Justicia detiene definitivamente construcción de central Castilla por riesgo ambiental.
La Corte Suprema decidió paralizar el proyecto de la central termoeléctrica Castilla, en la norteña región de Atacama, rechazando los estudios de impacto ambiental aprobados de manera separada tanto para la central como para el puerto ligado al proyecto.
El fallo dado a conocer el 28 de agosto, y que es inapelable, indicó que “si los proyectos de puerto y central se hubiesen presentado en forma conjunta —dada su relación de dependencia de uno y otro— habrían incluido en forma clara la descripción detallada de conexión de la transferencia de carbón y petróleo que irá de una instalación a otra, ello permitiría primero, determinar en forma exacta el área de influencia total del proyecto, enseguida, conocer los antecedentes para la predicción identificación e interpretación de su impacto ambiental, es decir, la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución”.
“También posibilitaría a la ciudadanía hacer uso de los procedimientos de participación en la evaluación del proyecto, pues cada vez que se preguntó u observaron situaciones del conjunto de actividades, se respondió que cada proyecto era independiente del otro”, agrega el fallo que ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que se pronunció en contra de la aprobación ambiental de ambos proyectos, acogiendo una demanda presentada en febrero del 2011 por un grupo de vecinos de la localidad atacameña de Totoral.
Inicialmente la termoeléctrica, considerada la más grande del país, había sido rechazada por las autoridades ambientales durante la gestión de la ex presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), que la habían catalogado como “contaminante”. Sin embargo, el actual gobierno redujo la calificación a “molestia”, cambio que fue considerado por el tribunal de Antofagasta como ilegal.
En caso de que las empresas a cargo de la construcción de la central y del puerto, la brasileña MPX y la alemana E.ON, decidan insistir en el proyecto, cuyo costo asciende a US$5 millardos, deberán presentar un nuevo estudio de impacto ambiental único para la central y el puerto, determinó la Corte Suprema.
El ministro de Energía, Jorge Burnster, manifestó que el fallo “pone en cierto nivel de incertidumbre la capacidad energética que tiene el país”, y advirtió sobre un posible aumento de los precios de la energía. Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería afirmó que la decisión restringirá el suministro eléctrico para proyectos mineros en el norte del país, incluyendo el controvertido Pascua Lama, y se frenarán las inversiones.
Para Lucio Cuenca, abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el fallo “es histórico, no sólo porque reafirma las irregularidades ya constatadas por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sino porque considera el resguardo a la garantía constitucional de tener un ambiente libre de contaminación y protegerlo de manera preventiva; eso no se había visto nunca”.
Alrededor del 40% de la generación de energía en Chile depende de las termoeléctricas de carbón y petróleo, altamente contaminantes. La central Castilla estaba prevista para satisfacer entre 10% y 15% de los requerimientos energéticos del país.
Algunos expertos, como Raúl Sohr, han señalado que el cierre de la central Castilla debería impulsar un debate sobre el desarrollo de un nuevo modelo energético en el país, y comentó sobre la conveniencia de aprovechar el enorme potencial de la energía solar en Atacama, considerada la zona con mayor radiación solar del planeta, así como de la eólica.
“Cualquier proyecto minero debería contemplar, por lo menos, 20% o 30% de energías renovables no convencionales”, dijo Sohr al informativo Piensa Chile. “Chile puede optar por una matriz más limpia, económica y segura”.
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