Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.
Por Marielle Cauthin.- Golpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen[1].
Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.
En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[2] -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.
Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales
Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.
En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.
Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.
Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia[3]: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron “en forma muy violenta” a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: “es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena”, dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura[4], ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.
Ecuador y Bolivia: dos marchas nacionales denuncian persecución
Las últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.
No solo organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’”[5]. Estas mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.
En la misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.
Organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos del gobierno”, sostuvo.
En ambos casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados”[6]. Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”[7], dijo.
Perú y Chile: pugnas contra intereses privados
La CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de Celendin[8], acusados de “atentar contra los servicios públicos, producto de la protesta social” contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.
Previo a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos 30 años de cárcel”[9].
En contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 – 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados[10].
Uno de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad) comienzan un juicio por “robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista” en Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.
La CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.
Brasil y Colombia, otras formas de violencia contra los indígenas
En Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto[11], los casos más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.
En marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas la rechazan: “Ellos creen que la solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto”, declaró el líder, Alex Guanga[12].
En Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte[13] que compromete su hábitat, ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.
¿Hacia el movimiento internacionalista indígena?
Pero desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región están significando un desafío para la internacionalización e independencia del movimiento indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.
Al mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales, de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice la CIDH.
Más allá, nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.
Marielle Cauthin es Periodista. Colabora con Upside Down World, Zur2 y medios bolivianos.
[1] Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/
[2] Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.
[3] Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.
[4] ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.
[5] Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.
[6] Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en:http://www.lahora.com.ec/
[7] Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones “machistas” (04/08/11), en:http://www.paginasiete.bo/
[8] Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en:http://exwebserv.telesurtv.
[9] Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en:http://www.conacami.pe/
[10] Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.
[11] Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en:http://www.eltiempo.com/
[12] Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en:http://www.verdadabierta.
[13] Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/
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