Antonio Rossi.- El acuerdo YPF-Chevron y el traje regulatorio “a medida” que aprobó el Gobierno para las inversiones en hidrocarburos no convencionales acumularon nuevos cuestionamientos y reclamos de los ex secretarios de Energía.
Por medio de un documento conjunto, los ex timoneles del área energética advirtieron que resulta “inadmisible” que se mantengan en secreto las claúsulas del convenio y que la ampliación de las concesiones que exigen las petroleras no se puede concretar con la Ley de Hidrocaburos vigente.
Tras destacar que “siendo YPF una empresa controlada por el Estado, las reservas de la negociación con Chevron deberían ceder por razones de interés público”, el nuevo trabajo de los ex secretarios alertó que resulta “improcedente otorgar nuevas concesiones a 35 años” porque van en contra de los artículos 27 a 38 de la Ley de Hidrocarburos y están alcanzadas por la nulidad que establece el articulo 79 de dicha norma.
Según plantea el informe, el área que van explotar YPF y Chevron forma parte de una concesión de YPF que ya fue prorrogada y que tiene un plazo de vencimiento determinado. Pero el acuerdo firmado desconoce esa situación y exige el otorgamiento de una nueva concesión por 35 años que no se ajusta a las normas vigentes.
El documento –que se dará a conocer públicamente mañana– sostiene que para el desarrollo de Vaca Muerta “se deben convocar a empresas locales e internacionales y en un marco de políticas que habiliten opciones y permitan a la Argentina y a YPF negociar en condiciones de fortaleza”.
Los ex secretarios Emilio Apud, Julio César Aráoz, Enrique Devoto, Roberto Echarte, Alieto Guadagni, Jorge Lapeña, Daniel Montamat y Raúl Olocco destacaron que “resulta improvisado y preocupante el anuncio del Gobierno sobre la construcción de nuevas centrales nucleares por US$ 42.000 millones en los próximos 10 años”.
Tras resaltar que “no se conocen los estudios, ni las fuentes de recursos para analizar la factibilidad de esos proyectos”, los especialistas le reclamaron al ministro Julio De Vido que informe en qué estado se encuentran Atucha II y la modernización de Embalse y cuánto se lleva gastado en esas obras.
“No haber construido a tiempo la infraestructura portuaria y de almacenamiento convirtió al país en un importador ineficiente y poco transparente de gas natural licuado (GNL). Importamos a precios cercanos a US$ 17 el millón de BTU, cuando otros países de la región lo hacen a precios inferiores”, precisó el documento.
Agregó que “es una paradoja que se exporte petróleo crudo y se importen productos refinados en cantidades cada vez mayores. Y un contrasentido que, teniendo una riqueza hidroeléctrica no aprovechada, se utilice la energía térmica generada en forma ineficiente con equipos pequeños que consumen combustibles importados”.
Tras resaltar que los subsidios energéticos ya representan el 4% del PBI, los ex secretarios remarcaron que “la recomposición gradual de las tarifas sigue postergada por especulaciones cortoplacistas, mientras que por los combustibles importados se pagan precios internacionales crecientes que complican las cuentas externas y aceleran la emisión inflacionaria”.
