Venezuela extrema
Por Emiliano Teran Mantovani*
Si analizáramos la extraordinaria crisis que vive Venezuela en clave histórica, podríamos notar que se trata de una crisis de largo plazo, determinada por el agotamiento del modelo de acumulación rentista petrolero.1 Esto no solo se evidencia en las consecuencias de la “enfermedad holandesa” en la estructura económica venezolana, la notable inestabilidad del mercado energético internacional, los marcados desequilibrios macroeconómicos que se desarrollan desde la década de los años 80, o el crecimiento sostenido del consumo doméstico de recursos naturales y en general del metabolismo social2, sino también en transformaciones significativas en la composición del petróleo venezolano. Esto último supone que las condiciones favorables que permitieron un acelerado desarrollo del capitalismo rentístico entre las décadas de los años 20 y 60 han venido modificándose progresivamente, con importantes implicaciones económicas, políticas, geopolíticas y ambientales. Los yacimientos convencionales del Zulia (Occidente) y Norte de Monagas y Anzoátegui (Oriente), en su mayoría con más de setenta años de explotación masiva, se encuentran en proceso de agotamiento y con costos crecientes de recuperación primaria y secundaria.
Esta condición le ha otorgado mayor importancia histórica a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), una extensa acumulación de crudos pesados y extrapesados ubicada al norte del río Orinoco, que abarca más de 55.000 kms
span style=”font-size: medium;”>2. Desde el gobierno del presidente Hugo Chávez –principalmente a partir de 2004–, el proyecto es relanzado y reformulado, planteando enormes metas de “producción” para elevar las cuotas hasta 4 millones de barriles diarios solo en la FPO, con niveles de inversión de hasta US$ 236.000 millones hasta el 2021. En su momento el propio presidente Chávez catalogó a la FPO como la base para convertir a Venezuela en una “Potencia energética mundial”3.
El Gobierno nacional ha logrado que las cuotas de extracción en la FPO den un salto histórico en los últimos años, para llegar a 1.228.300 barriles diarios en el año 20144–563.000 barriles diarios en 2006–, fundamentalmente en los bloques Junín y Carabobo. Esto implica que la extracción de crudos pesados y extrapesados pasó de representar el 38% del total del petróleo extraído en Venezuela en 2006 al 58,8% en 2014.
No obstante, es necesario señalar que el derrumbe de los precios del crudo a partir del año 2014 y la crisis económica nacional, suponen que las metas de expansión planteadas en la FPO enfrentan enormes obstáculos, y el propio negocio se ha vuelto muy inestable. Los proyectos de la faja requieren de la perforación constante para mantener la producción y la crisis de liquidez de Petróleos de Venezuela (PDVSA) impide sostener este ritmo. Es probable una situación de ralentización del crecimiento de la producción en la FPO, lo que además está en el marco de una caída sostenida de la misma a escala nacional -al menos desde 2011. La cuota total de producción petrolera en 2015 fue de 2.746.000 barriles diarios5, en un país que tiene ya varios años promediando por encima de los 3 millones de b/d.
A pesar de que la apuesta gubernamental es mantener y acelerar las inversiones en la faja, al menos hasta el momento este proyecto no parece resolver la encrucijada histórica en la que se encuentra el modelo nacional de acumulación de capital. En ese sentido, en el país no sólo se está avanzando hacia el camino de los hidrocarburos no convencionales sino a una extendida e intensa penetración de las nuevas fronteras de las commodities6. Esto implica una significativa reorganización geoeconómica del territorio nacional para así relanzar el extractivismo, ahora con un perfil que podemos catalogar de extremo.
En este nuevo mapa nacional, que comienza a esbozarse a partir de 2004-2005 en el gobierno del presidente Chávez, y se va formalizando con el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro, la cuenca del Orinoco representa ahora un núcleo geográfico central donde se va imponiendo un gran polo de desarrollo, uniendo la FPO con el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO). El AMO es un extenso cinturón de minerales de 111.843,70 kms2 (12% del territorio nacional, con el mismo tamaño de Cuba) que cubre toda la zona norte del extenso estado Bolívar, al sur del río Orinoco, y que se está negociando para la explotación de oro, diamantes, hierro, coltán, bauxita, entre otros minerales7. Juntos, el AMO y la FPO conforman un enorme polo de desarrollo de 175.000 kms2, en el marco de lo que en 2011 el presidente Chávez denominara el “Plan de Acción Estratégica en Dos Horizontes”.
Orinoco al extremo: el nuevo polo geográfico de un extractivismo de alto riesgo
El giro del extractivismo petrolero hacia la FPO y el AMO, junto con un potente relanzamiento de proyectos gasíferos offshore en la extensa fachada caribeña y atlántica, o el avance de la frontera de carbón en la Sierra de Perija, entre otros, evidencia que hemos entrado en una nueva fase histórica de la economía venezolana, ahora bajo un perfil de energías extremas. Esto es así, sea por los mayores riesgos ambientales y geológicos implicados en estos proyectos, por la colonización de muchas de las últimas fronteras poco intervenidas del país, por el mayor nivel de intensidad de los métodos de intervención y transformación de los territorios, por las más altas cantidades de energía empleadas en estas actividades extractivas, por sus más altos costos de producción; pero a su vez, por las pautas cada vez más desreguladas de acumulación de capital (en forma de acumulación originaria) que se plantean en los acuerdos con las corporaciones transnacionales, y por los dispositivos policiales y militares de control y vigilancia en las zonas ocupadas. Todos estos elementos se desarrollan en un entorno ambiental en el país mermado por cien años de explotación petrolera, junto a otros ecosistemas poco intervenidos en las nuevas fronteras de la extracción, que son muy vulnerables al impulso de estos factores de colonización territorial.
En la FPO son utilizados entre 3 y 4 barriles de agua para obtener un barril de crudo sintético (mejorado); es necesario desplegar una red de infraestructuras mucho más grande para la extracción, procesamiento (que en este caso es doble, pues antes de la refinación pasa por el mejoramiento) y distribución de estos crudos extrapesados; se generan grandes cantidades de desechos tóxicos (tales como el coque y el azufre); y los derrames pueden ser más devastadores8; por mencionar algunas consecuencias. En el AMO, los niveles de intensidad minera propuesta no tienen precedentes en la historia de Venezuela. La alta huella de materiales de esta megaminería a cielo abierto implica enormes niveles de deforestación y pérdida de biodiversidad en una de las biorregiones más delicadas del país, donde habita la mayor cantidad de pueblos indígenas. Grandes cantidades de agua serían utilizadas para obtener un gramo de oro, y una severa contaminación con cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas amenazan muchos de los vitales ríos que componen la cuenca del Orinoco, una de las principales reservas hídricas del país9.
Es importante destacar que estos proyectos no solo entrañan impactos en los territorios donde se desarrollan, sino que afectan la vida integral del país debido a que perjudican la distribución de agua de las densas áreas urbanas, los regímenes de lluvia o contribuyen más intensamente al agravamiento del problema del cambio climático, por mencionar algunas secuelas. Como ya ha sido mencionado, además de las externalizaciones socio-ambientales, también se extrema la externalización económica. A pesar del mal momento –en términos de inversiones y rentabilidad– para impulsar la expansión de los hidrocarburos no convencionales, las grandes necesidades de recursos naturales de los centros capitalistas y de las economías emergentes, y los vínculos en Venezuela entre el endeudamiento externo y los pagos con petróleo –principalmente a China–, promueven y empujan al mantenimiento y crecimiento de estos proyectos.
A principios de 2016 PDVSA daba a conocer planes para invertir US$ 9.000 millones para áreas de exploración y producción, fundamentalmente en la FPO10. En septiembre de este año se anunciaba la puesta en marcha de un proyecto de enormes magnitudes –“como pocos en el mundo”– para la perforación de 480 pozos con la meta de incrementar la producción en la faja en 250 mil barriles diarios para los siguientes 30 meses. La inversión alcanza los US$ 3.230 millones e involucra corporaciones como Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton y la venezolana Y&V11. Del mismo modo, Venezuela ha conseguido apoyo financiero de China para levantar esta producción12, el compromiso de compañías rusas como Rosneft13 y federaciones empresariales venezolanas para mantener las inversiones en el proyecto14.
La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos de los acuerdos, derribando al máximo posible los obstáculos a las ganancias que perciban las corporaciones involucradas. Por ejemplo, desde principios de 2016 el ministro de petróleo, Eulogio Del Pino, ha planteado que la FPO debe tener un “régimen especial de inversiones para lograr su pleno desarrollo”15. Estas medidas se enmarcan en la Ley de Regionalización Integral (LRI) decretada en noviembre de 2014 –Gaceta Oficial No. 6.151 Extraordinario, decreto 1.425–, la cual plantea las figuras de las “Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional” (ZEDN) y las “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) –tomadas del modelo chino. En estas zonas se formaliza un proceso de liberalización integral de regiones del país, con suspensión de restricciones arancelarias y de impuestos, simplificación de trámites, estímulos fiscales y aduanales para las empresas, flexibilización laboral (y se intuye que también ambiental), creación de autoridades territoriales ad hoc, entre otras. El 19 de febrero, el presidente Maduro decretó la FPO como ZDEN16, haciendo lo mismo el 24 de ese mes con el AMO17.
Estos proyectos, sobre todo el AMO, son impuestos de manera autoritaria, sin ninguna consulta a los pobladores y pobladoras de las zonas afectadas, muchos de ellos pueblos indígenas. Tampoco existe transparencia con los acuerdos realizados, tomando en cuenta no solo la falta de información y datos de las operaciones realizadas, sino también el secretismo que ha caracterizado hasta la fecha los acuerdos firmados con las empresas mineras transnacionales. El factor que completa estas modalidades extremas de apropiación de recursos naturales y generación de energía se encuentra en los dispositivos de seguridad asignados a las zonas de explotación. En simultáneo con el decreto de creación de la ZDEN del AMO se estableció una Zona de Seguridad Militar, “con el fin de reimpulsar los nuevos negocios que permitirán el desarrollo integral del margen sur del Río Orinoco”18. De la misma forma, a fines de octubre el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, activó la Unidad Especial de Seguridad y Protección en la FPO19. Estas figuras de administración territorial constituyen una militarización de los recursos naturales y la conformación de estados de excepción de baja intensidad, en el marco de una intensa disputa política en el país y de tensiones geopolíticas por el control de estos recursos estratégicos.
Como hemos visto, las energías extremas se desarrollan no solo en la búsqueda de hidrocarburos y recursos mineros en zonas ambiental y geológicamente más riesgosas y complicadas, sino que conllevan adicionalmente una política integral sobre los territorios, la economía y la vida. La crisis del período progresista en América Latina, el estancamiento de la economía global y las peligrosas disputas geopolíticas por el control de recursos naturales estratégicos son factores que presionan al avance de estas extracciones de alto riesgo.
Lejos de representar una solución, estas tendencias van profundizando el carácter extractivista y rentista de la economía venezolana, su profunda dependencia a la importación de alimentos, su propensión a los altos niveles de consumo de energía y materiales y a la insostenibilidad socio-ecológica. Y adicionalmente representan una declaración de la incapacidad de los gobernantes de turno y de los sectores de oposición para plantear un modelo alternativo que promueva la autonomía de los territorios y de la economía, y la capacidad de garantizar una vida digna y sana a las generaciones actuales y futuras. Mientras tanto, comunidades indígenas y organizaciones sociales y ambientales continúan planteando resistencias dentro y fuera de las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, para intentar detener el avance de este extractivismo extremo.
*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y master en economía ecológica. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica. Mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015.
Fuentes consultadas
AVN. (2016). Activan unidad especial de seguridad en Faja Petrolífera del Orinoco.
AVN. (2016). Proponen para la Faja Petrolífera del Orinoco régimen especial de inversiones.
Baptista, Asdrúbal. (2004). El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder. Caracas: Fundación Polar.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. (2014). Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria. No. 6.151 Extraordinario. Decreto 1.425.
Ministerio del Poder Popular de Petróleo. (2016). Del Pino y Sechin conversaron sobre el consenso entre productores.
Ministerio del Poder Popular de Petróleo. (2016). Presidente Maduro decretó Faja Petrolífera del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico.
Moore, Jason. W. (2000). Sugar and the Expansion of the Early Modern World Economy. Review, 23(3), 409–433.
Navarro, Ingrid. (2016). Pymes y Pdvsa invertirán $900 millones en la Faja. El Universal.
PDVSA. (2015). Informe de Gestión Anual 2014.
PDVSA. (2016). Informe de Gestión Anual 2015.
PDVSA. (2016). Presidente Maduro firmó decreto de Zona de Desarrollo Nacional del Arco Minero del Orinoco.
Reuters. (2016). Venezuela y China unen esfuerzos para elevar producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Teran Mantovani, Emiliano. (2014). El fantasma de la gran Venezuela. Caracas: Fundación Celarg.
Teran Mantovani, Emiliano. (2016). Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela. EJAtlas.
Ultimas Noticias. (2016). Pdvsa inicia la perforación más grande del mundo en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Ultimas Noticias. (2016). Crean Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco.
UNEP. (2013). Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.
Notas:
1 Sobre esto, véase Baptista, Asdrúbal. El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder.
2 UNEP. Recent Trends in Material Flows and Resources Productivity in Latin America.
3 Teran Mantovani, Emiliano. El fantasma de la gran Venezuela.
5 PDVSA. Informe de Gestión Anual 2015.
6 Moore, Jason. W. Sugar and the Expansion of the Early Modern World Economy.
7 Para más detalles de este proyecto, véase Teran Mantovani, Emiliano. Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela.
8 Teran Mantovani, Emiliano. El fantasma de la gran Venezuela.
9 Teran Mantovani, Emiliano. Las luchas contra el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, Venezuela.
11 Ultimas Noticias. Pdvsa inicia la perforación más grande del mundo en la Faja Petrolífera del Orinoco.
12 Reuters. Venezuela y China unen esfuerzos para elevar producción de la Faja Petrolífera del Orinoco.
13 Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Del Pino y Sechin conversaron sobre el consenso entre productores.
14 Navarro, Ingrid. Pymes y Pdvsa invertirán $900 millones en la Faja.
15 AVN. Proponen para la Faja Petrolífera del Orinoco régimen especial de inversiones.
16 Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Presidente Maduro decretó Faja Petrolífera del Orinoco como Zona de Desarrollo Estratégico.
19 AVN. Activan unidad especial de seguridad en Faja Petrolífera del Orinoco.
Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.
