El reciente seminario sobre hidrocarburos no convencionales es una muestra más de los alcances de una controversia que se repite, más allá de los matices y diferencias, en todo el mundo. Por un lado, desde sectores del empresariado se sostiene que esta explotación tiene un impacto ambiental bajo y que la técnica utilizada, la fractura hidráulica (fracking), es eficiente y segura. Siguiendo esta lógica se da por descontado que el impacto económico y social será importante para el desarrollo regional y nacional. Por ello, no se requerirá avanzar en nuevos marcos regulatorios pues, se afirma, la injerencia excesiva del Estado en temas económicos sólo ahuyenta las inversiones. Por otra parte, desde concepciones que se autodefinen como emblemáticas del llamado pensamiento crítico se mantiene la idea de cuestionar en su totalidad la actividad no convencional, a la que adjudican ser una expresión más del neodesarrollismo extractivista impulsado desde el gobierno nacional. Este modelo es responsable, según sus críticos, de una multiplicidad de consecuencias negativas que van desde la expoliación del medioambiente, pasando por la degradación sistemática de la democracia y llegando hasta la reafirmación del patriarcado y el incremento de la violencia de género. Tales posiciones, concedemos, son difícilmente conciliables y aportan poco en términos de una resolución del conflicto. Una mirada superadora, constructiva y racional debe considerar la complejidad de la temática y la necesidad de realizar un análisis sistemático de los beneficios, costos y riesgos, además de suponer la participación activa del Estado nacional en materia regulatoria y en el control estricto de la actividad. Por otra parte, la discusión debe incorporar no sólo los aportes expertos brindados por la comunidad de científicos y tecnólogos, sino que debe viabilizar los mecanismos adecuados para una participación pública efectiva. En este sentido, una comunicación adecuada de una información veraz y objetiva se torna imprescindible.
Como ilustración de lo expuesto analizaremos brevemente una cuestión que ha recibido en el último tiempo una creciente difusión en el debate: la causalidad entre fractura hidráulica y sismicidad inducida. En primer lugar entendemos por sismicidad inducida al conjunto de eventos sísmicos provocados por la actividad humana. Ésta se ha registrado con fuentes en diversas tecnologías de la energía, desde la década de 1920 hasta el presente. Un resumen se ve en la tabla superior.
¿Cómo es tratado el tema?
El American Petroleum Institute (API) en su Shale Energy: 10 Points Everyone Should Know (2012) considera –en el punto nueve del decálogo– que la fractura hidráulica no ocasiona sismos, ya que durante este proceso no se generan vibraciones con valores susceptibles de ser considerados. Pero en otra publicación, el API (The Facts About Hydraulic Fracturing and Seismic Activity, 2012), en conjunto con la America’s Natural Gas Alliance y la American Exploration & Production Council, reconoce que sí los hay pero no constituyen riesgos para los seres o el medioambiente. El API, una institución de referencia para la actividad petrolera mundial, no sugiere regulación alguna respecto de la sismicidad inducida.
En el otro extremo del dial las cosas se ven diferentes. En primer lugar, en particular desde los países de habla castellana, los impugnadores del fracking suelen traducir y entender el término ‘earthquake’ (sismo en inglés) como terremoto, con lo cual el clima de debate se agita inmediatamente. Así, para Greenpeace España, el fracking conlleva una serie de impactos ambientales, entre ellos la generación de terremotos. La edición española de Technology Review, en mayo del 2012, también nos informa de la ocurrencia de terremotos provocados por la fractura hidráulica. En nuestro país el uso de la palabra terremoto se ha tornado habitual. Por ello, en los fundamentos del proyecto para declarar la prohibición de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Diamante (Entre Ríos) se afirma rotundamente que está demostrado que el fracking produce terremotos. Asimismo, en la acción de amparo presentada por sectores políticos y organizaciones ecologistas entrerrianas en marzo contra YPF se sostiene que un incremento de la actividad sísmica en Oklahoma, Texas y Colorado está vinculado con el uso del fracking (remite al sitio www.technologyreview.com).
Es forzoso aclarar que la referencia a la palabra terremoto no es ingenua. En el imaginario social remite a catástrofes como las ocurridas en Chile, Japón o Haití. Por lo tanto, se desprende que si el fracking ocasiona terremotos es lógico prohibirlo. Lo extraño es que se adjudique erróneamente la responsabilidad de los sismos inducidos al fracking cuando explícitamente se sostiene en el sitio web referenciado más arriba que la causa de los sismos son pozos de inyección de fluidos de desecho y no la técnica de estimulación propiamente dicha.
¿Qué dice el estado del arte en el estudio de la sismicidad inducida? Podemos mencionar aquí aportes recientes: (a) The National Academies of Sciences (Estados Unidos): (2012) Induced Seismicity Potential in Energy Technologies; (b) Peter Styles: (2012) Induced Seismicity in the UK and its relevance to Shale Gas Hydraulic Stimulation. En estos textos se admite la vinculación potencial entre sismicidad inducida y fractura hidráulica. Las magnitudes registradas de los sismos varían desde microsismos (imperceptibles, menores a 2 grados Richter) a sismos menores (generalmente imperceptibles, grados 2 a 2,9, y perceptibles a menudo pero que no ocasionan daños, en grados 3 a 3,9).
No han existido terremotos asociados al fracking. Sin embargo, reconociendo el conocimiento científico aún parcial del complejo fenómeno de la sismicidad inducida, a lo que hay que sumarle la enorme variación de las condiciones geológicas existentes, se requiere evaluar y gestionar los riesgos potenciales involucrados. Para ello, entre las recomendaciones a realizar se sugiere la realización de un monitoreo previo de la zona de interés, a fin de conocer el mapa sísmico base. También se requerirá una caracterización de las posibles zonas de fallas activas, usando para ello toda la información disponible. Además, se deberán elaborar y aplicar modelos predictivos para evaluar los potenciales impactos de la sismicidad inducida. Por último, se procurarán alternativas a la inyección de fluidos de retorno en el subsuelo y se precisará la elaboración de protocolos de buenas prácticas de ingeniería a fin de minimizar la emergencia de sismos inducidos.
Como cualquier actividad productiva, la explotación de hidrocarburos no convencionales precisa de la regulación por parte del Estado; es imprescindible ante la presencia de potenciales riesgos tecnológicos asociados, como por ejemplo la probabilidad de ocurrencia de sismos inducidos.
