Perú: Consulta previa en riesgo frente a nuevas licitaciones

Por PUINAMUDT.- A finales de abril el presidente de Petroperú, Humberto Campodónico, anunció que en el último trimestre del año se licitarán 22 nuevos lotes petroleros; la novedad de la noticia resalta que estas licitaciones se realizarán “con consulta previa”(1).
Dentro de los lotes a licitar se encuentre el 1AB, donde la argentina Pluspetrol opera actualmente. El criterio para adelantar su licitación (la concesión termina en 2015) sería evitar la disminución de producción en los últimos años de operaciones. Además, Petroperú ha expresado abiertamente su interés por participar en las nuevas concesiones.
Sin embargo, mientras que en los medios de comunicación se incidía cada vez más en el interés del Estado y sus empresas por participar en la producción petrolera nacional (incluso en el mensaje presidencial de 28 de julio), el asunto de la consulta previa a los pueblos indígenas fue perdiendo protagonismo, hasta volverse una real incertidumbre.
PELIGROSA FALTA DE CLARIDAD
A poco tiempo de realizarse la anunciada licitación, las diversas opiniones e informaciones vertidas sobre el caso alertan a sobremanera.
En mayo, el viceministro de Interculturalidad Iván Lanegra (autoridad responsable de la elaboración de la ley de consulta) señaló que “cada sector definirá si la consulta previa es antes o después de firmar los contratos”, aclarando solamente que “el diálogo con los pueblos indígenas es anterior a la exploración y explotación de recursos naturales” (2).
Poco después, en la misma lógica, el ministro de Energía y Minas (MINEM) Jorge Merino, afirmó que las “actividades propias que no comprometan la explotación como es, por ejemplo, entregar una concesión, no implica una consulta previa” (3), añadiendo que la consulta previa relacionada a asuntos contractuales todavía está por definir; en alusión directa al lote 1AB.
Ya en julio, el que en ese momento era presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, declaró que había imprecisión en torno a saber quién realizaría la consulta previa, si el MINEM o Perupetro. En esa misma entrevista, anunciaba Ochoa que “el proceso de consulta termina en el mes de setiembre” (4).
Durante este tiempo, las organizaciones indígenas fueron cuestionando y exigiendo el respeto al derecho a la consulta. En junio de 2012 las federaciones FECONACO, FECONAT y FEDIQUEP, en cuyos territorios se encuentra el lote 1AB, exigieron ante una comisión de alto nivel del Consejo de Ministros, que se respete el derecho a la consulta previa antes de la licitación. Esta postura fue respaldad por otras organizaciones como ACODCOSPAT y CORPI, base regional de AIDESEP.
A la fecha, no existen noticias de la consulta previa. Ni en el lote 1AB ni en los otros lotes que, dicho sea de paso, no se saben dónde se encuentran pues aún no se hacen públicas sus delimitaciones.
CONSULTA SIN PRINCIPIO
Lo que se anunciaba como primera experiencia de consulta previa en el país, se encuentra seriamente desvirtuado. Con una ley recibida con escepticismo y con una posterior reglamentación seriamente cuestionada por excluir precisamente los aportes indígenas, este proceso está lejos de generar confianza y señalar un buen camino, alejándose de su razón de ser.
Incluso para el caso del lote 1AB, de lo dicho por el viceministro de interculturalidad, se desprende la intensión de pasar por alto la consulta, contraviniendo la ley que precisa que toda consulta es previa a “las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos” (5).
Este proceso, alejado de la buena fe, se perfila como una de los primeros fracasos de una ley que surgió y creció con fundados cuestionamientos, a los que el tiempo les va dando la razón.
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1. Diario Gestión, 23 de abril de mayo.
2. Idem, 12 de mayo.
3. Idem, 17 de mayo.
4. Idem, 2 de julio.
5. Ley del Derechos a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, artículo 2 “Derecho a la Consulta Previa”
PUINAMUDT