Nacionalistas de ayer y hoy
Por Benjamín Navarro *
“Estos nacionalistas de opereta han hecho tanto mal al país con sus estupideces como los colonialistas con su viveza.” La frase corresponde al libro La fuerza es el derecho de las bestias, publicado por Perón en 1958 durante su exilio. Allí discute con Lonardi, presidente de facto que lo derrocó en el año 1955, por la anulación de los contratos celebrados en el segundo gobierno de Perón con la subsidiaria de la Standard Oil de California (la actual Chevron).
La crítica iba dirigida a ciertas posturas nacionalistas (algunas de ellas, incluso, cercanas al peronismo) que concebían la producción nacional de hidrocarburos en manos del Estado y la autosuficiencia energética como un fin en sí mismo, y no como un medio para el desarrollo y la inclusión social. Por ello, para estas posiciones, la firma de un acuerdo de locación o concesión de un área para la explotación de hidrocarburos con una empresa extranjera representaba “tratos inadmisibles” que insinuaban “la entrega del petróleo al extranjero”.
La relevancia estratégica que Perón les asignaba a los hidrocarburos se verificó claramente en la reforma constitucional de 1949, la cual declara los yacimientos hidrocarburíferos como “propiedades inalienables e imprescriptibles de la Nación”, así como también, con la creación de Gas del Estado en 1946. Durante sus gobiernos, la producción de YPF aumentó al doble.
Este incremento, sin embargo, se dio juntamente con el del consumo interno, lo cual produjo que se mantuviera en igual proporción la importación de petróleo. Es decir, el problema fue que la producción local creció pero a un ritmo que no llegó a compensar la velocidad con la que se expandió el consumo interno. En la medida en que la economía local crecía también lo hacía el consumo energético y, dada la fuerte dependencia de la matriz energética nacional respecto de los hidrocarburos, terminaba aumentando el consumo de éstos. Los dólares destinados a la importación petrolera generaban un acercamiento a una limitación estructural de la economía argentina: la restricción externa. Cabe destacar que es en relación con este problema que la necesidad de la autosuficiencia energética cobra relevancia, pero no como una mera posición nacionalista per se, la cual, llevada al extremo, podría operar en algunos casos más bien como un obstáculo al crecimiento y al desarrollo.
Si bien la autosuficiencia energética es un objetivo, la misma no es condición necesaria para el desarrollo ni tampoco sinónimo de crisis energética. Los siguientes países lo demuestran: EE.UU., Japón, China, Brasil (y otros), en términos generales, muestran niveles de consumo de petróleo notoriamente mayores a los de su producción, en los últimos 20 años.
Por ello, si el país no cuenta con los recursos técnicos, científicos y financieros como para generar un incremento rápido de la producción local (en relación con la evolución del consumo), la inversión extranjera puede ser un complemento necesario, en el marco de ciertas condiciones, para mantener la senda del crecimiento económico vía una disminución de las importaciones, reduciendo así el peso de la restricción externa.
Ciertas situaciones planteadas anteriormente tienen una gran similitud con las discusiones que se han dado en estos días a partir del acuerdo que YPF celebró con Chevron, para la exploración y explotación de la concesión de un área que la empresa local posee en Vaca Muerta. Frente a este acuerdo, ha habido cierta coincidencia entre sectores aparentemente opuestos (de izquierda y derecha) respecto de que el mismo representa “tratos inadmisibles” que insinúan “la entrega del petróleo al extranjero”.
Sin embargo, resultan llamativos dichos planteos si tenemos en cuenta lo siguiente: i) los cambios normativos realizados en el sector durante los últimos años, ii) los lineamientos generales del acuerdo con Chevron y iii) el régimen normativo específico que le da marco al mismo. Primero, a partir de la ley 26.741, de mayo del 2012, se declara de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, se crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y se declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF y de Repsol-YPF Gas. Unos meses más tarde, se crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica para las inversiones del sector. Segundo, y éste es un dato difícil de cuantificar económicamente pero trascendente para la recuperación de soberanía energética real, el acuerdo establece que la operatoria técnica de la explotación estará a cargo de YPF, asesorada por Chevron. Esto permitirá incorporar un elemento central para el desarrollo potencial que tendría Argentina en materia de recursos no convencionales: el know-how. Por tanto, para recuperar la inversión inicial, Chevron deberá generar una transferencia de conocimiento real. Tercero y último, el área vinculada al acuerdo representa tan sólo el uno por ciento del área total de Vaca Muerta.
* Miembro de Economía del Bicentenario.
Apostar por el buen vivir
Por Mariano Féliz *
El acuerdo de YPF con Chevron perfecciona la ecuación energética del proyecto de capitalismo en serio, creando las precondiciones para convertirnos en una nación petrolera. El acuerdo revierte la retórica antiimperialista agitada por el gobierno y los enemigos del pueblo se convierten en socios indispensables, que aportan recursos y saber técnico. Sin embargo, la inversión de Chevron representará un porcentaje ínfimo de los recursos necesarios, que serán aportados mayoritariamente por YPF, quien por su parte ya usa las tecnologías de punta.
Hasta la salida de Repsol, la estrategia había sido mantener el esquema de concesiones petroleras a empresas privadas creado en los años ’90. Erróneamente se esperó que ellas invirtieran mientras el Estado mantenía bajos precios para los combustibles a través de subsidios masivos. Resultado: al igual que Repsol, Chevron desinvirtió y fugó capitales. Esa política llevó al agotamiento de las reservas, a la creciente importación de combustibles y a la consolidación de una matriz energética y un patrón de consumo apoyado en combustibles fósiles.
Con la estatización parcial de YPF, el gobierno dio un giro inesperado. La empresa sería la base de una nueva estrategia: convertir a la Argentina en país exportador neto de combustibles a partir de la explotación del gas/petróleo no convencional con las técnicas de la fractura hidráulica (fracking), cuyo elevado costo socio-ambiental ha llevado a varios países a prohibirla. Más allá de cualquier beneficio económico de esa decisión, cabe primero poner en debate la conveniencia de la explotación misma, más cuando contamos con alternativas energéticas abundantes y poco exploradas.
Ignorando las denuncias de organizaciones socio-ambientales y la decisión de pueblos que en el país votaron contra el fracking, el gobierno avanza con esta primera “alianza estratégica”. Chevron obtiene el derecho a la exploración y explotación en condiciones excepcionales, libre uso del 20 por ciento de la producción en el corto plazo (luego del quinto año del acuerdo) y posibilidad de remisión al exterior de las utilidades obtenidas con ese 20 por ciento. El acuerdo habilita a todas las empresas que ya operan en el país a avanzar en proyectos similares y con similares beneficios.
La soberanía sobre las riquezas naturales permanece en el discurso oficial, pero cambia de contenido, desnaturalizándola. El capital financiero sigue pesando en la dirección de YPF, que permanece como sociedad anónima cotizando en la Bolsa. La soberanía energética se reduce a la exportación de hidrocarburos. A diferencia de la experiencia de países del ALBA, la Argentina mantiene una política que cede al sector privado el 66 por ciento de las explotaciones para el saqueo de nuestras riquezas. El reciente decreto del gobierno crea un marco más propicio para que las provincias sigan avalando la depredación del subsuelo. La normativa continúa cediendo a la jurisdicción extranjera la resolución de las controversias entre las partes, abandonando el derecho soberano de la Justicia argentina.
El acuerdo profundiza un patrón periférico de inserción internacional de la economía. A la sojización y la megaminería a cielo abierto, se agregan los hidrocarburos no convencionales al eje extractivista de producción para la exportación. La nación organizada como plataforma de exportación de productos primarios o manufacturas básicas para beneficio de las transnacionales y nuestros socios comerciales. Frente a un destino presentado como inexorable, pero providencial, es indispensable comenzar un nuevo camino que nos re-posicione como nación enmarcada en un proyecto popular en la Patria Grande.
Primero, la política de hidrocarburos debe nacionalizar las reservas, desplazando el capital privado. Esto supone suspender las nuevas concesiones a la vez que se anulan las existentes, con YPF recuperando el control de estos bienes comunes. El ejemplo venezolano de control 100 por ciento estatal sobre todas las explotaciones de riquezas naturales o la estrategia ecuatoriana de no explotar los hidrocarburos bajo el parque nacional Yasuní para proteger su biodiversidad son ejemplos de alternativas viables.
Debe reencauzarse la política energética, orientando recursos –hoy derrochados en estos proyectos altamente costosos– hacia el desarrollo local de tecnologías de producción de energía renovable de menor impacto social y ambiental. La superación a mediano plazo de la dependencia de los hidrocarburos, la energía hidroeléctrica y nuclear puede ser impulsada por una nueva YPF, transformada en sociedad de gestión popular en lugar de sociedad anónima, y convertida en empresa de producción de energías sustentables.
Tercero, la nueva matriz de generación debe ser acompañada por una estrategia de reducción del consumo de energía. Esto requerirá revisar el conjunto de las políticas de transporte, vivienda e infraestructura en pos de construir nuevas formas de vida social que respeten la naturaleza y promuevan el uso racional de la energía y los bienes comunes. Frente al acuerdo de Chevron-YPF, la alternativa es avanzar en una dirección que tenga por horizonte el buen vivir.
* Investigador Conicet – UNLP – Centro de Estudios para el Cambio Social.
