Entrevista a Vladimir Pinto, abogado del Programa de Defensa de Derechos Indígenas (PDDI)
Por OPSur.- La amazonía constituye todavía hoy un área marginal del Perú, lejana, incomunicada, carente de infraestructura. Un espacio donde el Estado parece ausente, aunque no lo está al momento de promover proyectos extractivistas -en manos privadas- y disponer fuerzas de seguridad para garantizar su viabilidad. Si bien allí son pocos los bloques petroleros en explotación, las empresas del sector lograron una gravitación extraordinaria sobre la población al ocupar el vacío dejado por el Estado en áreas como salud y transporte, pero esta posición de poder no pudo impedir la organización de quienes sufren la contaminación.
En los últimos años kichwas y achuar libraron fuertes luchas por la remediación de los impactos socio-ambientales derivados de los derrames de crudo y aguas de formación y soportando represiones obtuvieron algunas mejoras. Esas experiencias fueron la antesala a la masiva movilización que en junio pasado congregó a más de mil comunidades de diferentes pueblos, enroladas en la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), para poner freno a la privatización de los territorios y al avances de proyectos extractivistas. El levantamiento fue ahogado con la sangre de Bagua y la organización indígena duramente golpeada. El gobierno de Alan García no pudo avanzar con sus políticas pero la amenaza sigue latente, el 75% de esta región oriental está concesionado a la actividad hidrocarburífera.
El abogado peruano Vladimir Pinto conoce en profundidad la situación de los pueblos amazónicos, desde el Programa de Defensa de Derechos Indígenas patrocina a las organizaciones ante la constante judicialización de sus demandas. En diálogo con el OPS habló de la coyuntura post-Bagua, la criminalización de las luchas socio-ambientales y el rol que juega la petrolera argentina Pluspetrol en aquél margen de América Latina.
-En recientes conflictos suscitados en la Amazonía por los impactos de la actividad hidrocarburífera aparece citada a Pluspetrol. ¿Cuál es su relevancia en la región?
Pluspetrol es una empresa que, si bien no es una gran transnacional, en Perú tiene una relevancia muy importante. Opera el lote 1AB, en la frontera con Ecuador, que es el más antiguo de la Amazonía peruana -en producción desde hace más o menos 40 años, con estándares ambientales muy malos. Ellos llegaron hace 10 años, lo heredaron de la empresa Occidental Petroleum (Oxy). Operan también el lote 8, que es contiguo a este y antes explotaba la nacional Petroperú. Además Pluspetrol en Camisea tiene el monopolio de la operación del lote de gas: extracción, refinación y venta. En Perú es la empresa petrolera más importante, sin duda alguna.
En el caso del lote 1AB han heredado una situación ambiental desastrosa, es un caso muy similar a lo que sucede en Ecuador con Texaco: 40 años de vertimiento de aguas contaminantes directamente a los ríos. Heredan esa operación en el año ’89 y no modifican los estándares sino hasta el año 2008, que en algunas zonas de ese lote han terminado de reinyectar las aguas que antes vertían a los ríos. Aún ahora hay una situación de vertimiento en otras cuencas con el consecuente daño ambiental y para la salud humana.
En la zona del lote 8 también tienen problemas. Ese lote está dentro de áreas de territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, si bien es cierto que el Estado es el responsable de crearlo y darlo a concesión, ellos operan en esas condiciones. Entonces, en todas sus operaciones tienen una situación de vulneración de derechos de los pueblos originarios.
-Hay un documental, Una muerte en Sión, que refiere a la presencia de Pluspetrol en territorio achuar.
Si, es sobre el lote 1AB. Hay esta situación de contaminación de tantos años y Pluspetrol opera allí afectando a pueblos indígenas, fundamentalmente a los achuar y a los kichwas, aunque también hay una pequeña presencia de urainas. Una muerte en Sión es justamente sobre las comunidades achaur del río Corrientes, que son afectadas por estas actividades de contaminación. Esto ya es materia de un proceso judicial que no se pudo realizar en Estados Unidos y que ahora está en elaboración para iniciarse en Perú.
Pluspetrol, en ese caso, es co-responsable porque opera allí en los últimos 10 años pero ha mantenido los mismos estándares que se han utilizado, que son inhumanos, inaceptables simplemente.
-Durante las movilizaciones amazónicas se mencionó la presencia de militares en instalaciones de Pluspetrol para reprimir a los indígenas. ¿En efecto fue así?
Ha habido movilizaciones indígenas muy fuertes para que se modifiquen estos estándares ambientales tan desastrosos. En el año 2006 el campamento de producción de Pluspetrol estuvo tomado dos semanas por el Pueblo Achuar y fruto de esa movilización lograron un acta donde la empresa reconoce en parte su responsabilidad: en materia de salud crea un fondo, se compromete a reinyectar [las aguas de formación] en un plazo más o menos inmediato; y el Estado asume algunas obligaciones como garante. Ese es el antecedente de movilización amazónica más importante antes de Bagua.
Luego, en marzo de 2008, hubo una toma del aeropuerto que tiene Pluspetrol en la comunidad de Andoas, donde están también sus oficinas operativas del lote 1AB. Por esa toma se ha iniciado un proceso penal contra muchísimos dirigentes kichwas de la zona del Tigre y del Pastaza, que son ríos afectados por el lote. La movilización de los pueblos indígenas estaba vinculada a la presencia de industrias extractivas -sobre todo petróleo- en territorios donde no las aceptan y toman como referencia la tragedia ambiental del lote 1AB.
En la movilización de los achuar [de 2006] la empresa adoptó la política de militarizar la zona en contubernio con el Estado, obviamente, y en marzo de 2008, cuando reprimieron a la población que tomó el aeropuerto, dentro de la instalaciones de Pluspetrol se produjeron torturas a dirigentes indígenas. Es decir, personal de la DINOES [Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional] torturó en las instalaciones de la empresa. Eso es algo que recientemente se hizo público en el juicio penal que se les está siguiendo a los compañeros achuar.
En la zona la DINOES cumple el papel casi de policía al servicio de la empresa, no defiende el orden público sino la seguridad de la empresa.
-¿La DINOES es una policía común?
Es policía para operaciones especiales, es como el SWAT. Es un cuerpo especializado que estaba destinado a operaciones de seguridad en áreas urbanas pero que, en los últimos años, se le ha trasladado a las zonas donde hay conflictos socio-ambientales. [Interviene] cuando hay grandes movilizaciones de la población.
-¿Se inició alguna causa judicial por la aplicación de torturas dentro de instalaciones de Pluspetrol?
Lo vamos a hacer. La tortura contra los dirigentes indígenas no se había evidenciado todavía, salvo por las declaraciones de ellos, pero recientemente se ha hecho presente al juicio un misionero católico que también fue torturado y que ha denunciado estos hechos de manera pública. Entonces, teniendo otros elementos, se va a iniciar una causa contra la policía y estamos evaluando ver el nivel de responsabilidad de la empresa -como tercero civilmente responsable- y de los funcionarios de la empresa -como co-responsables de la tortura.
-En Argentina Pluspetrol realiza campañas de RSE para dar una imagen de buen diálogo con la sociedad. Las demandas que se hicieron en la Amazonía peruana, ¿modificaron las políticas de la empresa?
Hay algunas cosas que cambiaron a la fuerza, es decir, las comunidades exigieron que se modifiquen algunas prácticas empresariales y, a raíz de que Pluspetrol notó el nivel de organización y de decisión que tenían, modificó algunas de las prácticas más duras. El tema es que luego de esta situación forzada de cambio, ellos han convertido el conflicto en una propaganda: “Miren cómo nosotros tenemos este programa de Salud en la Amazonía y cómo estamos reinyectando lo que nunca reinyectó la otra empresa…”. No lo plantean como el resultado de una larguísima confrontación sino como una decisión corporativa.
Ahora, esto ha cambiado en una de las partes del lote, donde la población se organizó y protestó, pero no en las otras. Yo diría que más que una empresa que tiene responsabilidad corporativa imbuida como una filosofía, un espíritu, lo que hace es reaccionar frente a la presión que le impone la gente.
En la zona de Camisea, en el sur, operan en condiciones menos adversas. Es una operación más nueva pero no exenta de complicaciones. El tubo de líquidos derivados -porque mueve gas pero también líquidos derivados- se ha roto por lo menos 6 veces en 4 años de operación. Entonces es una situación también es compleja, donde, por supuesto, dicen que mantienen una buena relación con la población. No se sabe de un conflicto muy abierto pero en términos ambientales sí hay bastante que evaluar allí.
La operación es muy complicada porque, además de la explotación del gas de Camisea -que afecta a pueblos en aislamiento-, implica un gasoducto que cruza la región andina hasta la costa. Si no me equivoco son 450km y la construcción del gasoducto implicó diversos impactos en la región andina, sobre todo en algunas comunidades de Ayacucho, que protestaron por eso.
-Casualmente años atrás Pluspetrol auspició una muestra fotográfica en el Centro Cultural Jorge Luis Borges sobre culturas andinas.
Es curioso que se trabaje en este asunto de promover la identidad andina y demás, porque es una empresa que más bien ha sido vista siempre como problemática en el balance general, porque está metida realmente en operaciones complicadas.
-¿La Amazonía es una de las regiones peruanas que más se ha concesionado para la actividad hidrocarburífera?
Sí, tenemos el 75% de la Amazonía peruana concesionada para hidrocarburos, aunque explotación todavía tenemos poco. Básicamente Pluspetrol es la única que está explotando, hay una pequeña [compañía], la norteamericana Maple Gas, que opera en lotes muy antiguos y marginales -tanto en tamaño como en producción.
Hay algunas zonas donde las comunidades que no conocen bien la dinámica del petróleo, que no tienen ninguna expectativa más para encontrar alguna alternativa económica, aceptan el ingreso de estas empresas; hay otras donde hay resistencia. Donde hay resistencia se produce inmediatamente un fenómeno de estigmatización, complicaciones. Nosotros estamos evaluando esto en función de una visión más amplia de la Amazonía -porque es un problema que se empieza a generalizar en los países vecinos- para demandar un freno a las concesiones, ya que es un área tremendamente frágil.
-¿En estas nuevas concesiones de lotes Pluspetrol tiene alguna posición ventajosa?
Bueno, de acuerdo a la ley no la puede tener. Pluspetrol está compitiendo por uno o dos lotes más, no más tampoco, porque creo que de hecho excedería su capacidad operativa.
-Hablabas de la estigmatización de quienes se paran frente al avance de las concesiones petroleras o de quienes protestan por los impactos. Antes de comenzar la entrevista comentabas que la criminalización del conflicto socio-ambiental en Perú es una tendencia ascendente.
Si, según la Defensoría del Pueblo, que podríamos considerar que son datos conservadores -no son radicales ni mucho menos-, más de la mitad de los conflictos sociales en el Perú son de carácter socio-ambiental, y, en la mayoría de estos casos, no hay una solución inmediata -el 88% se mantienen activos. Es un escenario creciente donde la respuesta del Estado no es el diálogo o la búsqueda de soluciones de mediano plazo sino la represión y la criminalización.
Tenemos, lamentablemente, un marco legislativo penal muy laxo, complicado. Desde la reforma de los ’90 se empezó a ampliar este marco legal, primero, contra el terrorismo; luego, contra el crimen organizado; y esas mismo marco normativo se utiliza ahora para enjuiciar a dirigentes populares o a activistas que están organizando protestas socio-ambientales. Incluso con este gobierno tenemos asilados, dirigentes indígenas han tenido que salir del país [luego de la masacre de Bagua]; el presidente del Poder Judicial confesó que al juez que ve el caso de Alberto Pisango [presidente de la Aidesep] lo llamaron los ministros para decirle que rápidamente vean su detención, una intromisión del poder político evidente; prácticas de persecución a las organizaciones sociales.
Estamos en un escenario muy complicado y, lamentablemente, [tenemos] un aparato policial coludido con intereses empresariales. La policía interviene en reuniones de las comunidades, cuando alguna ONG quiere hacer alguna capacitación la policía intimida. En el caso de Pluspetrol es evidente, por ejemplo, la empresa maneja el único aeropuerto de Andoas y el abogado penal que lleva el caso [de los achuar imputados] tenía que aterrizar allí con una avioneta alquilada. Cuando ya estaba por aterrizar la empresa se lo impidió, le dijo al piloto que no cuando se enteró que estaba yendo un abogado. Tuvieron que regresar, con riesgo de que la gasolina no alcance.
-Por el panorama que das se deduce que la tensión de Bagua no quedó disipada.
Evidentemente hubo un retroceso del Estado, se derogaron las dos normas más graves, que eran parte de la agenda indígena: las que tienen que ver con la protección del bosque -para que no se convierta en una propiedad privada- y con las garantías a la propiedad indígena -que se quería eliminar. En ese sentido el Estado retrocede en su estrategia de despojo directo, pero no cede en cuanto a su pretensión. Ahora hay una campaña enorme de prensa, coludida con intelectuales orgánicos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para seguir promoviendo la titulación individual y la parcelación de las comunidades.
Los indígenas ganaron en varios ámbitos, también en el sentido de demostrarle a la opinión pública que tenían razón en muchas de las cosas que estaban planteando. Quedó clarísimo, por ejemplo, que el Estado tiene que cumplir el Convenio 169 [de la OIT] en cuanto a la consulta [previa, libre e informada antes de implementar políticas que los afecten], y que no lo había hecho. De algún modo hubo una victoria, también mediática, en el sentido que “no eran locos” ni estaban “yendo por fuera del derecho” sino que su demanda era justificada. Sin embargo los medios de comunicación mayores promueven constantemente la idea de que hay intereses políticos detrás de la organización indígena, incluso intereses políticos externos -el gobierno quiere involucrar al presidente [venezolano Hugo] Chávez, a las FARC, etc. Es una situación que se mantiene y se reproduce constantemente, y es una batalla del día a día donde los medios de comunicación, sobre todo la televisión, cumplen un papel a favor del gobierno.
El Estado ha sido derrotado en esta batalla [de Bagua], pero la decisión política de fondo me parece que subsiste. La organización indígena quedó muy golpeada después de esto, mucha gente con procesos judiciales, muchos recursos agotados, persecución de los proyectos que le dan sostenimiento a la organización, intervención administrativa de la Aidesep. La tensión como tal se ha transformado, quizás es más velada. La actuación del Estado es menos represiva, en el sentido directo, pero hay todo un sistema represivo, acompañado por los medios de comunicación, que empieza a reverdecer y que, quizás, va a esperar un momento para volver a intentarlo.
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