Chevron intensifica su batalla legal en Ecuador

Busca socavar el fallo en su contra convirtiendo a ex enemigos en aliados.

En su agresiva ofensiva por revertir una multa de US$19.000 millones por daños ecológicos en Ecuador, Chevron Corp. ha empezado a convertir a algunos de sus adversarios legales en aliados.
El gigante petrolero busca socavar una demanda presentada por ciudadanos ecuatorianos, que en 2011 obtuvieron un fallo que declara a la empresa culpable de contaminar los bosques tropicales del país, que son ricos en petróleo.
Chevron alega que el fallo fue el resultado de un fraude y en su esfuerzo por fortalecer su posición, hace poco persuadió de cambiarse a su bando a una empresa que ayudó a financiar los gastos legales de los demandantes y otra que realizó estudios para ellos.
Ahora, ambas firmas critican el procedimiento de los abogados que representaron a los ecuatorianos, a quienes Chevron ha acusado de asociación ilícita y fraude ante un tribunal federal de Nueva York. Los demandantes y sus abogados rechazan los cargos de la petrolera.
Las deserciones probablemente no revertirán el fallo, que figura entre los veredictos medioambientales más altos de la historia, ni tampoco podrían fin a un litigio de 20 años, según expertos legales. Aun así, destacan la efectividad de la contraofensiva de Chevron.
Burford Capital Ltd., una firma londinense que invierte en litigios de demandantes, dice que fue engañada por los abogados de los ciudadanos ecuatorianos cuando les entregó US$4 millones en 2011. Burford agregó que los abogados ocultaron su participación en la redacción de un informe de 2008, que calculó la indemnización y fue presentado a la justicia ecuatoriana como el trabajo de un experto independiente.
El equipo de los demandantes reconoce que escribió a nombre del experto designado por el tribunal.Pero, agregó, Burford sabía de las críticas de Chevron al informe antes de invertir en su causa.
Patton Boggs LLP, una de las principales firmas que representa a los demandantes, dijo estar “totalmente convencida de que ha actuado debida y éticamente”.
Este mes, Stratus Consulting Inc., un centro de investigación medioambiental con sede en Colorado que fue contratado por los demandantes para ayudar a redactar el informe de los daños, rechazó las conclusiones del estudio. Un ejecutivo de Stratus dijo en una declaración jurada ante un tribunal federal de Nueva York que el monto “está viciado y carece de bases científicas confiables”.
Stratus ha sentido la presión de la contraofensiva de Chevron. Las aseguradoras de Stratus alegaron con éxito que no se harán responsables de los costos legales de una demanda por fraude presentada por Chevron, que ha exhortado a por lo menos un cliente de Stratus a cancelar su contrato con la firma.
Chevron asegura que sus acciones son “proporcionales a la magnitud del fraude en su contra”.
En febrero, Stratus acusó a Chevron de intentar destruirla financieramente al exigirle una enorme indemnización. Pero la semana pasada, retiró los cargos. La firma no contestó a solicitudes de comentarios o preguntas escritas.
Stratus ha aceptado entregar a Chevron más documentos relacionados al juicio y hasta revelar algunas comunicaciones secretas con sus abogados. Chevron acordó no acusar a Stratus de actos indebidos y retirar de sus sitios web materiales que critican a la firma.
Representantes de los demandantes dicen que el informe en cuestión no es relevante para el fallo porque el juez no lo consideró a la hora de dar su veredicto. Agregan que las recientes declaraciones de Stratus contradicen testimonios previos de sus empleados.
Chevron heredó la demanda con la compra, en 2001, de Texaco Inc., a la que los demandantes ecuatorianos acusan de enfer-marlos con desechos procesados de forma inadecuada entre 1964 y 1990. Chevron apeló el fallo y busca impedir su ejecución en un tribunal internacional de La Haya.
Asimismo, se defiende de intentos de los demandantes por hacerse de sus activos en Argentina, Brasil y Canadá para cobrar la indemnización. En octubre, un juez argentino congeló algunos activos pertenecientes a las subsidiarias de Chevron en el país, un fallo al que Chevron apeló.
Las recientes maniobras legales de la empresa, sin embargo, han descubierto nueva evidencia que “pone el caso bajo una luz muy diferente a la de cuando se emitió el veredicto en Ecuador”, dijo Theodore Folkman, un abogado de Murphy & King, una firma con sede en Boston que sigue el caso.
Chevron tiene grandes recursos para financiar su demanda. En 2012, registró una ganancia de US$26.000 millones y terminó el año con US$21.000 millones en efectivo.
En cambio, los abogados de los demandantes han reconocido estar preocupados sobre sus finanzas. El mes pasado, una firma que representa a los demandantes ecuatorianos dijo que le debían más de US$1 millón en honorarios y costos.
La Nacion