* Por Darío Aranda
Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien –siempre en tono diplomático– responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que “se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas”.
Equilibrio diplomático
El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitó la Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Se entrevistó con comunidades de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa. El miércoles 11 de julio en la sede porteña de la ONU, Anaya brindó una videoconferencia desde Suiza en la que detalló la “versión avanzada no editada” del informe que elaboró luego de su visita y que tituló “La situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
En un lenguaje diplomático, Anaya leyó los aspectos principales del informe. En busca de equilibrio, comenzaba cada oración con un aspecto positivo para luego complementar con la situación negativa. “Argentina ha dado pasos importantes”, remarcó al inicio de su exposición, y precisó: la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (que introdujo el artículo 75, inciso 17, donde se explicitan los derechos de los Pueblos Indígenas), la ratificación del Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal), la sanción de la Ley 26.160 (que suspende los desalojos y ordena un relevamiento territorial) y el voto positivo en Naciones Unidas respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
“Pero persiste una brecha significativa entre las leyes y su aplicación real. El Estado debe priorizar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, implementar políticas públicas claras”, pidió.
El informe escrito (que será presentado en la Asamblea de la ONU en septiembre pero su versión avanzada está disponible en http://unsr.jamesanaya.org/esp/country-reports/the-situation-of-indigenous-peoples-in-argentina) es más contundente que la exposición por videoconferencia. En la página 7, amplía: “Existe un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales en materia indígena. Sin embargo, se presentan una serie de problemas en relación con la implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con sus tierras y recursos naturales, el acceso a la justicia, la educación, la salud, y otros servicios básicos”.
Ante un auditorio de abogados, ONG, funcionarios de Cancillería, periodistas y pocos indígenas, Anaya destacó el “importante trabajo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, pero de inmediato compensó: “Pero requiere de mayor apoyo financiero y capacidad institucional para cumplir su trabajo con eficacia”. Y señaló su “preocupación” por la escasa participación indígenas en el INAI.
Celebró como un “avance importante” la sanción de la Ley 26160 (y su prórroga 26554). Pero de inmediato llamó al “gobierno nacional y las provincias a finalizar los relevamientos” catastrales y hacer efectivas las personerías jurídicas que deben entregarse a las comunidades. “Hay una alta incidencia de desalojos a indígenas, a pesar de la Ley 26160. Llamamos al gobierno nacional, a los provinciales y a los tribunales a que apliquen la ley y se tomen medidas inmediatas para evitar desalojos”, solicitó.
En la página 9 del escrito advierte un punto débil de la Ley 26160: el relevamiento “no incluye un procedimiento para la titulación de tierras indígenas”.
Más extractivas, menos derechos
Un apartado especial se lo lleva “industrias extractivas y agropecuarias”. Durante la conferencia, subrayó la necesidad de contar con la participación de las comunidades indígenas y aplicar la “consulta libre, previa e informada” que rige en la legislación respecto a cualquier acción o actividad que pudiera afectar a los pueblos indígenas. En los casos que ya se ha afectado a las comunidades (por ejemplo la actividad petrolera en Neuquén), llamó a abordar la mitigación y remediación.
El escrito, en este punto, vuelve a ser más contundente que la videoconferencia: “Relacionado con la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras”. Recuerda que el país tiene una “larga historia” de extracción de recursos naturales, pero señala la década del 90 como un punto de inflexión debido a la “liberalización de leyes que regulan estas industrias”. Y precisa: “El otorgamiento de concesiones por parte de las provincias ha aumentado considerablemente en la última década”.
Toma como referencia la situación de las Salinas Grandes, de Salta y Jujuy, donde los gobiernos provinciales impulsan la explotación de litio, a pesar del rechazo de numerosas comunidades kollas y atacama. Y señala los pasivos ambientales de extractivas: la comunidad mapuche Kaxipayiñ (región de Loma de Lata, Neuquén). “El Relator Especial pudo constatar indicios de contaminación por actividades petroleras (…) En noviembre de 2011, la empresa Repsol YPF anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas y petróleo en la región de Loma de Lata, fomentando nuevas preocupaciones sobre la explotación de petróleo en la zona, especialmente por el método de extracción particularmente riesgoso que supuestamente utilizará: la fractura hidráulica (gas no convencional)”, advierte la ONU.
Y destaca dos casos donde la contaminación, y sus consecuencias en las personas, no han sido tratados. “La comunidad de Pan de Azúcar, provincia de Jujuy, sigue sufriendo los impactos de los efectos de la contaminación dejada por una mina de plomo, plata y zinc que dejó de operar en el año 1989”, precisa. Y también describe el caso de la localidad de Abra Pampa (Jujuy), epicentro de la contaminación con plomo por la planta Metal Huasi.
Quizá el segmento más contundente, no leído durante la videoconferencia, se encuentra en la página 10 del informe, párrafo 38: “Los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas existentes en Argentina han afectado a un conjunto de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras y recursos naturales, así como sus derechos a la alimentación, la salud, y el desarrollo”.
Anaya llamó a “concientizar” a las empresas, pero sobre todo a que “el Estado debe controlar al sector privado, a las empresas que extraen recursos (naturales). Si eso no sucede, no hay respeto pleno para con los pueblos indígenas”.
Modelo agropecuario
“El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas”, afirma el escrito de la ONU. Explica que numerosas familias indígenas fueron desalojadas de las zonas rurales y fueron obligadas a migrar a ciudades cercanas “viviendo a menudo en condiciones de extrema marginación y miseria”.
Recuerda que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que “se vea severamente limitados” el acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas. “Existen también efectos nocivos en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos”, denuncia.
Cita como caso emblemático, aunque no el único, el chaco salteño.
“Aunque el Gobierno ha dado algunos pasos importantes para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales, existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica generalizada respecto de estos derechos”.
El rol de los parques nacionales, áreas protegidas y declaraciones de la Unesco de Patrimonio de Humanidad (respecto a la Quebrada de Humahuaca) también fueron señalados por Anaya. “Los pueblos indígenas deben ser partícipes del manejo y beneficiarios económicos”, señaló.
Justicia vedada
El informe marca como una gran falencia la falta de acceso a la Justicia. “Los pueblos indígenas enfrentan varias barreras para acceder a la justicia, incluyendo barreras lingüísticas, culturales, económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y los recursos naturales”, denuncia Anaya en la página 13.
Reconoce que los tribunales de Argentina tienden a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena. ”La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación”, señala.
“Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006”, advierte el escrito del Relator y lamenta que una “respuesta estatal” haya sido la criminalización de la protesta indígena. Incluso precisa que las represiones de la Policía permanecen impunes, pero los indígenas siguen procesados por “actos de protesta”.
Recuerda que los desalojos son una “especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país” y, por escrito, el Relator de la ONU hace un “llamado al Gobierno nacional, y especialmente a los gobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra y el espíritu de las leyes 26160 y 26554 y suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas”.
Casi al finalizar la videoconferencia, Anaya puntualizó un llamado de atención respecto al proyecto de reforma del Código Civil. “Es de preocupación la información respecto a la reforma del Código Civil”, alertó, fuera del lenguaje neutro de la diplomacia, pero de inmediato lo relativizó: “No lo he podido analizar en profundidad, debiera tener más información para opinar”.
El proyecto de ley, que no contó con participación indígena, fue duramente cuestionado por comunidades indígenas (http://odhpi.org/2012/05/reforma-del-codigo-civil-dura-critica-de-pueblos-indigenas/) y por organizaciones sociales (http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/) por vulnerar la legislación vigente.
Silencios
Cuando finalizó la exposición de Anaya, Felix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa) y presente en el auditorio, tomó la palabra: “Estamos preocupados porque estamos siendo avasallados por políticas estatales. Hay falta de voluntad de aplicar las leyes. Hay falta de avances concretos, hay falta de interés de las autoridades nacionales y provinciales”, denunció Díaz, mientras Anaya lo seguía por video-conferencia.
El 23 de noviembre de 2010, la comunidad fue reprimida por la policía provincial y asesinado el qom Roberto López. Le siguió un proceso de hostigamiento y continuas amenazas. La comunidad trajo el reclamo a Capital Federal. Acampó en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Logró una mesa de diálogo con el gobierno nacional, que –a más de un año de iniciada– no ha dado resultados concretos respecto a la demanda territorial ni de acabar con el hostigamiento (el 28 de junio último fue atacado, por una patota, el hijo de Díaz).
“¿Cuáles son los mecanismos para profundizar estas reclamos con la participación directa de los pueblos indígenas?”, preguntó Felix Díaz.
Anaya señaló que había hecho recomendaciones al Estado argentino para que dé respuestas a la situación y que esperaba hechos concretos. Los funcionarios del INAI, presentes en el auditorio, no esbozaron respuesta.
Elena Duro, de Unicef Argentina, afirmó que en los últimos meses hubo en Argentina “más violencia” frente a los reclamos de los pueblos indígenas, recordó el avance de la minería y preguntó si las instancias regionales como Unasur y Mercosur podrían ser ámbitos donde debatir la situación indígena.
Anaya se mostró de acuerdo, aunque no esbozó propuestas de cómo hacerlo. En el auditorio había autoridades de Cancillería, pero optaron por el silencio.
Saludos de rigor, fin de videoconferencia y despedida.
ODHPI
