Opiniones

No más “libre disponibilidad” para pocos
La nueva ley fija una nueva política de hidrocarburos, con límites al uso del petróleo y el gas. Ya no será de libre disponibilidad de quien lo extraiga ni podrán fijarse precios arbitrarios al combustible en cada región
Por Raúl Dellatorre | Página/12
Argentina tiene, desde ayer, una nueva política hidrocarburífera. Aunque falta reglamentar aspectos que establezcan obligaciones específicas, todas las empresas petroleras que operan en el país deberán ajustar su accionar a una ley que dispone que, a partir de ahora, petróleo y gas dejan de ser un bien comercializable a granel en el mundo, un “commodity”, para pasar a ser un “bien estratégico”, sujeto al interés público nacional, y por lo tanto ya no más de libre disponibilidad.
Es lo que resuelven los primeros tres artículos de la ley votada anoche en la Cámara de Diputados (Título 1, De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina). La legislación vigente hasta ayer permitía que el petróleo y el gas fueran tratados como propiedad de la empresa que los extraía. Esta es una de las consecuencias de una política de desregulación amplia promovida a partir de 1989, que fijó, entre otras normas, un “régimen de libre disponibilidad de los hidrocarburos” (artículo 4º del Decreto 1212/89), cuya entrada en vigencia se fijó para el primer día de 1991.
En esa misma fecha, YPF dejó de ser sociedad del Estado para convertirse en Sociedad Anónima, que fue la forma en la que se la “empezó a vestir” para la privatización. Su interventor era entonces José Estenssoro. Con su nuevo “status”, la petrolera creada en 1922 por Hipólito Yrigoyen empezó a firmar contratos de asociación con firmas privadas que pasaban a ser operadores y beneficiarios de la “libre disponibilidad” del petróleo que extrajeran. Pérez Companc fue, en esa primera etapa, una de las mayores beneficiarias, pero el reparto no dejó a nadie afuera.
La ley votada ayer cambia radicalmente ese modelo, que permitió en los hechos que las firmas privadas se adueñaran de los hidrocarburos extraídos pero también de los que permanecían en el subsuelo, “las reservas”, al poder elegir qué inversiones hacer y cuándo. Si había compromisos firmados, el incumplimiento no se castigaba, con lo cual era lo mismo que si no existieran.
El artículo 1º de la nueva ley declara de interés público nacional la explotación, industrialización, transporte y comercialización del petróleo y el gas. El fin es “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo, el incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y el crecimiento equitativo y sustentable de las distintas provincias y regiones”, dice. Equidad social y empleo significa que las petroleras no podrán disponer de los hidrocarburos o sus derivados (combustibles) para exportarlos, si no se garantiza previamente el abastecimiento para la actividad interna. “Competitividad de los diversos sectores” significa que esos recursos deberán ser suministrados a precios convenientes para su uso en procesos productivos. “Crecimiento equitativo y sustentable de provincias y regiones” significa que no se permitirá discriminación de precios por región, como las que existen actualmente.
Ni libre disponibilidad del producto ni libre fijación de precios es la interpretación directa que surge de este artículo fundante del nuevo modelo. El artículo siguiente anticipa que el Ejecutivo “arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los fines de la presente”.
En esta nueva política, YPF en manos del Estado se convierte en el instrumento motor que le dé impulso. Es por ello que el título que se refiere a la recuperación de su control viene después, en el texto de la ley, que el de la declaración del principio de soberanía sobre los hidrocarburos. “A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente (ley), declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF SA”, dice el artículo 7º con el que se inicia el Título 3 de la norma. “El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos correspondientes”, dispone el artículo 9º. Esto es, no se esperaría a la fijación del precio de los bienes sujetos a expropiación por el Tribunal de Tasación (art. 12º) y su pago para la toma de control de pleno derecho.
En el capítulo siguiente, la ley fija las condiciones para la continuidad operativa, jurídica y de gestión de YPF SA. “La Comisión Nacional de Valores, en el día de la promulgación de la ley (¿el lunes próximo?), convocará a una asamblea de accionistas a efectos de tratar la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes por el término que corresponda”. Ello habilitaría el ingreso de “una conducción profesionalizada” que reemplace a la intervención. Ya suena algún nombre para encabezarla. Será el próximo paso importante en este proceso.

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La soberanía energética como integralidad
Por Hernán Scandizzo y Diego di Risio*
La sanción de la ley de soberanía hidrocarburífera es un paso histórico para la política energética del país al generar una herramienta insoslayable en la planificación necesaria. La expropiación parcial de YPF permitirá recuperar parte de la renta y aumentar la producción para garantizar el autoabastecimiento. Este último punto, sumado a declarar de interés público a la totalidad del sector, permiten pensar en puntos de partida para próximos (y necesarios) pasos más allá de YPF.
A nuestro entender, la energía debe considerarse desde una multiplicidad de aristas convergentes. Desde este enfoque, no sólo varía el diagnóstico, sino también los potenciales caminos a seguir. En Argentina decir energía es decir hidrocarburos, ya que representan casi el 90 por ciento de las fuentes primarias. En el debate actual se ha priorizado un abordaje económico, ya que la discusión se centró principalmente en la renta petrolera. En este punto, la recuperación de YPF es un paso central para subsanar la situación. Asimismo, sería importante ahondar en otras medidas que permitan transferir mayor renta a las arcas públicas, en una tendencia que estatice el sector: aumento de retenciones, regalías y quita de subsidios.
Esto último va de la mano del carácter que se asigne a los hidrocarburos, es decir, desde un prisma político. La ley de soberanía hidrocarburífera provee flamantes elementos –como el Consejo Federal de Hidrocarburos y la declaración de interés público– que permitirían reformar el marco jurídico vigente, donde prima el petróleo como commodity más que como bien estratégico. La derogación de los decretos sancionados bajo el menemismo ahondaría en el carácter regulatorio del Estado ante el mercado, reorientando la extracción y refinación de acuerdo con las necesidades nacionales y dando por tierra con el beneficio de la libre disponibilidad que gozan las operadoras.
La arista socioambiental
Argentina no solamente es un país con petróleo, sino que además sus cuencas ricas y de fácil extracción están llegando a su fin. Ante ello, la solución desplegada es el avance sobre yacimientos no convencionales y aguas profundas. Esto permite adentrarnos en dos aristas que no han sido abordadas en profundidad y constituyen, a nuestro entender, elementos extremadamente importantes: la energía desde lo ambiental y social.
Los pasivos ambientales, que se han convertido en una variable en la negociación del valor del paquete accionario expropiado a Repsol, han signado la extracción de hidrocarburos en el país y no siempre han recibido la atención de los organismos públicos. Esto ha redundado en que la salud de quienes viven “en la boca del pozo” se vea perjudicada. También la instalación del sector ha significado el desplazamiento de comunidades campesinas y originarias, al limitarse el desarrollo de sus actividades económicas de subsistencia. Esto tampoco parece ser un punto prioritario a la hora de formular la política energética.
El promocionado desarrollo de yacimientos no convencionales ha despertado una ola de resistencia a nivel global. Los altos impactos ambientales y sociales de estas explotaciones en EE.UU. han llevado a los estados de Nueva York y Nueva Jersey a aplicar moratorias, camino que también han seguido gobiernos de Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. La técnica de fractura hidráulica –necesaria para la explotación de yacimientos no convencionales– está siendo cuestionada profundamente por la inyección masiva de agua y químicos tóxicos en el subsuelo. Francia y Bulgaria han prohibido su uso.
De esta forma, al extender el análisis de la energía, la formulación de políticas públicas no sólo deben aunar por la recuperación de la renta petrolera, sino también por cómo iniciar el arduo camino de transición. Los hidrocarburos no sólo son recursos no renovables, sino que su abuso está poniendo en jaque la estabilidad ambiental a nivel local y global, como evidencia el cambio climático. Esta auspiciosa medida debe ser tomada como puntapié inicial para abandonar la matriz hidrocarburífera, no profundizarla.
* Observatorio Petrolero Sur
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YPF para el desarrollo
Por Ricardo De Dicco*
Las primeras señales de recuperación de la planificación estatal de la energía para el desarrollo comenzaron a observarse en mayo de 2004, cuando el Ministerio de Planificación Federal presentó el Plan Energético Nacional. Desde entonces y hasta la actualidad, el Estado nacional ha impulsado y gestionado obras de infraestructura energética que ya fueron concluidas por más de 22.500 millones de dólares (74 por ciento fueron inversiones públicas), y actualmente se encuentran en ejecución y próximas a realizar obras adicionales por 12.000 millones de dólares.
Con la recuperación de YPF, ahora se recupera también la soberanía energética, pues convertirá al Estado argentino en el principal agente económico formador de los precios de los combustibles líquidos y en garante del suministro de los mismos, lo cual impactará con el tiempo favorablemente sobre la estructura de costos operativos del aparato productivo nacional, así como también en el pleno abastecimiento del mismo. El objetivo de la nueva YPF necesariamente deberá ser la rentabilidad social, nunca más la maximización de ganancias.
El 86 por ciento de las necesidades energéticas del país son cubiertas por los hidrocarburos, recursos estratégicos y naturales no renovables y actualmente YPF participa con el 34 por ciento de la extracción de petróleo y 23 por ciento de la extracción de gas natural.
En ese sentido, los objetivos de la YPF en manos del Estado deberán ser apostar a la formulación e implementación de eficientes planes de gestión para recuperar en lo inmediato aquellos yacimientos que no estaban siendo explotados, intentar recuperar antes de fin de año los niveles de procesamiento de crudo que las refinerías de YPF tenían en 2007, estabilizar ya mismo los precios de los combustibles líquidos por un largo tiempo. Es decir, para el próximo invierno se deberían poder añadir 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural y 50.000 barriles diarios de petróleo, así como también lograr aumentar en un 20 por ciento la capacidad instalada de las refinerías de YPF antes de finalizar 2013; todas medidas de corto plazo que pueden realizarse cuando existe voluntad de hacerlo. Otros objetivos que deberán considerar las nuevas autoridades de la empresa para el corto y mediano plazo son la recuperación de los centros de formación de profesionales y de I+D (investigación y desarrollo), así como también promover la industria local de insumos del sector petrolero, y desde ya expandir la red de bocas de expendio. Por otra parte, a partir de ahora y durante los próximos cinco años mínimo, se deberían llevar a cabo estratégicas asociaciones con otras empresas para explorar y explotar racionalmente los yacimientos no convencionales con el propósito de garantizar el autoabastecimiento de petróleo y gas natural del país por muchas décadas, que por cierto es más estratégico que pensar en futuras exportaciones, así como también planificar la construcción de una nueva refinería.
* Director del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet).
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Soberanía y reparación
Por Mario Wainfeld | Página/12
La sesión insumió dos jornadas, el tablero electrónico marcó una mayoría pluripartidaria y representativa por demás: 208 votos contra 32. Un rotundo común denominador para recobrar soberanía. Festejos en las galerías y en la Plaza… todo conformó un marco condigno para una ley histórica que comienza la reparación de un desvarío que se prolongó, con peripecias, durante veinte años. La expropiación de las acciones de Repsol es el extremo visible e inminente de un proceso. La recuperación de la soberanía hidrocarburífera recién empieza, con un paso de gigante. Las demás empresas, nativas o extranjeras, que ya operan, y las que vendrán, deberán irse adecuando a un nuevo paradigma, con el Estado nacional (en consorcio con las provincias) como protagonista central. Así lo expresó, con todas las letras, el jefe del bloque oficialista Agustín Rossi en su vibrante discurso de cierre.
El (justamente) vilipendiado Grupo Petersen Eskenazi no saldrá indemne de la partida. La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner coloca una bisagra en la historia política y económica argentina, con el petróleo y el gas como sustrato, pero no como límite. El eco de la movida del presidente boliviano Evo Morales el 1º de mayo demuestra que la jugada es pionera de otras que la sucederán. No se trata, para nada, de un delirio solitario, ni en el frente interno, ni en el internacional.
El Frente para la Victoria (FpV) acompañó con la disciplina y el peso del número que lo caracterizan. Sólo votaron en contra el PRO de Mauricio Macri y un desmigajado conjunto de peronistas federales carentes de conducción actual o futura disponible. Una derecha irredenta y confesa que, dato no menor, carece de armado nacional. El radicalismo bancó una discusión interna y la rebeldía mediática de Oscar Aguad, que buscó sus minutitos de fama. Los medios dominantes lo trataron como a una vedette en ascenso. Para ellos, cualquier gesto “garpa” si es antikirchnerista.
El Frente Amplio Progresista y Proyecto Sur, consistentes con sus principios clásicos, avalaron la ley en general. La Coalición Cívica expresó su desamparo actual, Elisa Carrió potenció su soledad, que ya era record.
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La lista larga. Casi nadie quiso privarse de exponer. Muchos diputados leyeron, contrariando las costumbres y las reglas. Unos cuantos tuvieron que acortar sus parlamentos e insertar el texto íntegro en las actas. Según el cómputo del presidente del cuerpo, Julián Domínguez, hay 33 bloques en Diputados, un guarismo que deslumbra, no para bien. El sistema electoral es (enhorabuena) generoso con los partidos minoritarios, lo que posibilita que la representación en Diputados sea más policroma que en otras democracias. Por cuestionable añadidura, la praxis del Congreso es transigente con los desgajamientos de los bloques ad infinitum, lo que no es ilegal, pero tal vez no mejora la calidad institucional. Nadie puede creer que haya más de 30 proyectos políticos distinguibles en la Argentina.
Los cierres de los jefes de bloque del FpV y la UCR (el Chivo Rossi y Ricardo Gil Lavedra) no alcanzan a sintetizar una sesión con más de cien voces, pero sí delinearon fronteras. El radical no ahorró denuestos al Gobierno: “Fracaso de la política, falsedad del relato”, corrupción, destrucción del Estado. Pero, en el breve tramo final, privilegió habilitar “un nuevo capítulo” y distinguir al contingente gobierno del Estado, que se fortalece con la medida.
Rossi ensalzó la acción de los dos gobiernos kirchneristas, refirió que “las decisiones no se toman en un termo” sino en un contexto determinado. E hilvanó la ley aprobada con otros logros del oficialismo: remoción de la Corte, desendeudamiento, fin de las AFJP, ley de medios. Y aunque fustigó a los adversarios políticos, realzó que, aun en el escenario adverso de 2009, el FpV consideró que su enemigo eran (y son) los poderes corporativos y no la oposición política. Ni bien terminó, el recinto estalló en una ovación. Esperar el score, a diferencia de tantos otros momentos, fue puro goce.
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¿Qué hiciste tú en los ’90, papá? Los boinas blancas, los socialistas y la izquierda no kirchnerista reivindicaron su oposición a las leyes de la etapa menemista. Los oficialistas y el federal en tránsito Felipe Solá explicaron sus posiciones de antaño, con una narrativa variada. En general dominó un relato que diferenciaba el primer paso dado en 1992 de lo que vino después, que sería la genuina desnacionalización. Como evocó Solá, la memoria boina blanca solapa al gobierno de Fernando de la Rúa, insospechado de cualquier iniciativa soberana, ni qué decir de retomar el control de YPF.
Los compañeros peronistas, entiende el cronista, tampoco las tienen todas consigo en la valorización del ’92. A tres años de su primer gobierno, era claro cuál era el norte (valga la expresión) del menemismo: terminar de desbaratar al Estado benefactor, de desguazar al Estado, de entregar el patrimonio público. Su primer movimiento anticipaba lo que advendría, a quien quisiera verlo sin anteojeras.
Fernando Solanas rememoró esos tiempos, sus luchas, el ataque armado que sufrió y pasó facturas al peronismo tanto como al radicalismo. El Pacto de Olivos, consignó, redondeó el designio privatizador con la Constitución de 1994. Pero Pino no se asiló en el pasado, ni en las diferencias. Estuvo a la altura de la jornada y de su trayectoria remarcable en esta materia. Pidió “grandeza” para entender que “se apoya una iniciativa feliz”. Reclamó “ir por todo”, un slogan no tan distinto en su enunciación al kirchnerista. Defensor convencido y tenaz del patrimonio público, dio la sensación de captar que otros ayudaban a concretar sus banderas. Otros que supieron congregar mayorías que a él le han sido esquivas. Lució conforme, hasta conmovido. Fue más convincente que muchos radicales o ciertos federales que quisieron mechar elogios y críticas sin tanto sustento en su propia trayectoria reciente.
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Desencuentros y reencuentro. Solanas, como el diputado Víctor De Gennaro, entre otros, han pugnado, en minoría y hasta en soledad, por reivindicaciones que el kirchnerismo transformó en realidades, con sus variantes y su estilo. En trances como el actual resurge la impresión de que sus diferencias en los años recientes son desmesuradas, cotejadas con sus coincidencias objetivas. Excede el espacio de esta columna discurrir sobre motivos y responsabilidades del tremendo antagonismo. Sí es prudente señalar que, en una historia larga, todos se equivocan o nos equivocamos o somos incongruentes alguna vez. La izquierda (filo peronista o no), por ejemplo, se fue a la banquina cuando se coaligó a las patronales agropecuarias, incluida la Sociedad Rural.
Otro punto relevante es que los dirigentes políticos que erraron el vizcachazo en los ’90 (no es el caso del menemismo que consiguió lo que se propuso) no fueron marcianos, ni usurpadores. Carlos Menem fue revalidado en el ’91 y en el ’93 tras poner todas sus cartas sobre la mesa y reelecto por goleada en 1995. El Pacto de Olivos fue refrendado por el voto popular para la Constituyente del ’94. Los pueblos, ay, se equivocan en ocasiones, lo que no excusa la falta de visión de los líderes políticos que tienen la misión de ver más allá, de otear el horizonte. Sus tropiezos dan cuenta de los “climas de época”, del estado de conciencia colectiva, de la ideología dominante (hiperindividualista y desencantada a fin del siglo pasado, como también deslizó Rossi) que dejan su impronta en gobernantes y gobernados, en cualquier etapa democrática.
El kirchnerismo fue el mejor intérprete de la crisis de 2001 que puso en entredicho a las políticas del pasado, tanto a las de la transición democrática cuanto a la dictatorial. Registró un cambio ciudadano, que acicateó y condujo, a veces como vanguardia. En ese sino llegaron políticas de reparación y restauración entreveradas con otras novedosas, aunque todas caracterizadas por su rechazo a los errores previos. La recuperación de la soberanía, vía YPF por ahora, enhebra con acciones previas. Y sintoniza con las mayorías populares, que las acompañan y sustentan.
El futuro es siempre abierto y cabe interrogarse si el virtuoso viraje general es apenas el remanido “péndulo” de la historia argentina, los “corsi e ricorsi” de que hablaban los clásicos. Una suerte de moda, entonces, que dejaría paso a otra, de sentido contrario. O si es un salto cualitativo, producto de la experiencia vivida, del doloroso saldo de experimentos nefastos. Puesto de otro modo: si se sostendrán por mucho tiempo los avances en autonomía nacional, resurrección del Estado, generación de empleo, alianzas con los países hermanos. Hay indicios que ayudan a ser razonablemente optimistas. La sintonía entre las medidas del siglo XXI y los intereses mayoritarios, la politización creciente de ciudadanos (en especial jóvenes), la capacidad de actuar del Gobierno, la básica sensatez que parece haber recuperado la oposición, la consistente aprobación popular. Igual, partidos son partidos, todos se dirimen en el rectángulo de juego, que es la arisca realidad. El que recomenzó en estos días, con la mayoría del sistema político pateando para el arco que corresponde, no es la excepción.
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