Perú: Desarrollo de industrias extractivas liquida derechos y soberanía sobre el territorio

Ahora que empezamos la tercera década de neoliberalismo en el Perú, es impostergable reparar a dónde estamos yendo con este modelo económico, quiénes se desarrollaron así como quiénes y cuánto perdieron.

Por Mario Tabra*

Desde la invasión europea, pasando por los inicios de la fundación de la “República del Perú”, hasta la actualidad dejamos de ser -como sostiene Pablo Macera- un país autónomo para ser un país dependiente; de tener una soberanía alimentaria única en el mundo a ser dependientes de alimentos de las grandes empresas agropecuarias deviniendo en una economía primaria exportadora que lo único que ha traído a nuestros pueblos son tribulaciones, saqueos, muertes, contaminación, depredación, deforestación… en una sola palabra: destrucción.

En la segunda mitad del siglo XX hubieron recetas de las más nefastas como la “Alianza para el Progreso” para evitar la movilización sobre todo en el ámbito rural, y al no poder controlar la efervescencia y justas retomas de tierras y un aumento del movimiento popular urbano aplicaron el “Plan Cóndor” para desaparecer a todo opositor a la política estadounidense.

Entre esta mezcla chicha el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no podían controlar sus crisis cíclicas ni el avance de las organizaciones gremiales así que realizan el “Consenso de Washington” con sus diez políticas que “recomendaban” aplicarlas a sus países satélites como el Perú que lejos de tener gobernantes autónomos han aprendido a postular con promesas populares y medio sentados en el Palacio de Gobierno lo hacen con el único libreto que les da Washington, motivo por el cual medio ganan las elecciones, viajan y se ponen a las órdenes del capitolio, para recibir las instrucciones de su amo.

Vale mencionar estas diez políticas que vienen aplicando desde la década del 90 del siglo XX hasta la actualidad:

  1. Disciplina presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit).
  2. Reordenamiento de las prioridades del gasto público de áreas como subsidios (especialmente subsidios indiscriminados) hacia sectores que favorezcan el crecimiento, y servicios para los pobres, como educación, salud pública, investigación e infraestructuras.
  3. Reforma impositiva (buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados).
  4. Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés.
  5. Un tipo de cambio de la moneda competitivo.
  6. Liberalización del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de barreras aduaneras).
  7. Eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas.
  8. Privatización (venta de las empresas públicas y de los monopolios estatales).
  9. Desregulación de los mercados.
  10. Protección de la propiedad privada.

Para aplicar a rajatabla esta política “recomendada” el gobierno de turno de Fujimori se dio el autogolpe del 5 de abril de 1992 y empezó a gobernar mediante decretos que atentaban contra los derechos de una “República” brindando amplias garantías a los grupos de poder sobre todo a la industria extractiva como por ejemplo:

  • Los convenios de estabilidad jurídica.
  • Los mecanismos tributarios especiales: depreciación acelerada, reinversión exonerada del impuesto a la renta, entre otros.
  • La libre disponibilidad de divisas para las empresas.
  • Arbitraje internacional como el medio para la solución de controversias entre Estado y corporaciones trasnacionales.

Para aplicar estas garantías a las grandes empresas transnacionales podemos identificar tres políticas lineales que los mayordomos peruanos no han quebrado:

  • Flexibilizar las protecciones jurídicas de la propiedad comunal y fomentar la desintegración de las comunidades para promover la reconcentración de tierras en actores plenamente insertados en el mercado.
  • Disminuir las condicionantes de la inversión extractiva; en particular la normatividad e institucionalidad ambiental
  • Reconcentración constante de las decisiones en torno a la participación ciudadana y ordenamiento territorial descentralizado; en desmedro de los gobiernos regionales y municipales.

Ya con la Constitución de 1993 se redefine la política estatal donde se eliminó las garantías de inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios comunales, poniéndolos a disposición del mercado, una garantía establecida desde la Constitución de 1920.

Asimismo mediante la «Ley de Tierras» de 1995, el proceso de mercantilización se complementa y formaliza la subordinación de la propiedad comunal a los proyectos mineros o energéticos que el Estado decida desarrollar en dichas tierras. En el Reglamento de esta norma, Decreto Supremo 017-96-AG, se perfecciona el procedimiento para el otorgamiento de servidumbres en propiedades particulares o comunales, aunque ya estaba establecido en los reglamentos del subsector Minería e Hidrocarburos desde 1992 y 1993, respectivamente.

Es en esos años que las concesiones mineras se otorgan desde Lima sin conocimiento ni estudios pertinentes creando conflictos con las comunidades que ocupan estos territorios concesionados.

Luego de múltiples marchas contundentes como la de los Cuatro Suyos y denuncias por corrupción, desapariciones y esterilizaciones forzosas, cayó la dictadura pero por más discurso “democrático y reivindicativo” de defensa de los pueblos indígenas y campesinos que hiciera Toledo, como el que: “no dejen que nadie por mas gringuito, chino o japonés que sea les quite sus tierras…” su política fue de continuismo lineal y es así que se dio la Ley 28259, destinada a la privatización de las tierras eriazas (no productivas) del ámbito rural andino y amazónico, incluidas aquellas que han sido abandonadas por sus propietarios o «que no han cumplido con los fines productivos para los cuales se adjudicó».

Y más aun, su premier Carlos Ferrero al juramentar su cargo en el Congreso, manifestó enfáticamente: “…la necesidad de recuperar «para todos los peruanos» las tierras que están en manos de las comunidades, -aludiendo a que por su poca densidad poblacional– no las necesitan ni las hacen producir…”

Al volver Alan García y habiéndose aprendido el libreto cual alumno aplicado y sobresaliente quiso ir más allá desarrollando su tesis de «El síndrome del perro del hortelano» que promueve más decididamente la parcelación de las tierras comunales y su «puesta en valor» por grandes capitales que capten la mano de obra de los campesinos que hoy son pobres, pese a que gozan de la propiedad «aparente» de sus tierras. Estas propuestas se direccionaba exprofesamente para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que vergonzosamente Toledo le rogaba a García para participar en su negociación.

En Ayavaca se recuerda siempre el discurso de campaña cuando dijo en plena plaza mayor que: “…en mi gobierno no permitiré que ninguna mina se enseñoree del pueblo agrario de Ayavaca” y más aun también subrayó que “ningún TLC traerá desarrollo a los pueblos sino sólo a unos cuantos…”

Hubo otro intento con el Decreto Legislativo 1015 y su modificatoria, el Decreto Legislativo 1073, ambos derogados por la resistencia de los pueblos indígenas amazónicos y andinos, evidenciaron la intención de facilitar la disolución de las comunidades al eliminar la eliminar la valla de los dos tercios requerida para disponer del territorio de las comunidades de sierra y selva (parcelarlo, alquilarlo, conceder una servidumbre, etc.). No rindiéndose ante su felonía emanan el Decreto 1064 mediante el cual se elimina la posibilidad de negociar las servidumbres sobre aquellos proyectos (mineros, hidroenergéticos, de hidrocarburos, entre otros) que se superpongan con territorios comunales.

A pesar de las resistencias y aspiraciones de una “gran transformación” en las líneas políticas económicas que defiendan al pueblo, nuevamente se ofreció en Bambamarca y en Hualgayoc “defender el Agua y la voluntad del pueblo agrario de Cajamarca”, pero ya sentado en palacio de gobierno el presidente Ollanta Humala aplica este diseño que supervive en lo básico. Hasta el momento hemos pasado por diversas oportunidades para redefinir el debate nacional sobre estos temas, pero aún se mantiene el esquema centralista y parcializado, sobre todo en lo referido al diseño e implementación de las políticas y proyectos de las industrias minero-energéticas.

El 2013  es un año de definición de la política económica a seguir, pero no son los gobernantes los que cambiaran estos diseños emanados del consenso de Washington. Son los pueblos dignos y soberanos, son los comuneros y comuneras que han marcado el derrotero con la resistencia pacífica y desobediencia civil, son los estudiantes que vienen manifestándose en reiteradas oportunidades defendiendo y solidarizándose con las luchas de nuestros pueblos, son toda aquella gente honesta que está harta de tanta corrupción y entreguismo, es la prensa honesta que se cuenta con los dedos de la mano la que hará un seguimiento objetivo de estas luchas cuyo único fin es el Allin Kausay o el Buen Vivir, porque a pesar de nuestros hermanos y hermanas que fueron asesinados por estos ideales, a pesar de los heridos, encarcelados, secuestrados y torturados creemos en que otro mundo si es posible.

Servindi

*Mario Tabra Guerrero es presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, la Vida y el Agro de Ayavaca. Fue perseguido, judicializado y sometido a torturas en el campamento minero de la ex minera Majaz (Río Blanco) por participar en una marcha pacífica en defensa de los bosques de neblina y páramos del alto Piura y que cumplen una función ecológica esencial para abastecer de agua a los valles de Piura. Un tribunal de Londres logró en 2011 que la empresa Monterrico Metals (accionista de Río Blanco, ex Majaz) indemnizara a los denunciantes por los daños sufridos.