Acuerdos irregulares con comunidades nativas y manipulación de elecciones de autoridades indígenas por parte de petroleras forman parte de las denuncias recogidas en el octavo reporte de conflictos “Vigilante Amazónico”, correspondiente al mes de marzo.
Los conflictos de la presente edición del informe tienen que ver con denuncias de manipulación de petroleras a organizaciones indígenas, así como por la creación de una restrictiva área de conservación regional, preocupaciones por el inminente inicio de exploraciones petroleras y conflictos por la titulación de extensas áreas con fines agrícolas.
Los pueblos afectados son los Awajún y Wampis de Amazonas; el Kakinte de Satipo, en Junín; el Kechwa de Lamas y Shawi, en San Martín y Kichwa del Napo, en Loreto.
Awajún y Wampís de Amazonas
El reporte indica que el líder awajún Edwin Montenegro, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN-P), señaló que la empresa petrolera Maurel et Prom influyó en la elección de la presidencia del Consejo Aguaruna Huambisa (CAH) favoreciendo a dirigentes de su conveniencia.
Según Montenegro, el nuevo presidente, Leo Timias, pretende conformar una nueva organización indígena que no sería base de ORPIAN-P por lo que no estaría sujeta a su estatuto.
La postura de ORPIAN-P es de no reconocer como legal la elección del CAH, debido a irregularidades en el proceso electoral.
Los autores del informe consideraron que la petrolera “no solamente ponen en riesgo la representatividad e institucionalidad de las organizaciones Awajun-Wampis, sino también que limita sus capacidades para demandar al Estado la defensa de sus derechos al medio ambiente y al territorio”.
Kakintes y Repsol
El informe del Observatorio recoge la problemática que afrontan los indígenas Kakintes del distrito de El Tambo en la provincia de Satipo, región Junín, los cuales exigen que la empresa Repsol cumpla los acuerdos tomados anteriormente referidos a un “plan de desarrollo”.
En lugar de seguir los canales de negociación, la empresa suscribió un acuerdo directamente con la comunidad de Tsoroja ofreciéndoles compensaciones y obras de electrificación y salud a cambio del permiso para instalar dos pozos de exploración.
Por lo anterior, la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) y la Organización para el Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) consideraron que la empresa no está reconociendo su representatividad.
En opinión de los autores del informe, las negociaciones directas con la comunidad la estarían colocando en una “posición más vulnerable”.
Por su parte, en una reunión a fines de marzo entre representantes del Gobierno con ARPI y ODPK, los representantes indígenas solicitaron se realice una inspección a un pozo que abandonaría Repsol, para determinar si existen pasivos ambientales.
Asimismo, acordaron realizar talleres informativos para la población que podría ser afectada por un nuevo pozo donde se habría hallado gas.
De igual modo, se acordó llevar a cabo una reunión para fines de abril entre las bases de ARPI para determinar el nivel de información de la población tras la realización de talleres informativos para tres nuevos lotes petroleros; uno de Pluspetrol (Lote 108) y dos de Petrolífera Petroleum del Perú (Lote 133 y 107).
Pueblos Kechwa y Shawi
En la región San Martín, el pueblo indígena Kechwa ha visto restringido el acceso a los recursos de sus territorios desde la creación del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE).
Entre otros asuntos, los pueblos indígenas locales solicitan la realización de un proceso de consulta frente a la actualización del Plan Maestro del ACR–CE.
Sin embargo, un informe técnico de la Oficina de Asesoría Jurídica y la Dirección de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) indicó que los procesos de consulta sólo se realizan “en el marco del establecimiento y categorización de las áreas naturales protegidas”.
Según el SINANPE, no procedería para el caso de la actualización del Plan Maestro del ACR-CE porque ya ha pasado por ambos procesos.
Los Kechwa se encuentran esperando la respuesta a las solicitudes enviadas en febrero al Viceministerio de Interculturalidad, a los asesores del Ministerio del Ambiente (MINAM) y a su gobierno regional, para solicitar informes y opinión sobre la existencia de pueblos indígenas dentro del ACR-CE, sobre los conflictos por territorio y acerca del uso de recursos, y avances del plan maestro.
Por su parte, comunidades del pueblo Shawi se encuentran en conflicto desde 2006 con la empresa coreana ECOAMERICA, que está asentada en sus tierras ancestrales (72,654 hectáreas) en el distrito de Pongo de Caynarachi.
Al momento de solicitar la concesión, una inspección ocular del Programa Especial de Titulación de Tierras –PETT- (ahora Cofopri) determinó que no existían asentamientos humanos ni comunidades nativas en el predio.
A pesar que el Tribunal Constitucional decretó que la concesión a ECOAMÉRICA es ilegal, la empresa coreana permanece en el territorio en disputa.
Para tratar el tema, las organizaciones indígenas sostuvieron el 14 de marzo una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), representada por la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).
En el encuentro, el Gobierno Regional de San Martín y la PCM se comprometieron a hacer un seguimiento al proceso de titulación de las comunidades Santa Rosa, San Manuel Nachatauri y Santa Sofía.
Sobre el caso, “Vigilante Amazónico” subraya que la zona en conflicto no cuenta con un saneamiento físico legal en su totalidad, por lo que no es claro a qué región compete la entrega de concesiones.
Por otro lado, explicó que el área pertenece a la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, “lo que haría imprescindible un informe favorable de SERNANP para permitir el cambio de uso de suelo”, indicó.
Asimismo, señaló que la PCM y el Gobierno Regional de San Martín sólo han ofrecido hacer un seguimiento al proceso de titulación, más no “mecanismos más expeditivos que den solución a este conflicto”, precisó.
Los Kichwa del Napo y concesiones petroleras
La gran lotización de la parte alta de la cuenca del Napo, en Loreto, genera incertidumbre en la población. La preocupación de los pueblos indígenas se centra en la posible contaminación de sus ríos y la desprotección legal de sus territorios ancestrales.
En marzo, organizaciones y comités solicitaron de manera formal al Gobierno información sobre el levantamiento de observaciones al EIA de la empresa petrolera PERENCO.
Asimismo demandaron espacios de diálogo previos al inicio de las actividades de exploración.
El reporte de “Vigilante Amazónico” señala que la negativa del Gobierno Regional de incluir a organizaciones indígenas en eventos informativos o consultivos, “no es beneficiosa para situaciones de tensión previa a actividades de exploración”, indicó.
A esto se suma el desconocimiento por parte de las organizaciones del documento final del Estudio de Impacto Ambiental, que ha sido solicitado sin éxito a la Municipalidad y a la empresa.
Servindi
