Entrevista a Nara Osés, titular de la Defensoría del Niño y el Adolescente de la provincia de Neuquén
Por OPSur.- Loma La Lata (LLL) se encuentra a 100 kilómetros de Neuquén capital y es el yacimiento gasífero más importante del país, con aproximadamente 350 km². Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina. Aún hoy este importante yacimiento determina la preeminencia de la provincia en el sector, que lidera desde hace varios años -en el período de 1997/2008 representó más del 60% de la oferta gasífera del país. Incluso la reconversión energética de las últimas décadas, que se orientó hacia un mayor consumo de gas en desmedro de los combustibles líquidos, se afirmó en parte en las cuantiosas reservas de este yacimiento.[1] Repsol-YPF es la principal operadora de LLL pero no la única, ya que también se encuentran presentes Petrobras, Pluspetrol, Pampa Energía y Mega S.A. -consorcio conformado por la petrolera española, su par brasileña y Dow Argentina para transportar gas hasta el polo petroquímico de Ingeniero White, donde se lo industrializa- [2].
Este yacimiento, enclavado en territorio mapuche, abarca 8 mil hectáreas de las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ. Para el año 2000 en esa superficie se habían perforado 77 pozos, abierto 3 caminos principales (de entre 15 y 18 metros de ancho) y 9 secundarios (9 metros de ancho), tendido 88 ductos (162 kilómetros) y 1 línea de alta tensión. También funcionaban 4 estaciones compresoras, 2 de refrigeración, 3 baterías, 5 unidades separadoras y de fraccionamiento, 1 planta descarbonatadora [3] y un campamento para el personal. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos [4]. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían metales pesados en sus cuerpos.
En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia en 1998 e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas. Mientras tanto, en el fuero neuquino, sigue abierta la causa por la remediación ambiental.
Las demandas que pesan contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000, el entonces gobernador Jorge Sobisch y el presidente de Repsol-YPF, Alfonso Cortina, anunciaran la prórroga por 10 años de la concesión de LLL, que vencía en 2017 [5]. Desde mediados de la década del ’90 los conflictos entre los distintos actores han sido una constante [6]. En diálogo con el OPS, Nara Osés relató su experiencia en ‘la causa LLL’ y citó otro antecedente en la afueras de la capital neuquina.
-¿Nos podrías contar cómo comienza tu trabajo en lo que refiere a Loma de la Lata?
Mi trabajo relacionado con hidrocarburos comienza por el año 97-98, dos casos, y no volví a trabajar el tema. En marzo del ‘97 tuvo que ver con un amparo contra el Gobierno provincial por contaminación de las napas en territorio mapuche, en las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ. Había sido una explotación de la YPF nacional y desde esa época no había habido los cuidados necesarios.
Ya se había advertido la contaminación [del agua] por profesionales de la salud pero no se había tomado ninguna medida sustitutiva del agua [que consumían] ni les habían dado ninguna información acerca de los análisis que les habían hecho. El diario Río Negro publica en marzo del ‘97 un informe en la cual cuenta que un miembro de la comunidad Paynemil saca agua de la napa, de la que iba a tomar, y le pone un fósforo y se arma una llamarada. También había un trabajo previo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, que acompañaban a la comunidad desde octubre del ‘96.
Lo que nosotros hicimos desde la Defensoría fue organizar una acción judicial, en representación de los niños, con toda la información que venían produciendo tanto la UNCo como la APDH. Ahí había un abogado que conoce bastante el tema de hidrocarburos, se llama Carlos Falaschi, que venía trabajando mucho con las comunidades. Fue un amparo que buscaba la remediación ambiental, la provisión inmediata y no definitiva de agua potable, y todo lo que refiriera al control de la salud de los niños. El juez en primera instancia resolvió a favor de la Defensoría y lo extendió a la comunidad toda. Pasados varios meses había muy pocas señales del cumplimiento de la sentencia, a pesar que el Estado neuquino apeló a la Cámara [Civil] y después llegó al Tribunal [Superior de Justicia de Neuquén], terminando la vía judicial.
Había una propuesta de [construir] una planta potabilizadora de agua, que iba a hacer YPF, no el gobierno provincial, y no se hacía. Entonces presentamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el ’98, como un incumplimiento de una sentencia judicial [Caso N° 12.010]. Ese trámite fue bastante particular, por nuestra falta de experiencia; por la falta de experiencia de la CIDH en trabajar temas que no sean presos, presos políticos, desaparición de personas. La CIDH no tenía expertos dedicados a eso, era muy difícil discutir y trabajar sobre esto. A nosotros nos faltaban peritos, el Poder Judicial no tiene gente formada para esto y siempre estábamos buscando aliados. Un caso a nivel internacional lograba presionar a la provincia y a Repsol sobre la remediación. Después las propias comunidades en otros casos iniciaron juicio sobre daños y perjuicios.
Ese trámite fue bastante particular. Por un lado, la falta de experiencia de la CIDH en trabajar temas que no sean presos, presos políticos, desaparición de personas. Por nuestro lado también existía falta de experiencia en estos temas e instancias. Además hay que considerar el planteo ideológico que había, [que cuestionaba] la legitimidad que tienen las comunidades mapuche para discutir sobre su territorio. A esto hay que sumarle que estamos en un organismo judicial dependiente del Poder Judicial, que en los años venideros terminó estando muy supeditado al poder político. Fue un tema que se fue convirtiendo en álgido en poco tiempo, nosotros tuvimos muchas discusiones internas para poder sostener ese caso, para poder ir a una audiencia a Washington, para hacer ese aprendizaje.
Lo que hubo de favorable es que a raíz de ese caso a nivel internacional, la presión que hizo sobre todo la organización mapuche, más lo que pudimos hacer nosotros desde una Defensoría, se hizo la planta potabilizadora de agua. Quizá no con todos los recaudos que tenga que tener, pero bueno, se controló la salud de los chicos y se llevó por casi 12 años agua potabilizada a la comunidad. Fue una lucha muy particular.
-Con respecto a las pericias técnicas, ¿podrías profundizar un poco más en los problemas con los que se encontraron?
Muchísimos, por ejemplo, para un análisis de agua una colega tuvo que ir a La Plata; otro, una vez llevo un estudio a la UNCo y una persona me dice: “Repsol-YPF nos banca un laboratorio, yo no te puedo leer este examen de agua”.
Yo creo que nosotros hicimos una experiencia. La Defensoría del Niño, por nuestra Ley de Infancia [Ley provincial N° 2.302], es la única que cuenta con una representatividad de derechos colectivos, como si fuera un Ombudsman de niños dentro del Poder Judicial, con lo que eso significa: darle mucho poder a un funcionario de baja categoría. En general son casos resonantes, donde se pone en juego el poder económico, político, ideológico. Si al Poder Judicial le hubiera interesado llevar adelante este tipo de experiencias desde distintos lugares se tendría que haber promocionado este tipo de actividades, porque esto ha seguido pasando, sobre todo en el interior de la provincia. No ha sido una política pública del Poder Judicial la formación y el llevar adelante litigios sobre estos problemas: formar defensores que conozcan el sistema interamericano, que puedan discutir, y peritos independientes. Todos los peritos que nos ayudaban era gente honesta y solidaria.
En el tema de Paynemil tuvimos una pericia del Instituto Nacional del Agua [y el Ambiente, INA], que habíamos sugerido nosotros porque no conocíamos la historia de lo que había pasado con María Julia [Alsogaray, ex Secretaria de Ambiente][7]. El resultado de la primera pericia de la planta potabilizadora, dentro del amparo -te hablo año 2003-2004- es que el agua era apta. Pero cuando una colega que sabía bastante de química se pone a leer el informe, había un montón de cosas que sugerían que, dentro del agua, hubiera hidrocarburos. Entonces necesitábamos alguien para ir a la audiencia y pediera la nulidad de ese estudio. Había acá en Neuquén un médico que también era bioquímico, el Dr. Ragni, nos acompañó a una audiencia desde su lugar de mirar un análisis, teniendo en frente a autoridades del INA, que eran capos en la materia. Por suerte, pudimos generarle tal duda al juez que dijo: “Yo con esto no habilito esa planta”. Pero todo a puro ingenio y solidaridad, es pelear con un poder económico terrible en una inferioridad de condiciones espantosas.
-Existe un estudio de una empresa alemana, con los impactos ambientales y sobre la gente, ¿eso fue dentro de esta causa?
No, eso lo contrataron las propias comunidades. Hay dos estudios. El primer estudio fue coordinado por Falaschi con otro montón de gente, mucho más humilde. Mientras estaban haciendo este, las comunidades contactan a esta empresa alemana y, con el resultado de la empresa alemana, las comunidades, en calidad de víctima, van a una audiencia en Washington. Yo no lo pude incorporar a la causa civil porque ya habían vencido los tiempos de prueba. Ellos logran medir presencia [de hidrocarburos] en órganos, y acá lo que se medía era en sangre. Y una vez que la gente empezó a tomar agua potable los niveles bajaron absolutamente, especialmente en los chicos.
-Más allá del Poder Judicial, dentro del Poder Ejecutivo provincial, ¿quién tendría que haber controlado?
Lo tendría que haber hecho el Ministerio de Salud [y Acción Social, en su momento Ministro Simón Segundo Jalil] y la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en cuanto advirtieron que había presencia de metales pesados en la gente. Se guardaron los análisis desde octubre del ‘96 hasta marzo del ’97, que nosotros hicimos el amparo. En la explicación del Subsecretario de Salud [Dr. Gualberto Méndez], que lo ofreció el Estado como testigo -y el Juez abría los ojos y no lo podía creer-, fue que uno no siempre le dice a la gente que tiene un cáncer. Claro, no le decían a la gente que tenía mercurio, plomo, porque se iba a armar el lío que se terminó armando. ¡Y todo lo que debían tener que en ese momento no se midió!
-¿Y en Loma de la Lata desde el ‘97 hay cuestiones vigentes?
Si, hay cosas que siguen vigentes. Yo por ejemplo sigo pidiendo que me expliquen si remediaron o no las hectáreas que tenían que remediar, yo no pude acceder nunca a una pericia propia. Otras cosas no, la provisión de agua en bidones estuvo vigente hasta hace 2 meses [septiembre 2009]. Recién ahora se hicieron pericias encargadas por el Estado, y de diversos lugares, demostrando que el agua de la planta no está contaminada. El agua en bidones la llevaron desde el ‘97 hasta ahora porque no demostraban que el agua estuviera buena.
-¿El Estado provincial se hacía cargo de esto?
Si, pero yo no sé si lo pagaba, porque la planta potabilizadora la pagó Repsol, por ejemplo. Nosotros discutíamos con dos abogados del Estado provincial, pero cuando vino la CIDH -que hizo una visita al lugar-, en las reuniones los peritos que figuraban por parte del Estado neuquino eran de Repsol-YPF. Así de real era la cuestión. La persona que explicaba y lo convenció al gringo de la genialidad de la planta era una ingeniera de la Repsol.
Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio nos costó mucho. Yo creo que para el próximo caso así hay que armar un equipo muy sólido científicamente para convencer al juez. Las empresas tienen sus propios equipos que van con los abogados del Estado. Tiene que haber posibilidades muy serias de discusión del lado de la gente que sufre la contaminación, sino la perdimos.
-Mencionabas anteriormente otro caso ¿cómo fue tu experiencia?
El otro caso es del ’98, que tiene que ver el mismo tipo de contaminación, también con YPF, pero en el yacimiento Centenario, en el norte de Valentina, zona rural. Fue un caso distinto, no había tanta prueba, por suerte no había personas con mercurio ni plomo en el cuerpo. Ahí lo que se logró fue la provisión de agua para la gente de zona, incluida toda una franja que vive bajo la barda, en la meseta, que son asentamientos que han crecido muchísimo desde el ‘98 hasta ahora. [8]
Con la experiencia previa del otro amparo, este fue mejor organizado, y con mucha gente que contribuyó. Se demandaba al Municipio por no haber cumplido las funciones de protección y cuidado de la explotación sabiendo que había tierras contaminadas. La idea era obligar al Municipio que hiciera una red de agua que viniera del [río] Limay, era un proyecto que ya estaba, en general trabajamos con cosas que ya están y se las ha ido cajoneando. Eso no se aceptó en su momento. La jueza en primera instancia obligó al Municipio y éste, por medio de apelación, logró que la Cámara [Civil] considerara excesiva la decisión de la jueza, ordenando un juicio político a la jueza.
Son casos que cuando existieron generaron mucho ruido, poniendo en discusión hasta dónde tenía poder un juez para determinar en temas técnicos; restringió muchísimo la Cámara esa sentencia, que era muy interesante y que si se hubiera cumplido nos habríamos ahorrado muchísimos problemas. Después de muchísimos años se terminó haciendo esa obra y creo que no de la manera que estaba propuesta.
Anexos:
A modo informativo se anexan cuadros extraídos del estudio “Umweltschutz de Argentina S.R.L, Evaluación del Daño Cultural / Ambiental por la actividad Petrolera en la Región Loma La Lata / Neuquén. Territorio PAYNEMIL y KAXIPAYIÑ” dando cuenta de la situación en el momento en que se realizó la investigación, año 2001.
Punto 6.1.3.2 Impacto sobre la calidad del suelo (Pág. 78)
Punto 6.1.4 Impacto sobre la calidad del agua subterránea (Pág. 78 y 79)
“El reconocimiento y la investigación del área demostró que debajo de una superficie de (…) 410 ha (…) el agua subterránea está contaminada”.
“De los análisis preliminares de la calidad del agua se puede concluir que existe aproximadamente un 50% de agua subterránea contaminada en la proximidad del valle de inundación del Río Neuquén y concordante al área preferencial de ocupación de las Comunidades Mapuche y actividad agrícola”.
Punto 6.4.3.1 Estudio clínico (Pág. 137)
Información complementaria:
Nota:
[1] Tecnoil, Yacimiento Loma de la Lata, ¿un gigante en extinción?, citado en Petrolnews, 21/09/09, http://www.petrolnews.net/noticia.php?ID=97bce78a0218c26f5ab692f2d6e4d9af&r=12139
[2] Diario 8300, 03/07/2009, Mapuce cortan acceso a Loma de la Lata, http://www.8300.com.ar/2009/07/03/mapuces-cortan-acceso-a-loma-de-la-lata/
[3] Umweltschutz de Argentina S.R.L, Evaluación del Daño Cultural / Ambiental por la actividad Petrolera en la Región Loma La Lata / Neuquén. Territorio PAYNEMIL y KAXIPAYIÑ – Comunidades Mapuche. Pág. 28.
[4] Le Monde, Enero 2003; La madre tierra contaminada, http://www.insumisos.com/diplo/NODE/3359.HTM
[5] Diario La Nación, 03/12/2000, Diez años más en Loma de la Lata, http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=43384. La extensión del permiso de explotación contó con el aval del gobierno nacional, encabezado por Fernando De la Rúa, a cambio de U$S 300 millones en módicas cuotas. En tanto la provincia neuquina recibía un 5% más por regalías (sumado al 12% obligatorio por ley), un plan de inversiones y proyectos con ex empleados de YPF. Al mismo tiempo Sobisch eximía deudas por $112 millones (o dólares) a la provincia. Diario Río Negro, 22/07/2001, Sobisch eximió a Repsol del pago de 112 millones en Sellos, http://www.rionegro.com.ar/arch200107/r22s19.html
[6] La última protesta llevada adelante por las comunidades data de mediados del 2009, en la que se bloquearon los accesos frente a las expansiones impulsadas por Pampa Energía y Camessa en la planta termoeléctrica de ciclo combinado. (Diario 8300, 03/07/2009, Mapuce cortan acceso a Loma de la Lata, http://www.8300.com.ar/2009/07/03/mapuces-cortan-acceso-a-loma-de-la-lata/ ) La inversión finalmente alcanzó los $1.000 millones y cuenta con los beneficios del programa nacional Energía Plus -apuntando a grandes consumidores individuales, donde los precios de venta de la energía se dan entre acuerdo de las contrapartes sin la regulación que rige actualmente para la mayoría. (Pampa Energía, Central Térmica Loma de la Lata, http://www.pampaenergia.com.ar/sp/NUE_GEN_LOMA.ASP / Programa Energía Plus, Resolución de Secretaría de Energía Nº 1281/06, http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=119455)
[7] Instituto con numerosas denuncias de corrupción durante la gestión de Alsogaray, su otrora titular, Mario De Marco Naón terminó preso en 2003 denunciado por sustracción de fondos públicos. El INA saltó a la fama en el momento en que un informe televisivo mostraba a su titular con lujosos objetos y un casamiento en Alaska. La causa iniciada comprometieron a Alsogaray por los allanamientos realizados tanto en el INA como residencias particulares y laborales de De Maco Naón.
[8] Observatorio Petrolero Sur, 27/01/2009, Claroscuros neuquinos: Los guanacos del oeste, http://opsur.wordpress.com/2009/01/27/claroscuros-neuquinos-los-guanacos-del-oeste/. La Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) cuenta con diversas iniciativas judiciales por contaminación en los dos casos, Loma de la Lata y Valentina norte. (La Mañana de Neuquén, 01/12/2009, La Justicia Federal interviene en causa penal por contaminación en Loma de la Lata, http://www.lmneuquen.com.ar//noticias/2009/12/1/48140.php)
