanto de las corporaciones, el Estado, la Justicia y los gobiernos locales, como de las comunidades organizadas. Por eso es necesario hacer una breve cronología de sus hitos principales:
– 15 de enero de 1999: dos barcos chocan en el Río de la Plata, el buque Estrella Pampeana al servicio de Shell Argentina S.A. sufre una perforación de su casco y derrama 5.800.000 litros de crudo. Dos días después, la marea y la sudestada llevan el petróleo a la costa, que afecta una importante franja, con epicentro en el llamado Balneario Municipal de Magdalena.
– 17/31 de enero de 1999: se conforma un Comité de Contingencia dominado por la empresa Shell e integrado además por el entonces organismo ambiental provincial OPDS, la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad de Magdalena. Se prohíbe el acceso de público, periodistas e investigadores independientes a la zona del derrame. Se empieza a hacer un “operativo de limpieza” controlado por la empresa, con personal inexperto y equipamiento inadecuado, que agrava el daño costero. Los primeros reportes públicos emitidos hablaban de que la situación estaba controlada y se trabajaba en la remoción del hidrocarburo.
– Vecinos y activistas ambientales, entre los que se destaca la organización Ala Plástica, demuestran que el área afectada por el derrame es mayor de lo que reconocen Shell y el Comité de Contingencia, también reúnen evidencia sobre la afectación de agua, suelo, flora y fauna, así como sobre lo limitado y precario del operativo de limpieza. Se empiezan a elaborar informes alternativos a los de Shell, respaldados por científicos y académicos a nivel nacional e internacional. La prensa europea se hace eco del caso.
– Febrero de 1999, ante la abrumadora evidencia la Municipalidad de Magdalena decide separarse del comité dominado por Shell e inicia una demanda judicial contra la empresa. En paralelo se presentaron más de 500 demandantes particulares contra Shell. El entonces OPDS (organismo ambiental de la Provincia de Buenos Aires) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente de la Nación no hicieron denuncia alguna.
– Se organizan asambleas, actos públicos y manifestaciones, que llegan a las puertas de la sede central de Shell Argentina y la casa familiar porteña de la entonces princesa Máxima (Zorreguieta) de los Países Bajos.
– Noviembre de 2002, el Juzgado Civil y Comercial Federal n° 4 de la Ciudad de La Plata le dio la razón al municipio y condenó a Shell a pagar 35 millones de dólares, un año después la Cámara confirmó esta decisión. La multinacional presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para objetar la competencia del tribunal platense.
– Mayo de 2007, la Corte Suprema se pronunció a favor de Shell, estableciendo que el caso debía dirimir en la justicia federal porteña y declaró nulas las sentencias anteriores.
– 2008, la Municipalidad de Magdalena decide aceptar la propuesta de un acuerdo extrajudicial con Shell. Allí se convenía la cesación de las demandas contra la multinacional, a cambio de eso Shell pagaría 9,5 millones de dólares que se destinarían a un plan de desarrollo local (1- diseño de plan turístico para Atalaya y Balneario de Magdalena, 2- diseño de un parque industrial, 3- diseño de un programa de tratamiento de residuos domiciliarios). El acuerdo ponía especial atención en la necesidad de licencia social, mediante la aprobación del Honorable Concejo Deliberante y la realización de un plebiscito.
– El 24 de mayo de 2009 se realizó un plebiscito no vinculante mediante el que los ciudadanos de Magdalena debían expresarse en relación al acuerdo. En una convocatoria sesgada por la propaganda oficial municipal y con el acompañamiento mayoritario de la oposición, votó cerca del 25% de los ciudadanos habilitados, de los cuales un 77% lo hizo de forma positiva. Es decir que la aprobación fue de menos del 20% del padrón electoral. El HCD también aprobó el acuerdo por mayoría absoluta, con el apoyo de las bancadas oficialista y opositora.
– Tras la firma del acuerdo, el vecino magdalenense Leonardo Fediuk pidió sumarse al expediente como “tercero interesado” por considerar inconstitucional el acuerdo, ya que se veían afectados “intereses ambientales de incidencia colectiva”. Además consideraba que monto de reparación estaba “muy alejado de los valores reales” de la demanda original del Municipio y que no estaba debidamente detallado el destino que se le iba a dar al dinero una vez ingresado a las arcas municipales. También que debía aplicarse la Ley General de Ambiente, sancionada en 2002, siete años antes de la firma del Acuerdo, ya que no se reconocía la responsabilidad de Shell por el derrame.
– Paralelamente, también en 2009, expertos de distintas instituciones científicas y académicas de Argentina y Uruguay, a instancias de la ONG Ala Plástica, elaboraron un extenso informe que daba cuenta de la persistencia del daño ambiental en el ecosistema ribereño, lo que también invalidaba el acuerdo.
– En 2016, sin embargo, la Justicia ya había rechazado la impugnación de Fediuk, quien no apeló. Las pericias pendientes sobre la persistencia del daño ambiental ya se habrían realizado, sin resultados adversos, y teóricamente no había impedimento para el desembolso de los fondos que le corresponden a Magdalena.
– Marzo de 2021, el dr. Juan Rafael Stinco es nombrado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 3 de la Capital Federal, que entiende en la causa. La decisión judicial sobre el acuerdo sigue pendiente.
UN ACUERDO Y UN “NO ME ACUERDO”
A casi 16 años del acuerdo entre Shell y Magdalena, ninguno de los partidos, dirigentes y/o funcionarios públicos magdalenenses que lo impulsaron, prometieron un plan de desarrollo local con los fondos, convocaron al plebiscito en su apoyo o votaron su aprobación legislativa, mantienen reclamo formal o público alguno sobre su no cumplimiento. Ninguna agencia municipal ya sea del área ambiental, administrativa o de comunicación ha emitido mensaje alguno o desarrollado campañas, al menos desde 2009, en relación al reclamo de justicia ambiental.
A la luz de los hechos, el acuerdo firmado solamente benefició de manera inmediata a Shell, que eliminó cualquier riesgo de demanda pendiente y quedó exenta en el acto de toda responsabilidad. Sigue pendiente una promesa y una deuda con la comunidad de Magdalena, que hasta ahora ningún gobierno municipal se ha mostrado demasiado interesado en saldar.
UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
La dignidad demostrada por la Municipalidad de Magdalena en un primer momento, llevando adelante una demanda y un activismo sin precedentes en la historia argentina contra una multinacional, por daño ambiental, disposición de residuos peligrosos y recomposición ambiental, fue ejemplar. El Estado, ya sea provincial o nacional, nunca actuó, ni judicial ni administrativamente.
Si bien el juicio ganado en los tribunales federales de La Plata fue anulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ocho años después del derrame y que luego de eso continuar con el accionar judicial demandaba un mayor esfuerzo en un escenario más adverso como la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, estamos convencidos de que solo la persistencia y el sostenimiento del reclamo en distintos ámbitos nacionales e internacionales era la única manera de conseguir resultados positivos para la comunidad y el ambiente.
Un reclamo sostenido y consecuente hubiera posicionado a Magdalena como municipio señero a nivel mundial y permitido desarrollar espacios institucionales y dirigentes formados con experticia en una problemática de especial significación en nuestro tiempo. El tendido de redes con organizaciones internacionales que se ocupan de las problemáticas socioambientales hubiera generado más desarrollo comunitario que la búsqueda ingenua y de mira estrecha de un acuerdo económico humillante.
El acuerdo entre la Municipalidad de Magdalena y Shell fue irrisorio desde lo monetario, carecía de validez constitucional, garantizó la impunidad de la petrolera y además tuvo licencia social a través de un plebiscito. La única mínima reparación simbólica y material por el daño producido nunca llegó.
En un mundo en riesgo frente al cambio climático, en un espacio geográfico que cuenta todavía con espacios naturales protegidos o poco modificados por el accionar humano, en un momento histórico donde la educación ambiental y la responsabilidad en el cuidado de los ecosistemas se vuelve fundamental, Magdalena perdió una oportunidad única.
ESTADOS NACIONAL Y PROVINCIAL AUSENTES
En el desastre ambiental de Magdalena fue llamativa la ausencia de los organismos ambientales de la Nación y la Provincia de Buenos Aires: no aplicaron multas, no accionaron judicialmente. Esta es una práctica que se mantiene a través de las distintas administraciones hasta nuestros días, como sucedió en los recientes derrames en el Estuario de Bahía Blanca y el partido de Las Flores, por citar solamente los eventos bonaerenses.
SHELL: IMPUNIDAD LOCAL, RESPONSABILIDAD GLOBAL
Más allá del devenir judicial, la evidencia reunida en el caso Magdalena da cuenta de la responsabilidad empresaria en el derrame, así como la falta de seguimiento de normas nacionales e internacionales tanto en lo referente a la navegación como al transporte de sustancias peligrosas o tóxicas. Como lo señalan infinidad de documentos académicos, del derecho ambiental, investigaciones independientes e incluso el mismo voto en disidencia del juez Juan Carlos Maqueda en el fallo de 2007 de la Corte Suprema, Shell es responsable por el desastre de Magdalena, aunque siga impune.
A nivel internacional los antecedentes son más graves, como el caso del Delta del Río Níger, en Nigeria, un proceso emblemático a nivel internacional por el que la petrolera fue condenada en 2021 por su responsabilidad directa en derrames de petróleo que afectaron en ese territorio y sus habitantes, obligándola a indemnizar a las víctimas y reparar el ambiente. Entre las resoluciones en ese juicio en los tribunales internacionales de La Haya, Shell también fue obligada a reducir sus emisiones de CO2 para 2030, sin embargo, apeló y al igual que en el caso Magdalena, la justicia internacional al servicio de las corporaciones le dio la razón. Es decir que quedó firme la condena sobre la responsabilidad en Nigeria, pero en el caso de la responsabilidad en relación a las emisiones que producen el calentamiento global hubo una suerte de “siga, siga”, todo en pos de una supuesta “transición energética respetuosa del ambiente” que la empresa dice buscar.
NUEVOS ESCENARIOS DE DESTRUCCIÓN ECOSISTÉMICA Y PASIVOS AMBIENTALES
En Argentina estos antecedentes parecen no ser relevantes. En la actualidad Shell sigue gozando de nuevas habilitaciones y oportunidades de negocios, con avales de los estados nacional y provinciales:
– Aliada a Qatar Energies, comenzó en noviembre un nuevo proceso de “prospección sísmica 3D” con el objetivo de encontrar hidrocarburos en aguas profundas y ultraprofundas de la plataforma continental argentina. La exploración en los bloques 107 y 109 de la Cuenca Argentina Norte (CAN), ubicados a unos 200 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires, durará 100 días. Las tareas de exploración 3D comprometen seriamente la vida y biodiversidad al realizar bombardeos sonoros de manera ininterrumpida y por largos períodos. Esta irrupción afecta directamente la capacidad de comunicación y alimentación de las especies marinas.
– Está presente en el fracking que se realiza en Neuquén, en Vaca Muerta opera 4 bloques y tiene participación en otros 3. Bandurria Sur (YPF – Shell – Equinor), Cruz de Lorena (Shell – GyP) y Coirón Amargo S.O. (Shell – GyP) se encuentran entre los 10 bloques petroleros más productivos.
– Pocas semanas atrás YPF anunció que Shell reemplazaría a Petronas como uno de los principales inversores para la construcción de una megaplanta de GNL en Punta Colorada, Río Negro. Este proyecto se inscribe en la trama mayor que se vincula con otros proyectos que buscan transformar al Golfo San Matías y la Península Valdés -zona de reproducción de ballenas y área protegida por la Ley provincial 3308, escandalosamente modificada en 2022 en beneficio de los negocios extractivistas- en un polo de exportación de petróleo, gas y energía.
NO ES SOLO SHELL, ES UN MODELO
Este documento se centra en particular en el caso Magdalena y más en general en la responsabilidad de Shell en relación a la contaminación petrolera y el cambio climático. Pero es necesario hacer unas últimas reflexiones.
El derrame de petróleo, lejos de ser un accidente, es parte constitutiva de la explotación y transporte de petróleo. En el último año podemos contar cerca de una decena de vertidos de crudo de magnitud tanto en zonas costeras o de tierra firme de nuestro país: Puerto Rosales (estuario de Bahía Blanca), Punta Loyola (Santa Cruz), Tierra del Fuego, Caleta Córdova (Chubut), Las Flores (Buenos Aires). Los casos que se conocen son aquellos que fueron denunciados o difundidos por testigos, no se puede afirmar que sean los únicos, ya que en aquellos lugares donde solo hay personal afectado a la actividad, los casos no trascienden. A nivel continental y mundial los derrames suceden casi cotidianamente.
El modelo energético fósil está llevando a la ampliación sin límites de las zonas de sacrificio y la destrucción de los últimos espacios de refugio de la vida silvestre en el planeta. Las explotaciones llamadas no convencionales, mediante fracking o exploración offshore, son inviables económicamente y altamente destructivas en lo socioambiental. Otro tanto sucede con la nueva promesa del GNL y del llamado Hidrógeno verde.
La promesa de generación de empleo en los proyectos extractivistas o la teoría del derrame de los beneficios generados por las exportaciones también son conceptos en el que nos interesa profundizar el debate y la mirada crítica.
La llamada transición energética no puede quedar en manos de las mismas empresas y organismos que nos están llevando al colapso planetario. No tenemos la receta para la solución, pero estamos convencidos de que ella saldrá de la resistencia y unidad de las comunidades organizadas.
8 de enero de 2025
Colectiva Magdalena 318
ADHIEREN
Casa Río Lab (Punta Lara, Ensenada)
Asamblea Cuidemos Correas (Ignacio Correas, La Plata, Buenos Aires)
Asamblea Ambiental de Punta del Indio
Mapa Extractivista (Universidad Nacional de San Martín)
Asamblea por un Mar Libre de petroleras de Mar del Plata
Comunidad Costera de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Asamblea por un Mar Libre de petroleras Necochea y Quequén
Agrupación Ambiental Monte Nativo (Punta Indio, Buenos Aires)
Asamblea por un Mar Libre de Petroleras del Partido de La Costa
Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones
Asamblea en Defensa del Territorio (Puerto Madryn)
Preservando Hudson – organización en defensa de ecosistemas y el derecho a un ambiente sano (Hudson)
Proyecto Arbórea (La Plata)
Arquitectura Rioplatense (La Plata)
Asociación Civil Espacio Paternal Arte y Cultura (CABA)
Red de ambiente y arte – AMBART
VACHUG – Humedal Urbano (Berisso, Buenos Aires)
Ni un Árbol Menos (Ensenada)
Colectivo Habitantes del Arroyo El Pescado (La Plata)
Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata
Coordinadora Socioambiental de Bahía Blanca
AIT – Asamblea Inundados Tolosa (La Plata)
Inundados La Plata
AVIVE – Asamblea Vecinal Inundados Villa Elvira (La Plata)
Asamblea Parque Recreativo para Los Hornos (La Plata)
Sobrevivientes 2-4-13 (La Plata)
Comisión de Ambiente y Soberanía Alimentaria de la Asamblea autoconvocada de La Plata.
Movimiento Alternativa
Coordinadora Socioambiental Bonaerense
Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones
Observatorio Petrolero Sur (OPSur)
Multisectorial Golfo San Matías
Asociación sin fines de lucro Del Cielo a la Tierra
Programa radial “Humanidad ¿adónde vas?”
Programa radial “Radiopolítica”, Carlos Sánchez, FM 100.9 Frecuencia Magdalena
Secretaría de Asuntos Socioambientales – Sindicato de Prensa Bonaerense (SiPreBo)
CTA – Central de Trabajadores de la Argentina – Regional Bahía Blanca
EPA – Espacio de Pensamiento y Acción (Magdalena)
Ambiente en Lucha – Izquierda Socialista e independientes – FIT Unidad
Alerta Roja (agrupacion ambiental anticapitalista)
Izquierda Socialista – FIT Unidad – Regional La Plata – Ensenada
Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el FIT Unidad
Tierra Para Vivir – Marabunta
Ambiente Es Todo del FPDSCP (Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional)
Venceremos – Partido de Trabajadores
Cecilia Gárgano (Conicet/Mapa Extractivista)
Natalia Badino, docente. Formadora en Educación Ambiental PBA
Ángel H. Merlo – Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad- IEFI
Luis Horacio Jacobi
Jazmín Glustein (FCNyM-UNLP/CONICET)
