El acuerdo para indemnizar a la petrolera española por la expropiación de YPF ha desnudado las falacias del relato kirchnerista
El anuncio oficial sobre el acuerdo del gobierno kirchnerista con la petrolera Repsol para emitir deuda por unos 6000 millones de dólares con el fin de pagarle a la empresa española la indemnización por haberle arrebatado hace casi dos años sus acciones en YPF no sólo puso fin al mito del desendeudamiento que sembraron las autoridades nacionales. También colocó al descubierto las falacias de un relato populista con el que se quiso convencer a los argentinos de que la expropiación de YPF iba a resultarnos prácticamente gratis.
Por más aclaraciones que haga, nada podrá borrar las temerarias declaraciones formuladas en 2012 por el mentor de la estatización de YPF y hoy ministro de Economía, Axel Kicillof, cuando, subido al carro populista, anunció que seguramente no íbamos a tener que pagarles nada a los españoles de Repsol, al tiempo que calificó de “tarados” a quienes “piensan que el Estado debe cumplir lo que dice la empresa”.
Lejos de aquella retórica triunfalista, en las últimas horas, Kicillof anunció la forma en que se le garantizará a Repsol el rápido cobro de una compensación a través de una emisión de bonos en moneda extranjera a un plazo de hasta veinte años por parte del Estado argentino, que pagarán intereses que irán del 7 al 8,75 por ciento anual. Deuda que comenzará a pagarse hacia fines del año próximo, cuando ya haya un nuevo gobierno elegido por la ciudadanía.
La salida al conflicto parece un salto hacia la sensatez, aunque llevará mucho tiempo borrar el desprestigio que le valió a la Argentina la irresponsable actitud del gobierno de Cristina Kirchner de presentar la expropiación de las acciones de los españoles en YPF como un liso y llano intento de confiscación contrario a la propia Constitución nacional.
Tal como se señaló en esta columna editorial el 21 de abril de 2012, el Gobierno reveló su desprecio por el derecho de propiedad en un mundo donde las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.
Mientras funcionarios argentinos anunciaban por aquel entonces su intención de dilatar el pago de la indemnización a Repsol, además de hacer gala de que ésta se aproximaría a cero, en distintos países de Europa y América se llegó a calificar la actitud del gobierno kirchnerista como un acto de “patoterismo” o de “piratería”.
El gobierno nacional coqueteó durante demasiado tiempo con su aparente desconocimiento de que la Constitución nacional señala con meridiana claridad que la propiedad es inviolable y que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
Hoy, a la luz del acuerdo al que llegaron el Gobierno y Repsol, que aún deberá ser refrendado por el Congreso argentino y por los accionistas de la compañía española, cabe preguntarse por qué no se buscó un entendimiento razonable en aquel momento. Cuesta entender por qué, jugando fuera de los límites que marcan las reglas de la República, las autoridades nacionales dejaron pasar casi dos años. Tal vez imaginaron que un aluvión de inversores extranjeros pugnarían por explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Claro que eso no sucedió, porque ningún inversor puede estar dispuesto a arriesgar su capital en un país del cual no tiene seguridades de que podrá sacarlo. Por si eso fuera poco, nuestro país sufrió otras represalias, tales como la suba de los aranceles al biodiésel argentino en distintos países europeos, con la consecuente caída de las exportaciones al Viejo Continente.
En el ínterin, continuó estancada la producción de combustibles por parte de la Argentina y se profundizó el déficit energético, como consecuencia de las erróneas políticas llevadas a la práctica en la última década.
El acuerdo por YPF no deja de ser una rectificación del gobierno nacional, aunque sumamente tardía y deslucida por la ausencia de explicaciones oficiales acerca de cómo se arribó al valor con el que se indemnizará a Repsol y porque no hay certezas de que el Tribunal de Tasaciones haya intervenido para determinar el precio de las acciones expropiadas. Algo que llama la atención cuando desde el propio gobierno argentino se había denunciado oportunamente que la empresa española era responsable de un proceso de vaciamiento y desinversión en YPF.
Más allá de estas serias contradicciones retóricas, sobre las cuales el Poder Ejecutivo debería dar explicaciones ante el Congreso de la Nación, cabe aguardar que este entendimiento y la burda confesión de los desatinos por parte de las autoridades nacionales ayuden a recomponer lentamente la confianza internacional y que esto posibilite la llegada de capitales para la tan necesaria inversión en exploración hidrocarburífera, con la esperanza de que se supere la crítica situación en el sector y de que la Argentina deje de ser reconocida en buena parte del mundo por la “viveza criolla” de sus gobernantes.
La Nación
