Carlos Pagni.- El presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, despidió a la coordinadora de esa repartición en La Rioja, María Elisa Reinoso. La primera explicación es que Reinoso es la abogada de Marcela Brizuela de Ledo, la madre del soldado Alberto Ledo, por cuya desaparición está acusado el teniente general César Milani. Para reemplazar a la funcionaria eligieron a un afiliado a La Cámpora que se llama Néstor Trinchera. Pero no fue un homenaje a Milani.
La segunda razón de la expulsión es que Reinoso está casada con Rogelio De Leonardi, gremialista de los maestros que presionan al gobernador Luis Beder Herrera por una mejora de salarios.
Hay una tercera excusa. La del apóstol de la pluralidad, Sabbatella. En su cinismo, confirma alguna de las anteriores. O ambas. La Afsca dijo anteayer en un comunicado que Reinoso fue relevada porque no cumplía con una “dedicación absoluta”.
Hasta ahora, en la administración pública se contemplaba la “dedicación exclusiva”, que se remunera con un adicional que tal vez la delegada percibía. Que se pretenda una “dedicación absoluta” es novedoso, sobre todo en la Afsca: Sabbatella aún no renunció a su banca de diputado, que lo obliga a veces a pasar el día en el Congreso por si lo necesitan para el quórum.
Héctor Magnetto no esperaba que Sabbatella hiciera tanto. Echó a Reinoso por abogar por los derechos humanos y estar ligada al sindicato de maestros. Es decir, los motivos que habían llevado a promoverla.
Su caso es una caricatura del trance actual del kirchnerismo. Los renunciamientos son tan pronunciados que habría que retitular aquel candombe y ponerle “Siempre menos”. Aunque la pretensión de que las palabras se alineen con los hechos quizás ignore la premisa principal del modo en que la Presidenta y su partido entienden la política: lo que concede coherencia retrospectiva a una gestión es que siempre se haya hecho todo por conservar el poder. Allí está la ideología. Lo demás es instrumental.
La pirueta riojana de la señora de Kirchner se repite en el campo más prosaico de los negocios. Mañana, Carlos Zannini, Axel Kicillof y Miguel Galuccio volverán al Congreso para defender ante los diputados el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF.
La estrategia del Gobierno es limitar la valoración de ese pacto al precio que se paga: US$ 5000 millones, menos de la mitad de lo que Antonio Brufau, el presidente de la petrolera española, había reclamado. ¿Por qué Repsol resigna tanto? Sencillo. Un amigo argentino, banquero, explicó a Isidro Fainé, el titular de La Caixa, principal accionista de la empresa: “Tienes que cobrar lo que puedas, pero ahora. El presidente que llegue en 2015, con menos incentivos a resolver el problema, te dirá que tiene que estudiarlo”.
Que Repsol cobre menos no quiere decir que la Argentina perdió poco. No sólo es difícil evaluar cuántos dólares se fugaron por el arrebato estatizante de Cristina Kirchner. Las condiciones pactadas con Repsol y, sobre todo, el acuerdo con Chevron para activar Vaca Muerta son dos medidas de ese costo.
Cuando se compara la tasación de YPF con el Informe Mosconi, que Kicillof elaboró para justificar la confiscación, aparecen detalles escandalosos. El Informe acusa a Repsol -jamás a la familia Eskenazi, Néstor Kirchner no lo hubiera permitido- de un vaciamiento. Pero la tasación reconoce que acababa de invertir US$ 2300 millones. En el mes anterior a la confiscación, varias provincias revocaron concesiones de Repsol. Pero ahora el Estado se las paga. También le reconoce US$ 2900 millones en concepto de pozos, que no son del concesionario, sino de los estados provinciales. En la página 28 del Informe se justifica la captura de YPF en que Repsol pretendía subir el precio de las naftas. Pero desde que Galuccio está al frente de la empresa, la súper aumentó alrededor de 130%. En la página 48 del Informe se reprochaba a Repsol el mal estado de muchos tanques de petróleo. Pero no figuraban los que volaron en Mendoza hace doce días.
Los tasadores confesaron que les fue imposible determinar el precio de nueve participaciones de YPF en otras sociedades. Y un prodigio: al cabo de ecuaciones infinitas, llegaron a una cifra de nueve ceros: 5.000.000.000. Es el número que había arreglado el Gobierno con los españoles.
Los daños ambientales que computaron los tasadores son los que registraba Repsol en los balances. Ahora se sabe que las fotos que había mostrado Kicillof en el Senado para demostrar los desmanes salieron de las causas iniciadas por YPF contra los gremios por vandalismo. Lo más curioso: el Informe Mosconi sigue expuesto en la página digital del Ministerio de Economía.
Si el entendimiento con Repsol deja en ridículo los argumentos que llevaron a la estatización, el que firmó Galuccio con el director de Chevron, Alí Moshiri, termina de demolerlos. El contrato fue sintetizado por un amigo de Julio De Vido. Guillermo Pereyra, secretario general de los petroleros de Neuquén, senador por esa provincia, y segundo de la CGT de Hugo Moyano, dijo: “El único que vino a invertir en Vaca Muerta fue Chevron, pero las condiciones las pusieron ellos. Depósitos en el exterior, tribunales extranjeros, libre disponibilidad de las utilidades, no pagar retenciones. Como si estuviéramos de rodillas ante las multinacionales”. Con los mismos cargos, el diputado porteño Alejandro Bodart, del MST, fue al juzgado de María Servini de Cubría acusando a quienes otorgaron esos privilegios por violar los deberes de funcionario público.
Pereyra y Bodart protestan en nombre de la “soberanía energética”. Es decir, hablan el antiguo dialecto kirchnerista. Pero no se detuvieron en otro rasgo del acuerdo con Chevron: para evitar embargos, YPF cedió el 50% del yacimiento Loma Campana a una simple SRL, formada por dos empleados propios, que irá siendo comprada por la multinacional. Jorge Sapag, gobernador de Neuquén, que es la propietaria del yacimiento, aprobó la transferencia con el decreto 2420/13. Antes había extendido la concesión por 35 años, sin pedir a cambio casi nada.
En estos días Galuccio y Doris Capurro, su operadora de prensa, la verdadera “maga”, lanzarán los fuegos artificiales de una inversión de Chevron por US$ 15.000 millones. Será interesante conocer las condiciones y los plazos para que se cumpla la promesa. Porque, hay que suponer, ya quedó atrás la edad de barro de De Vido, que llevaba delante de Kirchner al entonces presidente de Repsol, Alfonso Cortina, para anunciar desembolsos por US$ 6000 millones en cuatro años. El Gobierno está desesperado por fortalecer las reservas monetarias. Nada nuevo: como sostiene Nicolás Gadano, también Carlos Menem privatizó YPF como parte de un salvataje macroeconómico y no de una estrategia energética.
El Informe Mosconi acusó a Repsol de pretender bastante menos de lo que consiguió Chevron. Lo que parece una incoherencia es una continuidad. El procedimiento y los argumentos de la estatización de YPF, expuestos en el Informe Mosconi, sólo hubieran sido admisibles si la empresa podía alcanzar sus objetivos prescindiendo de la inversión privada. Pero ocurrió lo contrario, como sabía todo el mundo, salvo la Presidenta y Kicillof. Por lo tanto, ese procedimiento y esos argumentos obligan ahora al Gobierno a aceptar las ventajas generosísimas que exigen los que se animan a enterrar una moneda en esa compañía.
Cuando se escriba la historia de la actual entropía kirchnerista, el acuerdo de YPF con Chevron y con Repsol serán capítulos centrales. No sólo porque para los mercados fueron la señal de que la Presidenta no seguiría los pasos del ornitólogo Maduro. En la pileta rasa de esos pactos, el Gobierno ensayó navegaciones más onerosas, más audaces. Con Repsol, Kicillof aprendió a cerrar un acuerdo financiero. Es decir, hizo los palotes de una emisión de deuda que se estudia ahora en el Banco Central. En principio, se trataría de entregar bonos a cambio de un préstamo, con condiciones inigualables a favor del prestamista. El Estado se compromete a compensarlo con más títulos o con efectivo si los papeles pierden más del 20% del valor. Así y todo, el costo sería del 6,5%. Es decir, muy superior al de las emisiones convencionales de Uruguay o de Bolivia. Para ese tipo de colocaciones, el “proyecto nacional y popular” debería convalidar un interés del 12%, similar a la del maldito megacanje. “Impagable”, diría Néstor Kirchner.
Los financistas están extasiados con el giro crepuscular del kirchnerismo. Los candidatos a suceder a la Presidenta, también. Festejan que ella los releve de hacer un ajuste. La apreciación tal vez no sea correcta. Uno de esos traders comentó el viernes pasado: “Es probable que cuando Cristina se vaya, yo comience a vender lo que estoy comprando ahora. Porque, con una economía racionalizada, al que venga le voy a pedir algo que tal vez no pueda darme: institucionalidad”
