Se trata de tres organizaciones que cuestionan la explotación petrolera no convencional del megaproyecto, el desconocimiento a la consulta previa y el aporte de esa megarreserva al cambio climático.
A finales de agosto pasado fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe que cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectadas por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Específicamente trata la situación de la comunidad Campo Maripe, a diez kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013 y que cuenta en su territorio con la tristemente célebre cifra de más de 500 pozos no convencionales (fractura hidráulica). La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.
El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative), ambas con sede en Ginebra, Suiza.
“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.
Por su parte, la abogada Lucy Mckernan de Global Initiative afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La letrada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.
Sébastien Duyck, abogado del Centro Internacional por el Derecho Ambiental, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.
El escrito solicita al Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París para mitigar y adaptarse al cambio climático.
“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por las tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas, por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.
Respecto al cambio climático el documento señala que “la extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.
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